El acuerdo entre las Fuerzas Armadas del Uruguay y el INISA no puede analizarse como un hecho aislado ni meramente técnico o “socioeducativo”, sino como parte de una estrategia más amplia del Estado burgués para gestionar la conflictividad social generada por el propio sistema capitalista y la necesidad de imponer la reconciliación nacional pactada por sectores políticos que viven levantado la idea de dar vuelta la pagina, mientras nuestro pueblo sigue reclamando verdad y justicia.
Las Fuerzas Armadas no son una institución neutral. Históricamente han cumplido un rol central en la defensa de los intereses de la clase dominante y de la oligarquía, actuando como garante último del orden social existente. Su función principal ha sido —y continúa siendo— la preservación del poder económico y político de las clases dominantes frente a las demandas populares, tal como lo demuestra su papel en la represión interna, medidas prontas de seguridad y lo demostró en la dictadura de 1973.
Presentar a las FFAA como una institución “socioeducativa” o de “reinserción social” implica una peligrosa resignificación de su rol histórico y actual. Bajo el discurso de la inclusión y la rehabilitación, se avanza en la militarización de las políticas sociales y penales, especialmente sobre sectores juveniles empobrecidos, que son víctimas directas de la exclusión estructural del capitalismo, dependiente del imperialismo.
El acuerdo con INISA refuerza una lógica disciplinaria y de control social sobre la juventud trabajadora y popular, sustituyendo políticas integrales de educación, trabajo, salud y cultura por el esquemas de orden, obediencia y subordinación. No se busca transformar las condiciones materiales que producen la exclusión, sino administrar sus consecuencias mediante dispositivos de control estatal.
Para la oligarquía y sus lacayos, este tipo de acuerdos resultan funcionales: permiten fortalecer el rol interno de las FFAA, legitimar su presencia en ámbitos civiles y descargar sobre los sectores populares la responsabilidad de una “reinserción” individual, ocultando las causas estructurales de la desigualdad y la violencia social.
En este marco sostenemos que la reinserción social solo puede construirse a partir de políticas públicas integrales, con protagonismo del sistema educativo público, las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, y con una clara orientación hacia la justicia social.
Rechazamos la militarización de la política social y reafirmamos que estas Fuerzas Armadas no pueden ni deben cumplir un rol socioeducativo, sino que deben ser despojadas de toda función de control interno sobre el pueblo, que digan donde están nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Solo cuando haya verdad y justicia habrá un camino de encuentro.
Este acuerdo no apunta a la emancipación de los sectores populares, sino a su disciplinamiento. Por ello, debe ser cuestionado, debatido y enfrentado desde una perspectiva popular, democrática y de clase.
Ejecutivo de Congreso del Pueblo
