Montevideo amanece atravesada por un calor intenso. En las calles, personas con planillas y lapiceras observan atentamente a quienes pasan, ofreciendo firmar contra las petroleras y el ecocidio de la fauna marina que habita nuestro territorio. Esas firmas —más de treinta mil— hoy toman forma concreta: compañeras y compañeros del colectivo “Mar Libre de Petroleras Uruguay” las entregan al Ministerio de Ambiente como un pronunciamiento claro contra la venta de la soberanía nacional a los intereses de un sistema económico en decadencia. En la puerta, las voces se unifican en una consigna feroz:
“El mar no se vende, el mar se defiende”.
Las pancartas elevadas en la movilización condensan una preocupación central: si las prospecciones sísmicas avanzan, el daño sobre la fauna marina será irreversible.
Las exploraciones offshore proyectadas para realizarse en el mar territorial uruguayo implican el uso de buques exploradores que arrastran hasta veinte cañones de aire comprimido. Estos dispositivos disparan cada 8 a 20 segundos, en algunos casos durante las 24 horas del día, alcanzando niveles de hasta 250 decibeles. La cifra resulta alarmante si se considera que a partir de los 180 decibeles se ingresa en el umbral de la muerte.
El sonido generado por estas actividades puede propagarse por más de 300.000 km², rebotar en el lecho marino y regresar al buque, donde sensores dispuestos en líneas de arrastre transforman esas ondas en mapas detallados del fondo oceánico. Este proceso, altamente invasivo, tiene consecuencias directas sobre la vida marina.
Los efectos se manifiestan en la mortalidad de invertebrados, peces en fase larval y daños severos en otras especies, provocando lesiones internas, desorientación y alteraciones en los patrones migratorios, incluso afectando a aves marinas.
Las consecuencias no se limitan al ambiente. Las exploraciones sísmicas también amenazan a un sector de la sociedad ya golpeado: los pescadores. En un plazo estimado de dos años, el comportamiento del ecosistema se verá profundamente alterado, generando una caída abrupta de la actividad pesquera.
Esto se traduce en pérdida de puestos de trabajo y en miles de personas privadas de su principal fuente de ingreso. Más allá de quienes trabajan directamente en el mar, todo el sistema logístico asociado —fábricas, transporte, comercialización y cadenas de distribución— sufrirá un quiebre severo. Muchos trabajadores se verán forzados a buscar subsistencia en actividades para las cuales no están preparados.
De este modo, Uruguay cede soberanía económica y profundiza mecanismos de dependencia, abandonando el control sobre sus bienes comunes y su Zona Económica Exclusiva. La inserción internacional del país no puede sostenerse sobre la cesión de recursos naturales para alimentar un sistema económico oligárquico y extractivista, que explota sin medir consecuencias para satisfacer intereses energéticos y armamentísticos de potencias en declive.
Este lunes, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, brindó información sobre las prospecciones y las autorizaciones otorgadas a cuatro empresas extranjeras, además de adelantar la posibilidad de perforar un pozo exploratorio bajo la empresa APA Corporation.
Todo este proceso se ampara en el discurso oficial de una transición energética hacia energías limpias, en un contexto internacional atravesado por la crisis climática y la urgencia de limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C antes de fin de siglo. La pregunta inevitable:
¿Dónde queda el relato de “Uruguay Natural”?
Un país que se enorgullece de su biodiversidad, de su ecosistema y del turismo que genera; que se presenta como líder en transición energética y preservación ambiental, pero cuyas acciones evidencian una contradicción profunda. Una vez más, el gobierno parece desoír a su ciudadanía mientras atiende dócilmente los mandatos de intereses extranjeros, en un mundo que voltea peligrosamente hacia la extrema derecha y sus políticas extractivistas.
