Un colectivo de académicos y economistas vinculados al Frente Amplio, en las últimas horas divulgó un documento marcando su postura en rechazo a la papeleta que impulsa el PIT-CNT junto a diversas organizaciones sociales.
Nucleados bajo la denominación de «Frenteamplistas por el No», un centenar de personalidades -entre las que se encuentran Mario Bergara, Gabriel Oddone, Álvaro García, Pablo Ferreri, Martín Vallcorba y Fernando Lorenzo, entre otros- señalan que quieren aportar ideas para un «debate fraterno».En ese contexto, afirman que la iniciativa del movimiento sindical uruguayo tendrá «consecuencias injustas y regresivas», como también, «enormes riesgos para la economía», e incluso, sostienen que la propuesta del PIT-CNT sería «un castigo» para algunos trabajadores, que «causará injusticias», y afirman que por tanto, el PIT-CNT de manera indirecta pero como impulsor de la reforma, plantea «renunciar» a la lucha contra la pobreza infantil, la seguridad, la educación y el sistema de cuidados.
Los académicos que conforman el espacio creado en la campaña electoral para confrontar visiones con la iniciativa popular del movimiento sindical, remarcan -en clave de fraternidad- que el plebiscito «convierte en intocables los privilegios de la Caja Militar» y que las medidas que impulsa el movimiento popular «generará enormes costos».
Al respecto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en diálogo con el Portal de la central sindical sostuvo que el movimiento sindical rechaza las críticas sobre el plebiscito de reforma a la seguridad social, y defenderá su propuesta como una medida para “fortalecer la protección social” y “combatir la pobreza”.
El presidente del PIT-CNT, dijo que las acusaciones de “castigar a los trabajadores” y “favorecer a los privilegios de la Caja Militar” son infundadas. Subrayó que la reforma busca garantizar jubilaciones y pensiones dignas sin perjudicar otros servicios esenciales, y denuncia la falacia de los argumentos que claman por aumentos regresivos como el IVA. Con un llamado a un debate respetuoso y fundamentado, el movimiento sindical aboga por una reforma integral basada en la equidad y la justicia social.
-En el documento de los 111 economistas frenteamplistas que se posicionan por el “No” a la reforma de la seguridad social, se habla de un “debate fraterno”.¿Cuál es la lectura que hace de este documento?
-Nuestro compromiso ético es con los sectores populares más desposeídos, con nuestro pueblo. Es un compromiso ético y, como dirían los griegos, es un thelos, un propósito, una finalidad sujeta a principios. Es decir, tiene que ver con el artiguismo y con las mejores tradiciones del movimiento obrero, que ya están en la estructura genética de la organización colectiva de los trabajadores, quienes han sostenido históricamente las causas de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo. En cuanto al debate, más allá de que algunas cosas no nos agraden, nosotros no caeremos en el error de sucumbir ante la campaña de miedo que algunos medios están desarrollando,ni tampocoen despreciar a quienes piensan distinto. Jugaremos en la cancha grande, a la altura de las circunstancias, y haremos el esfuerzo de desmontar, una a una, las presuntas argumentaciones que, desde nuestra modesta opinión, no tienen relación con lo que está en juego de aquí al 27 de octubre cuando se ponga a consideración de la ciudadanía nuestra propuesta.
-La serie de argumentos que se presentan en este documento señala que la reforma constitucional que se plebiscitará tendría consecuencias “injustas y regresivas” y generaría “enormes riesgos” para la economía uruguaya. ¿Qué tiene que decir al respecto?
-Vamos a desmontar, uno por uno, cada uno de los fundamentos que se han presentado. En particular, a veces se absolutiza la presunta sostenibilidad financiera de áreas que deberían estar dedicadas a la vida humana y a la protección social, dejando en un segundo plano la sostenibilidad de la vida, que es lo que realmente nos importa. Al final, en algunos razonamientos de cuño neoclásico, que es la economía dominante, la que representa la ideología de las clases dominantes, parece que el aumento de la expectativa de vida se considera algo negativo, especialmente con toda la discusión sobre elevar la edad de jubilación mientras se reducen las prestaciones. Es crucial que la gente sepa que, en la misma Ley 20.130, que eleva la edad de jubilación y reduce el monto de las prestaciones al 45%, también se recortaron las partidas para la discapacidad, porque saben que, en esas condiciones, los estudios indican que la gente se lesionará más. Entonces, me pregunto desde un punto de vista ético: ¿Está mal generar la condición para que la gente pueda jubilarse a los 60 años? ¿O recuperar un derecho que ya teníamos hace dos años de poder optar por la jubilación a esa edad, si fuese posible? ¿Está mal que una persona que se jubile reciba una base mínima igual al salario mínimo nacional? ¿Está mal eliminar el lucro financiero de la esfera de la protección social? Para nosotros, está bien.
No se puede responsabilizar al plebiscito por el hecho de que tengamos un mercado laboral con enormes limitaciones, donde más de 550.000 personas ganan menos de 25.000 pesos; o por el hecho de que, debido a la insuficiencia de las prestaciones, que es lo central en este debate, muchas personas, aun teniendo el derecho formal de jubilarse a los 60 años, continúan trabajando para poder cobrar un poco más. Me gustaría ver a alguien hablarles de ahorro individual a esas 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos al mes y no logran llegar a fin de mes.
Tampoco se puede responsabilizar al plebiscito que proponemos por la informalidad laboral, que impide que la gente pueda usufructuar el derecho a jubilarse a los 60 años, ya que eso ocurría antes de esta iniciativa. Este es un problema que nosotros desafiamos a las políticas públicas a enfrentar, mediante la diversificación de la matriz productiva y la creación de caminos hacia un trabajo de calidad. Las razones de fondo que impiden que una persona pueda elegir libremente jubilarse a los 60 años deben eliminarse. Es una falacia responsabilizar al plebiscito por la falta de acceso al derecho a jubilarse a los 60 años debido a la falta de antigüedad formal de 30 años de trabajo. Son, en realidad, las políticas económicas y sociales aplicadas las que determinan si habrá o no trabajo de calidad.
-Otro argumento que se ha planteado es que establecer como base el ingreso de la persona en el salario mínimo nacional podría llevar a una tendencia a reducir artificialmente dicho salario mínimo. ¿Qué opina al respecto?
-Me imagino que un planteo de ese tipo podría ser concebible en un gobierno de derecha o ultraderecha, pero no en un gobierno que realmente priorice el bienestar de la gente. Sin embargo, si ese es el problema, el movimiento sindical no tendría ninguna dificultad en que, en lugar de que el salario mínimo sea definido únicamente por el Poder Ejecutivo, con una simple consulta a los representantes de las partes, este se defina a través de la negociación colectiva, como sucede en las ramas de actividad donde los Consejos de Salarios establecen los salarios mínimos por categoría.
Es sorprendente que se sostenga que un avance en materia de seguridad social para personas que han trabajado toda su vida y que hoy ni siquiera tienen garantizado alcanzar el salario mínimo nacional, podría convertirse en una política que impediría el adecuado incremento del salario mínimo nacional en el futuro.
Otro argumento que lamentablemente se repite es el mismo cálculo que ya hemos descartado. Es decir, el acceso ala equiparación con el salario mínimo nacional es para la persona beneficiaria de la seguridad social. Obviamente, el movimiento sindical no sería parte de una propuesta que aumentara las brechas o las inequidades, como sostienen algunos.
¿Por qué elegimos el salario mínimo nacional como referencia? Porque, en Uruguay, la definición del salario mínimo nacional establece que la persona no puede estar por debajo de ese nivel. Que es un valor por debajo de la cual ya es inhumano estar, en términos de acceso a bienes y servicios. Por lo tanto, el centro es la persona, no la prestación. Y esto tiene que ser parte de conquistar la suficiencia de las prestaciones. Estas tres medidas, que son, tres medidas cautelares de protección para la gente (igualar la jubilación mínima al salario mínimo, poder jubilarse a los 60 años y eliminar las AFAP).
-Abdala, ¿la papeleta prohíbe el ahorro individual?
-Es falso. No es cierto que la papeleta prohíba el ahorro individual. El ahorro individual está completamente legitimado en la sociedad, obviamente para aquellos sectores que pueden hacerlo. Pero a un trabajador que gana 25.000 pesos o menos no se le puede pedir que tenga esa capacidad; si no llega a fin de mes, mucho menos va a poder generar las condiciones para ahorrar de manera individual. Para ello, primero habría que aumentar enérgicamente los salarios más bajos.
Si tú depositas una determinada cantidad de dinero en una caja de ahorro, te pagan intereses y podes disponer en cualquier momento de tu propiedad, con las AFAP eso no pasa. Si tenés las condiciones, tu podescontratar un seguro privado, con el fin de complementar tu jubilación futura. Pero cuando quedas atrapado, como ocurre ahora con la Ley 20.130 que impone un “ahorro” forzoso en la AFAP -y pongo “ahorro” entre comillas-, no sólo no tienes las mismas condiciones para retirar tu dinero cuando quieras, como en otras formas de ahorro, sino que además te descapitalizan lo que depositas, porque te cobran comisiones, incluso cuando estás desocupado.
Es importante destacar que algunos de los argumentos presentados son falsos. El planteo del PIT-CNT considera que una seguridad social del futuro —y este plebiscito no es una reforma integral— debería ser multipilar. Esta papeleta no proscribe formas de ahorro colectivo que puedan surgir de la negociación colectiva, al estilo de los fondos sociales, los cuales se podría complementar la jubilación que paga el Banco de Previsión Social (BPS). Estos fondos podrían permitir que las personas aporten y que esos aportes se inviertan de manera eficaz. Además, al igual que las prestaciones del sistema intergeneracional y solidario del BPS, estos fondos estarían vinculados a los aportes realizados por cada persona y podrían devolver de forma prorrateada complementos a la jubilación. En resumen, el ahorro de carácter colectivo, debidamente negociado, podría desarrollarse como parte de una reforma integral de la seguridad social. Aquí otra falsedad.
-En el documento se afirma que el plebiscito impulsado por el PIT-CNT terminaría castigando a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. ¿El PIT-CNT impulsaría un plebiscito para castigar a estos trabajadores?
-También es falso, porque se basa en la idea de que el plebiscito permitiría al Poder Ejecutivo controlar a la baja el salario mínimo nacional. Esa visión no tiene nada de “progresista” y menos de “izquierda”. Al contrario, el movimiento sindical, que ya ha sido protagonista junto a las organizaciones de jubilados en vincular el aumento de las jubilaciones al Índice Medio de Salarios, siempre trabaja para que el salario mínimo nacional se eleve. La mayoría de los salarios mínimos definidos en los Consejos de Salario por rama de actividad están por encima de la base del salario mínimo nacional y repito si esa es la duda con la que pretenden atemorizar las voluntades que simpatizan con nuestra iniciativa: que la determinación del valor del salario mínimo nacional sea parte del sistema de negociación colectiva.
-Hay una acusación al movimiento sindical y a su historia, afirmando que han traicionado a los trabajadores y que los castigan. Además, no se considera el trabajo elaborado por los economistas del Instituto Cuesta Duarte y su trayectoria. ¿Qué opina sobre esto?
-Justamente, esto es para aumentar las jubilaciones más bajas; no tiene nada que ver con castigar a los sectores más desposeídos. Existen múltiples conexiones en los sistemas familiares: si quien está jubilado gana un poco más, las transferencias intrafamiliares, que se hacen para ayudar al papá o a la mamá, también se alivian un poco. Ese dinero va directamente a los sectores más vulnerables, se destina al comercio de cercanía en los barrios y fortalece el mercado interno. No va a inversiones del capital financiero en zonas offshore. Al contrario, todo esto apunta a favorecer un piso más alto de desarrollo social.
-En el documento se mencionan tres opciones para financiar la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo, las cuales serían: duplicar el impuesto a la renta de las empresas, cuadruplicar los aportes patronales o aumentar el IVA al 35%. ¿Qué piensa de estas opciones?
-Es una falacia, porque parten de la premisa de que esta reforma implicaría una necesidad de asistencia financiera de alrededor de 1.400 millones de dólares anuales. No están considerando los ahorros que significaría para el país no tener que transferir recursos a las AFAP, pagar los gastos de administración que el Banco de Previsión Social, les hace en forma gratuita a las AFAP, ni pagar -como establece la ley 20.130-, con recursos de rentas generales el ingreso a las AFAP de todos los trabajadores que hoy están en las cajas paraestatales.
Desde nuestra perspectiva, las futuras necesidades de asistencia financiera, especialmente más allá de muchos años después del 2037, no deberían calcularse en base a esa cifra de 1.400 millones de dólares anuales. Nosotros consideramos que estas necesidades podrían reducirse si se diversifica la matriz productiva, se mejora el salario y crece la productividad. Ellos toman una fotografía de la situación actual y la proyectan indefinidamente en el tiempo. Sin embargo, con esos ahorros se podría perfectamente reducir la pobreza, en particular la pobreza infantil. Exhortamos a todo el sistema político a comprometerse a que, con los ahorros que generaría la eliminación de los pagos a las AFAP, se pueda efectivamente erradicar la pobreza infantil.
En nuestros cálculos, es posible solventar estos 460 millones de dólares, sin contar el aumento de la productividad ni los cambios en el modo de acumulación que impulsen otra matriz productiva y de distribución de la riqueza, a través de tres grandes ejes de trabajo. El primero es evitar la evasión fiscal. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, sólo en el transporte carretero se evaden 180 millones de dólares al año. Anteriormente, contábamos con un sistema, el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (SITRAC), que se encargaba de controlar el horario de trabajo de los trabajadores, entre otras cosas. Es necesario analizar el sistema de renuncias fiscales del país. Sólo en el impuesto al patrimonio, las renuncias fiscales suman 2.000 millones de dólares. Algunos estiman que el total de las renuncias fiscales podría alcanzar los 4.000 millones de dólares por año. Por último, me pregunto si es justo que un trabajador aporte el 15% de sus ingresos a la seguridad social, mientras que un gran empresario del sector agroexportador aporte solo el 1,9%.
Hay distintas maneras de solventar lo que es primordial, que es la vida de las personas. Sin embargo, mucha gente agita el “cuco” del IVA. Siempre nos preguntamos: ¿No se les ocurre otra alternativa que aumentar el impuesto más regresivo? Lo dijimos el 1º de mayo: ¿No hay otra opción que aumentar el IVA?
-Parecería injusto contraponer una cosa con otra, es decir, argumentar que para aumentar las jubilaciones más bajas se debe reducir la asistencia a la pobreza infantil, la seguridad, la educación o el sistema de cuidados.
-Exhortamos al sistema político a comprometerse a que los ahorros derivados de la eliminación de las AFAP, me refiero a los ahorros de rentas generales, que por mandato constitucional se destinan para cubrir la asistencia financiera al BPS, se dirijan en primer lugar a combatir la pobreza infantil. Según la UNICEF los recursos para erradicar la pobreza infantil en Uruguay rondan los 355 millones de dólares, en tanto el ahorro para el erario público que generaría la eliminación de las AFAP es, al menos por 3 períodos de gobierno de entre 400 y 500 millones de dólares anuales. Ahora, además de estas condiciones reales para erradicar la pobreza por ingresos en las dos etapas más vulnerables de la vida humana, pretender enfrentar a los pobres contra los pobres; no es ético.
Es una falacia escandalosa la afirmación de que este plebiscito impide tocar los privilegios de la Caja Militar. No sólo ha pasado tiempo desde que durante la dictadura se organizaron los privilegios de la Caja Militar sin los cambios necesarios, sino que está absolutamente claro en la papeleta que, cuando se menciona la “no pérdida de beneficios”, se refiere a los trabajadores que hoy están incluidos en las AFAP y que tienen garantizado que no perderán los ingresos que tenían asegurados bajo el nuevo régimen, si el plebiscito es exitoso. En realidad, esto se refiere al sistema mixto en el que participan el BPS y las AFAP. No se puede sostener que un cambio claramente dirigido a esta cuestión se aplique a casos en los que evidentemente se necesita trabajar desde el punto de vista de la equidad.
Un debate respetuoso es bienvenido, pero debe referirse a la verdad de lo que establece la papeleta. Sin duda alguna, esto quedará claro el 4 de septiembre en el Teatro El Galpón, donde se presentará el documento elaborado por la Comisión. Este documento aclarará no sólo el contenido de la papeleta y su sentido humano y ético en defensa de la vida, sino también algunas de las afirmaciones erróneas que se han hecho y algunas ideas que podrán ser consideradas o no, lo que ya no será responsabilidad nuestra, sino de la futura reglamentación.
¿Le sorprendió el tono de las afirmaciones, con todas las acusaciones al movimiento sindical y de ir contra los trabajadores?
-Sí. Es bastante probable que, en el fervor de establecer algunas opiniones, se haya cometido alguna injusticia con la rica y gloriosa historia del movimiento sindical.
Estamos en la cancha grande; debemos hablar con toda la ciudadanía. No ponemos en riesgo nuestra historia. El movimiento obrero tiene proyectos para cambiar el mundo del trabajo, diversificar la matriz productiva, resolver de manera radical la pobreza, y en particular, la pobreza infantil, asociada a ese cambio en el mundo del trabajo y a políticas públicas que redistribuyan la riqueza, generen salud, vivienda y educación, en un marco de participación democrática, es decir, un fortalecimiento de la negociación colectiva.
Estas formas de ahorro colectivo que mencioné perfectamente pueden ser parte de una agenda de discusión general. No vemos que exista una contradicción entre ubicar estos tres pilares de derechos básicos y llevar a cabo una reforma integral que sea fruto de un diálogo social. Quienes intervienen desde alguna fuerza política deben tener en cuenta que el resultado se conocerá el 27 de octubre. No se puede asumir que una fuerza establezca determinadas cuestiones sin antes someterlas a la voluntad ciudadana. Después de tanto ataque a los derechos en materia de seguridad social, que ya llevan décadas (con la excepción de los cambios desarrollados en el 2008) no está mal que el movimiento popular incluya al menos tres medidas cautelares de garantizar derechos en la propia Constitución de la República.
Extraído de www.pitcnt.uy
