Tabla de contenidos
Esta columna, por su extensión estará dividida en tres publicaciones
- La Seguridad Social históricamente en disputa
- Las “objeciones técnicas”, una cuestión de clase
- El pueblo defiende el Plebiscito sin vacilaciones
El camino para llegar a donde estamos
Hoy nos desarrollamos como personas con la consideración siempre presente de que tenemos un BPS. Tenemos hijos y sabemos que nos corresponde un respaldo económico, a través de la Asignación Familiar, para paliar relativamente los gastos que insume construir una familia. Si tenemos un familiar con discapacidad, o una persona que haya sufrido un severo accidente laboral, o de otra índole, que no le permita insertarse en la producción, recibe una Pensión por invalidez, que achica las preocupaciones económicas que evidentemente tiene una persona en un país tan caro, y sin poder trabajar.
Y así, un montón de otras prestaciones y beneficios, quizá la más importante es aquella que nos hace querer envejecer más rápido, para pasar al menos nuestros últimos años disfrutando nuestro tiempo en familia, haciendo lo que siempre nos gustó y tuvimos que sacrificar por la jornada laboral, terminar los estudios, etc., con la jubilación.
Época de la cobertura privada
Esta actitud solidaria institucionalizada en las prestaciones sociales para condiciones particulares de la vida, no nos es dada por derecho divino.
Uruguay desde el Siglo XIX, y casi 100 años después, contaba exclusivamente con sistemas privados, ya sean individuales o colectivos, de cobertura social. Evidentemente estos sistemas eran para la burguesía y profesionales acomodados —no debemos imaginar a los profesionales de la época como los universitarios de hoy, donde hay muchos hijos de trabajadores que hacen un gran esfuerzo, en esa época era un verdadero lujo—, marginando a la gran parte de la población, que por un accidente laboral veían su vida condenada, o que quienes tenían la suerte de no sufrir accidentes, estaban destinados a morir trabajando.
Conformación del BPS
“Hacia 1928 existían en Uruguay tres Cajas estatales de jubilaciones y pensiones y un sistema de pensiones no contributivo a la vejez e invalidez.
La crisis de los años 30 frenó la expansión de estas políticas, y tal vez explique el intento de reorganización que se produjo en 1934, cuando las tres Cajas estatales se unificaron en una sola, con integración tripartita, que pasó a denominarse Caja de Industria, Comercio y Servicios Públicos. A partir de los años 40 se produjeron novedades, con la incorporación de nuevos sectores al beneficio jubilatorio -en 1942 el servicio doméstico y en 1943 los trabajadores rurales- y la descentralización del sistema en 1948, separándose la Caja estatal existente en tres: a) la de Industria y Comercio, b) la Civil y c) la de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez.
Asimismo, entre las décadas del 40 y 50 se sancionaron nuevas leyes que contemplaron la protección de la familia, la maternidad y el riesgo de desempleo. Se destacó en ese sentido la implementación, en 1943, de las Asignaciones Familiares, dentro de la ley que creaba los Consejos de Salarios. En 1950 esos servicios fueron centralizados en el Consejo de Asignaciones Familiares, con integración tripartita.”
«Uruguay fue un pionero en América Latina hasta la década del 50, cuando el sistema ofrecía una cobertura más completa que la de cualquier otro país de la región» (Finch, 2005: 58).
Pero cuando las conquistas en materia de Seguridad Social parecía que comenzaban a asentarse, la primera Carta Intención al FMI que establecía un fuerte ajuste sobre la clase trabajadora, hizo que se perdieran muchos de estos avances.
«Si bien la situación se volvió crítica en los años 50, Finch anota que muchas de las Cajas tuvieron dificultades financieras a los pocos años de su fundación. Pero “hacia 1960 el sistema le había corrompido a tal punto que sus funciones originales eran casi irreconocibles, aunque una de las causas de esa corrupción –la crisis económica también fuera atribuida al propio mecanismo de la seguridad social, especialmente por observadores extranjeros» (Finch 2005: 65)
«En síntesis, se puede afirmar que en la década del sesenta “…la real función del sistema dejó de ser la protección de los necesitados, para convertirse en la arbitraria distribución de protección inadecuada como instrumento para limitar las tensiones sociales en beneficio de los grupos políticos». (Finch 2005: 71).
Ya en 1965, en el Congreso del Pueblo, se plantean como “soluciones de fondo”, un proceso escalonado de centralización del sistema de seguridad social. En una primera etapa, se crearía, para los beneficios de la vida pre-activa y activa, un Instituto de Seguridad Social, sobre la base del régimen vigente de Asignaciones Familiares que ya funcionaba como organismo tripartito. Para los beneficios de los pasivos, se unificarían las Cajas de Jubilaciones y Pensiones existentes en un solo instituto, con representación de activos y pasivos. Más a
largo plazo, se fusionarían ambos institutos, conformando un solo servicio de Seguridad Social.
Este planteo avanzado no se dió, porque planteaba ser parte de la base que transformaría el sistema de raíz. Pero dos años después podremos ver un avance más sobrio.
En 1967, en medio de contexto social complejo, con hambre y carestía, huelgas y movilizaciones, y ante las denuncias de corrupción y acomodo de los partidos tradicionales en las Directivas de las Cajas paraestatales, se funda el Banco de Previsión Social (BPS). Se dispuso además una nueva reorganización de las carteras ministeriales y se instruyó la creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta primera experiencia no tuvo gran andamiaje, porque en 1973, tras el golpe de Estado, se intervinieron todas las instituciones estatales. En octubre de 1979 se sustituyó el BPS por la Dirección General de Seguridad Social (DGSS).
Claramente la dirección económica de la dictadura fascista fue realizar un duro ajuste sobre la clase trabajadora y en el aspecto de la Seguridad Social también se vio reflejado: se suprimieron algunas de las causales (como jubilación por cese, por despido y por maternidad) y de las bonificaciones existentes.
Desde la vuelta a la democracia hasta acá
El BPS vuelve a refundarse en 1986, tras dos años de discusión y negociación en la CONAPRO. El primer punto a trabajar fue la recuperación de las jubilaciones y pensiones más sumergidas. Estas soluciones no resultaron suficientes y las organizaciones sociales continuaron presionando lo que finalizó con una propuesta de proyecto de reforma constitucional que estableciera el mecanismo de revaluación de las pasividades. El proyecto se puso a consideración de la ciudadanía mediante plebiscito que se votó junto con las elecciones nacionales de 1989 y se aprobó con un apoyo del 82%.
En la década de los 90 el Uruguay se caracterizó, así como otros países de la región y en general países subdesarrollados, en aplicar fuertes ajustes dictados por el FMI y el Banco Mundial. La línea era instaurar sistemas privados, totales o parciales (mixtos) de previsión social. Este sistema entró en vigencia, no sin resistencia popular, el 1 de abril de 1996.
Será necesario referirnos a las AFAP’s en una columna exclusiva, porque es un sistema realmente perverso y muy poca gente lo conoce realmente.
En 2002 la crisis económica que enfrentó el país tuvo consecuencias inmediatas en el sistema de seguridad social: el aumento de la tasa de desempleo (que alcanzó el 19.5 %) y la informalidad, el porcentaje de evasión (que alcanzó un 40 %), el crecimiento del volumen de la población en situación de vulnerabilidad con requerimientos de asistencia (un tercio de la población se ubicó con ingresos por debajo de la línea de pobreza), entre otras cosas, enfrentaron a la institución a una crisis de grandes dimensiones.
A partir de 2004 la reactivación del sistema productivo provoca un crecimiento de los afiliados al sistema y con ello comienzan a equilibrarse las finanzas del organismo.
En una primera etapa se desarrollaron mecanismos para atender a la población más vulnerable como el Plan de Emergencia, transformado en 2008 en el Plan de Equidad. Posteriormente se trabajó en reformas más profundas, entre las que se destacan la reforma del sistema tributario y la del sistema de salud con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). BPS tuvo y tiene un rol fundamental en estas reformas tanto como gestor, administrador y recaudador.
En los últimos 10 años, junto con el equilibrio de los recursos del organismo, se desarrollaron líneas de trabajo destinadas a la extensión y profundización de la cobertura. En ese sentido, se ha trabajado para reducir la informalidad, creando figuras tributarias que habilitan la inclusión de pequeños colectivos (monotributo), así como la línea de la fiscalización.
La inclusión de nuevos colectivos de trabajadores, que hasta el momento no pertenecían al sistema (como por ejemplo los artistas) o quienes no recibían algunas de las prestaciones otorgadas por el instituto (como los trabajadores del servicio doméstico y el sector rural), responde a la implementación de políticas de flexibilización en las condiciones de acceso a las prestaciones, como en el caso de las jubilaciones (Ley 18.395) y en la creación de nuevas prestaciones como las destinadas a las víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica (leyes 18.850 y 19.039, respectivamente).
Nuevamente aparentaba, en los últimos 15 años del Frente Amplio, que la Seguridad Social se consolidaba institucionalmente con un carácter solidario. A pesar de seguir teniendo las AFAPs, se ampliaba el BPS y se extendía la población que podía acceder a sus beneficios y prestaciones. Pero la historia volvía a mostrar que las conquistas no son para siempre si no se defienden: el gobierno de Lacalle Pou, presentó un proyecto de Reforma de la Seguridad Social con 304 artículos que van en contra del pueblo: aumento de la edad mínima jubilatoria a 65 años, la imposición es trabajar más años y cobrar menos, además de la obligatoriedad de incorporarse a una AFAP. Todo esto en el marco del desmantelamiento del MIDES, retirando su presencia en territorio y generando más pobreza, que se resume en más personas necesitando el BPS.
Un plebiscito para salvar la Seguridad Social
Así llegamos a la actualidad, parados en un momento de retroceso en materia de Seguridad Social y de todo aspecto social y económico en general para el pueblo trabajador. Pero tenemos la posibilidad histórica de resistir y avanzar en conquistas, con un plebiscito que ya alcanzó las firmas necesarias y se votará en octubre. El mismo establece volver a la edad mínima de 60 años (jubilarnos 5 años antes), equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional (elevar las jubilaciones más postergadas), y eliminar las AFAPs (prohibir el lucro con los aportes).
No podemos descansarnos, los derechos no se obtienen por ser justos (de ser así, ya se habrían obtenido hace mucho tiempo), es el pueblo organizado y consciente que logra conquistar dignidad.
