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La Yugoslavia socialista había construido —con contradicciones y límites— un sistema que redujo desigualdades regionales, amplió derechos sociales y sostuvo una política exterior independiente. Tras la muerte de Tito y en un escenario de crisis económica internacional, el país entró en tensiones fuertes. El FMI y las potencias occidentales impulsaron políticas de ajuste que golpearon a la clase trabajadora y fragmentaron la federación. Las burguesías republicanas vieron en ese proceso una oportunidad para reconstruir su poder mediante Estados propios.
El choque no surgió por diferencias culturales, sino porque las élites emergentes necesitaron un relato identitario para legitimar su ascenso económico y político. Cada república fabricó una narrativa victimista que encubría los verdaderos intereses: apropiarse de recursos, privatizar empresas y desplazar a sectores sociales que podrían resistir. El nacionalismo étnico funcionó como tapadera para una restauración capitalista brutal.
Alemania, Estados Unidos y la OTAN no actuaron como mediadores neutrales. Intervinieron desde el primer momento para moldear el mapa balcánico en función de sus necesidades estratégicas. Reconocieron selectivamente independencias, armaron bandos, intervinieron militarmente cuando la correlación de fuerzas ya estaba inclinada y finalmente consolidaron un orden político fragmentado, dependiente y vigilado. La llamada “intervención humanitaria” fue una fachada: se trató de asegurar corredores económicos, bases militares y zonas de influencia en un territorio donde la competencia global se intensificaba.
Las clases populares quedaron atrapadas entre dos fuegos: el nacionalismo armado desde arriba y la presión imperialista. Las comunidades que durante décadas habían convivido bajo un marco de igualdad relativa fueron utilizadas como carne de cañón por quienes buscaban autoridad, tierras y negocios. La guerra fue también un modo de reorganizar la propiedad: expulsiones, limpiezas étnicas y control territorial permitieron redefinir quién mandaba y quién se apropiaba de la riqueza.
Bosnia se convirtió en un experimento de la nueva arquitectura imperial.
- Protectorados disfrazados de Estados soberanos, con misiones internacionales controlando la política interna.
- Economías abiertas a privatizaciones masivas, en beneficio de fondos extranjeros y élites asociadas.
- Militarización permanente, con la OTAN como garante del orden.
En ese sentido, Bosnia anticipó la lógica de las guerras posteriores en Irak, Libia o Ucrania: Estados desestabilizados, fragmentación interna alimentada por potencias globales y una recomposición del capital en clave violenta.
El resultado fue un país constitucionalmente paralizado, fragmentado en entidades incompatibles y subordinado a decisiones imperialistas.
El asedio empezó el 5 de abril de 1992 y terminó el 29 de febrero de 1996, con Sarajevo constantemente bombardeada y sitiados por francotiradores apostados en las colinas que rodean la ciudad. La población quedó atrapada en una pesadilla: no tenían acceso regular a alimentos, agua, electricidad, ni medicinas.
Los ataques no eran solo a objetivos militares: muchas de las víctimas fueron civiles. Más de 11.500 personas murieron durante el sitio, incluyendo cientos de niños. A su vez, hubo episodios dramáticos, como bombardeos a mercados, y fuego de francotiradores que convertía las calles de la ciudad en espacios de constante mortalidad.
Militarmente, las fuerzas serbobosnias se habían apostado en las crestas que dominaban Sarajevo, lo que les daba una ventaja estratégica para mantener el sitio: desde allí lanzaban artillería, disparos y bloqueaban los accesos. Por su parte, los defensores bosníacos tenían un ejército urbano, pero con recursos limitados, sin suficiente equipo pesado para romper el cerco por sí solos.
Sobre ese fondo de guerra, angustia y desigualdad estructural, se tejió un proyecto de expropiación de la vida humana en su forma más brutal: el terrorismo de francotiradores, que buscaba no solo aterrorizar sino también ejercer control simbólico sobre la población.
La muerte como “recreación”
En el marco de ese asedio brutal que transformó Sarajevo en un infierno urbano, emergió una acusación tan grotesca como reveladora: lo que algunos llaman “safari humano” no sería simplemente un rumor de guerra, sino un crimen organizado impulsado por la burguesía, ideología fascista y la lógica perversa del capitalismo.
Durante casi dos años, el periodista italiano Ezio Gavazzeni ha reunido testimonios, documentos y pistas que alimentan una denuncia formal presentada ante la Fiscalía de Milán. Según él, ciudadanos occidentales adinerados —principalmente italianos, pero también de otros países— pagaban sumas exorbitantes para participar como francotiradores en el asedio de Sarajevo, apostándose en posiciones estratégicas en las colinas que dominaban la ciudad sitiadas para disparar contra civiles.
El monto, de confirmarse, da cuenta de una lógica perversa: entre 80.000 y 100.000 euros por cada “fin de semana de francotirador”. Peor aún: según los testimonios incluidos en la denuncia, se pagaba un extra para disparar a niños, lo que revela una deshumanización calculada, con precios según la vulnerabilidad de las víctimas.
Le dan sustancia a estas acusaciones: un exagente de inteligencia bosnio, Edin Subašić, aseguró que sus propios servicios detectaron la presencia de esas “excursiones de muerte” ya hacia fines de 1993, y que la red se articulaba de modo estratégico. De acuerdo con su versión, los participantes partían desde Trieste (Italia), volaban a Belgrado y luego se trasladaban hasta las posiciones de francotirador que rodeaban Sarajevo.
No son solo aventureros sin brújula: la denuncia indica que muchos de esos “turistas francotiradores” tenían vínculos con círculos de extrema derecha, eran aficionados a las armas y se movían con una mentalidad fascistoide. Para quienes presentaron la denuncia, no se trató de actos aislados de sadismo, sino de una práctica con un trasfondo ideológico y social: la riqueza les brindaba no solo movilidad, sino el permiso moral para tratar la muerte como un espectáculo y los seres humanos como objetos desechables.
Gavazzeni no ha sido tímido: en sus declaraciones insiste en que “no fue una leyenda urbana”. Acompañado por el exmagistrado Guido Salvini y el abogado Nicola Brigida, entregó un informe de 17 páginas a las autoridades italianas. En ese documento figuran testimonios de antiguos soldados, agentes de inteligencia y víctimas —además de pistas logísticas sobre cómo se organizaban esos viajes mortales.
La gravedad es tal que la Fiscalía de Milán ha abierto una investigación por homicidio intencional agravado por crueldad y “motivos abyectos”. Para poner aún más presión, parte de la documentación de respaldo se basa en el documental Sarajevo Safari (dirigido por Miran Zupanič), que recoge testimonios sobre estas redadas letales organizadas por extranjeros.
Uno de los elementos más inquietantes desde una perspectiva moral y política es que esta denuncia no solo implica responsabilidad individual, sino una estructura: implica milicias serbobosnias, redes de transporte, inteligencia militar y posiblemente complicidad de ciertos servicios secretos de la época. Esa dimensión estructural revela cómo el capital concentrado, unido a una ideología violenta, puede organizar la explotación de la vida humana no solo por dominio, sino por puro goce de la violencia.
Uno de los aspectos más perturbadores, desde una mirada moral y política, es que esta denuncia no expone únicamente a individuos movidos por el sadismo, sino a una estructura que los habilitó: milicias serbobosnias, rutas de traslado, aparatos de inteligencia y, probablemente, la complicidad silenciosa de servicios estatales. Pero lo decisivo es lo que esto desnuda sobre el sistema que lo hizo posible: bajo el capitalismo, la vida y la muerte se transforman en mercancías; se compran, se venden, se organizan como experiencias para quien pueda pagarlas. Esa mercantilización absoluta —donde incluso la violencia extrema se vuelve un producto— muestra cómo el capital, cuando acumula poder, no solo explota: también degrada la existencia humana hasta convertirla en objeto de intercambio.
De ahí se desprende otra verdad que suele incomodar a quienes intentan blanquear la historia: el fascismo nace del capitalismo, es uno de sus subproductos más brutales. A veces emerge con orgullo; otras, de forma vergonzante, disfrazado de orden, tradición o simple afición por las armas. Pero siempre se alimenta de lo mismo: la deshumanización que surge cuando la vida del otro deja de tener valor en sí misma y pasa a ser un recurso disponible para el disfrute o el interés de los poderosos.
¿Y si algo similar estuviera ocurriendo hoy en Gaza?
La comparación con Sarajevo no surge por capricho. Surge porque las condiciones materiales que hicieron posible aquel horror —un territorio cercado, una población reducida a blanco pasivo, un poder militar que actúa sin controles y un clima de impunidad garantizado por actores internacionales— están presentes, agravadas y multiplicadas, en Gaza.
En los testimonios recogidos sobre Bosnia, el “safari humano” no era solo un desvío criminal de individuos sádicos: era la expresión extrema de una estructura militar y política que convertía a la población civil en objetivo permitido. La violencia, desatada bajo la cobertura del asedio y el silencio, se transformaba en espectáculo para quienes podían pagar por participar o mirar. Era barbarie organizada, y a la vez mercancía.
En Gaza, la asimetría es aún más pronunciada: un ejército dotado de la tecnología más avanzada del planeta ejerce control absoluto sobre un territorio empobrecido, destruido y aislado. La población civil no tiene cómo escapar; la comunidad internacional no logra —o no quiere— imponer límites reales; y casi ningún observador independiente puede documentar en tiempo real lo que ocurre en zonas de combate o bajo ocupación directa.
Ese escenario abre una pregunta que nadie quiere formular, pero que la ética obliga a poner sobre la mesa: ¿qué garantías existen de que soldados, milicias auxiliares o incluso actores privados no estén utilizando esa impunidad para ejercer formas de violencia que, en contextos de guerra prolongada, pueden derivar en prácticas atroces, incluso “recreativas”?
No se trata de afirmar hechos sin pruebas. Se trata de advertir que el marco material está dado: una población convertida en blanco permanente; bombardeos indiscriminados que se narran casi como ejercicios técnicos; francotiradores sobre zonas civiles; drones que “observan” vidas enteras como si fueran trayectorias de un videojuego; videos filtrados donde soldados se mofan de la destrucción o la muerte; y un discurso político que deshumaniza sistemáticamente al pueblo palestino hasta reducirlo a objeto prescindible.
En este contexto, la frontera entre operación militar y violencia por entretenimiento se vuelve peligrosamente delgada. La combinación entre poder absoluto, discurso racializante y ausencia de control externo suele producir las mismas derivas: la cosificación total del otro. Y cuando la vida queda reducida a mera silueta en la mira, el paso hacia la violencia como “experiencia” deja de ser impensable.
Por eso la pregunta no es sensacionalista: es un llamado a investigar, a abrir el cerco informativo, a permitir que periodistas y organismos independientes accedan a las zonas más castigadas. Porque cuando un pueblo entero queda encerrado bajo fuego, sin testigos, la historia ya mostró que pueden aparecer formas de crueldad que solo se comprenden décadas después, cuando es demasiado tarde.
Y si el capitalismo puede transformar la vida y la muerte en mercancías, la guerra —cuando se libra sin límites— puede transformarlo todo en espectáculo. Incluso la cacería de seres humanos.
Lo terrible es que Gaza reúne todas las condiciones para que ese horror sea posible. Y que nadie pueda asegurarnos que no está ocurriendo ahora mismo.
