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Un informe del Observatorio de Salud del Cinve, realizado por profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, concluye que Uruguay tiene más médicos de los necesarios en comparación con recomendaciones internacionales. Es decir, la densidad de médicos por población está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Según el estudio cada año se gradúan entre 600 y 700 nuevos médicos en Uruguay, una cifra que los autores consideran muy alta para la realidad del país. La OMS sugiere una densidad médica deseable de 2,3 médicos por cada 1.000 habitantes y Uruguay tiene entre 4,0 y 4,4 médicos por cada 1.000 habitantes, lo cual estaría muy por encima de la media regional. Los investigadores advierten que la educación médica forma más médicos de los que el sistema de salud realmente necesita, lo que podría reforzar asimetrías en el acceso, la distribución y las oportunidades profesionales.
¿Quiénes son los investigadores?
Gerardo Bruno y Julio Trostchansky son médicos especialistas en cirugía de tórax y docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.Desde este marco académico y profesional desarrollaron el informe que analiza la densidad de médicos en el país y plantea la necesidad de revisar la formación y planificación del recurso médico.
Resulta relevante problematizar quiénes producen este análisis y desde qué lugar lo hacen. El estudio es elaborado por dos médicos especialistas en cirugía, pertenecientes a un sector históricamente consolidado y privilegiado dentro del sistema de salud, con trayectorias ya establecidas e inserción laboral asegurada. Este posicionamiento puede condicionar la lectura del fenómeno ya que no representa la experiencia de estudiantes, médicos jóvenes o profesionales en condiciones de inserción laboral más precarias, ni contempla plenamente las desigualdades territoriales, de especialización o de acceso al trabajo médico.
Analizar un supuesto “exceso de médicos” exclusivamente desde indicadores globales, sin incorporar la voz de quienes aún intentan ingresar o sostenerse en el sistema, corre el riesgo de naturalizar una mirada elitista del ejercicio profesional y de simplificar un problema complejo de planificación, distribución y condiciones de trabajo en salud.
El “exceso de médicos”: un problema político
El estudio que afirma que Uruguay tiene un “exceso” de médicos no es inocente ni neutro. No porque los datos sean falsos sino porque la forma en que se los usa construye un problema político específico y habilita determinadas soluciones mientras niega otras.
Medir la cantidad de médicos por habitante y compararla con una referencia de la OMS permite instalar el discurso de “ exceso”. Pero ese número aislado, dice muy poco sobre cómo funciona realmente el sistema de salud. No habla de la concentración en Montevideo, de la ausencia de médicos en el primer nivel de atención, de las guardias mal pagas, del multiempleo como norma, ni de las especialidades que nadie elige porque no permiten vivir dignamente. El estudio transforma un problema de planificación del estado en un problema de “ exceso” de gente formándose.
El dato más significativo no son los números, sino la solución que empieza a circular; limitar el ingreso a la Facultad de Medicina. Ahí el debate deja de ser sanitario y se vuelve abiertamente político. Porque en lugar de discutir cómo el Estado planifica, absorbe y distribuye recursos humanos en salud, se decide ajustar el acceso a la educación pública. Es una lógica conocida, cuando el sistema no da respuestas se cierran puertas.
Restringir el ingreso no mejora la salud de la población. Mejora en todo caso, la posición de quienes ya están dentro del mercado laboral médico. Funciona como un mecanismo de regulación de la competencia, de protección corporativa y de reproducción de privilegios.
La Universidad pública deja de ser una herramienta de democratización para convertirse en un filtro social más.
Además, el argumento del “exceso” es profundamente contradictorio con la realidad cotidiana. Se habla de demasiados médicos mientras se naturaliza la precarización de los médicos jóvenes, la falta de cargos estables, los contratos basura y la sobrecarga laboral. Si realmente sobraran médicos, ¿por qué el sistema funciona sobre la base del agotamiento permanente?
Este enfoque también desplaza responsabilidades. El Estado deja de ser interpelado por no planificar el sistema de salud, por no fortalecer el primer nivel de atención, por no generar políticas de radicación en el interior o por no equilibrar los equipos de salud. En cambio, el problema pasa a ser que “entran muchos” a Medicina. Es una operación política clara, culpar a quienes se forman por las fallas del sistema.
La Universidad de la República no produce excedentes. Produce profesionales. Si esos profesionales no encuentran un lugar digno en el sistema, el problema no es educativo, es político. Limitar el ingreso es una respuesta rápida, barata, fácil y regresiva, evita discutir el modelo de salud y el modelo de país.
En definitiva, este debate no es sobre números. Es sobre qué se elige ajustar cuando el sistema entra en tensión. Y hoy, una vez más, la variable de ajuste parece ser el derecho a la educación pública y la posibilidad de que sectores populares accedan a una profesión históricamente elitista.
El “exceso de médicos” no es otra cosa que una expresión más de las contradicciones del capitalismo aplicado a la salud. No sobran médicos, sobra un sistema que organiza el trabajo sanitario en función del mercado y no de las necesidades colectivas.
La propuesta de restringir el ingreso a la Facultad de Medicina no busca resolver un problema sanitario, sino preservar privilegios y disciplinar la fuerza de trabajo médica.
Es una respuesta típicamente capitalista, frente a la incapacidad de planificar y garantizar condiciones dignas, se reduce la oferta de trabajadores en lugar de transformar el sistema.
La salud no necesita menos médicos, necesita dejar de funcionar bajo la lógica de la ganancia.
Culpar a quienes se forman por el colapso del sistema es una operación ideológica que encubre responsabilidades estructurales. La Universidad pública no genera excedentes, forma trabajadores para un sistema que el propio Estado se niega a planificar. Ajustar por el lado de la educación es en definitiva ajustar contra el pueblo.
Este debate no es técnico ni demográfico. Es profundamente político y expresa una disputa de fondo, si la salud será un derecho garantizado colectivamente o un mercado regulado por la escasez artificial.
Y en esa disputa, limitar el acceso a la educación pública no es una solución sino una derrota social.
