El 26 de julio se realizó en el Comité de base del Frente Amplio “El Galpón”, junto al Comité de Arquitectura, una mesa redonda para analizar el proyecto denominado Bañados de Carrasco, una iniciativa que ha abierto uno de los debates políticos más relevantes de los últimos meses en Montevideo. La actividad contó con tres exposiciones iniciales, una amplia lista de oradores y un intercambio que, lejos de evitar las diferencias, permitió profundizar en las distintas dimensiones del problema. Todas las intervenciones fueron transmitidas en vivo y quedaron disponibles en las plataformas del comité.
La discusión excede ampliamente los aspectos técnicos del expediente. Lo que está en juego es una definición política acerca del modelo de ciudad, del papel del Estado y de los intereses sociales que deben orientar la planificación territorial.
El proyecto prevé la construcción de un barrio privado sobre aproximadamente 228 hectáreas de los Bañados de Carrasco, con una inversión estimada en US$ 1.248 millones durante quince años. Para avanzar requiere, entre otros pasos, que la Junta Departamental de Montevideo apruebe una Declaración de Interés Departamental que habilite el inicio de los trámites de recategorización del suelo.
Detrás de la iniciativa se encuentra la empresa Bislun S.A.S., vinculada al empresario argentino Eduardo Costantini, fundador de Nordelta y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de Argentina. No se trata de un proyecto de vivienda social ni de una política destinada a resolver el déficit habitacional. Se trata de un emprendimiento inmobiliario de lujo concebido para un mercado de altos ingresos y orientado a la valorización privada del suelo.
En los últimos días surgió un hecho que profundizó aún más las interrogantes. Mientras el proyecto comenzaba a presentarse públicamente, los Bañados de Carrasco fueron excluidos de la lista de humedales declarados de “importancia ambiental” por el Poder Ejecutivo.
El expediente administrativo, de 438 páginas, muestra que esa exclusión se produjo en la etapa final de elaboración del decreto, cuando el documento llegó a la Gerencia Jurídica del Ministerio de Ambiente procedente de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise).
La decisión tiene consecuencias concretas. El decreto reglamentó el artículo 159 del Código de Aguas, que permite desecar terrenos pantanosos previa autorización ambiental, pero prohíbe esas intervenciones cuando se trata de humedales declarados de importancia ambiental. Al quedar los Bañados de Carrasco fuera de esa categoría, desapareció uno de los principales obstáculos normativos para el emprendimiento.
La coincidencia temporal entre ambas decisiones resulta, como mínimo, políticamente preocupante y exige explicaciones públicas.
Mientras tanto, la oposición al proyecto continúa creciendo. Organizaciones barriales de Punta de Rieles, Bañados de Carrasco y otros barrios del Municipio F, junto con vecinos de Paso Carrasco, Ciudad Líber Seregni y Camino Carrasco, se han organizado para impedir el cambio de uso del suelo. A ellas se suman el respaldo del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, que también solicitó que se desestime la iniciativa.
Las preguntas planteadas por estas organizaciones son difíciles de responder desde quienes impulsan el proyecto.
¿A quién beneficia realmente una eventual Declaración de Interés Departamental?
¿Se utilizará ese suelo para erradicar asentamientos o resolver el déficit habitacional de miles de familias trabajadoras?
La respuesta es evidente. No.
El llamado “interés departamental” termina reducido al interés particular de una empresa y de un empresario con nombre y apellido. Lo que se solicita a la Junta Departamental no es una política pública destinada a satisfacer una necesidad social, sino un acto administrativo que facilite un negocio inmobiliario privado.
Las viviendas proyectadas no estarán destinadas a quienes hoy necesitan acceder a una casa. Sus costos las convertirán en bienes de inversión para sectores de altos ingresos, alimentando procesos especulativos sobre el valor del suelo. La experiencia internacional demuestra que este tipo de urbanizaciones acelera la gentrificación, eleva el precio de la tierra circundante y termina expulsando progresivamente a los habitantes históricos del territorio.
Las implicancias ambientales del proyecto trascienden el área directamente intervenida. Los Bañados de Carrasco forman parte de la cuenca del Arroyo Carrasco, un sistema hidrográfico de aproximadamente 20.500 hectáreas donde habitan más de 256.000 personas. Los estudios elaborados por organizaciones sociales, académicos y técnicos señalan que el humedal constituye un sistema ecológico de alta sensibilidad que presta servicios ecosistémicos fundamentales para toda el área metropolitana: regulación del ciclo hidrológico, amortiguación de inundaciones, filtración natural del agua, almacenamiento de carbono y conservación de la biodiversidad. Al tratarse de un ecosistema cuya dinámica depende de los procesos que ocurren en toda la cuenca, las intervenciones urbanísticas generan impactos acumulativos que exceden ampliamente el predio donde se pretende construir el barrio privado.
La comunidad científica advierte desde hace décadas sobre la fragilidad de este ecosistema. Investigaciones de la Universidad de la República documentan que los Bañados de Carrasco han sufrido sucesivas alteraciones por desecaciones, canalizaciones, rellenos, introducción de especies exóticas y cambios en el uso del suelo, procesos que modificaron el funcionamiento natural del humedal y redujeron parte de su biodiversidad. En ese contexto, una nueva urbanización de gran escala implica profundizar la fragmentación del hábitat, aumentar la impermeabilización del suelo, alterar los escurrimientos superficiales y ejercer nuevas presiones sobre un sistema ambiental ya degradado. Lejos de tratarse de un terreno “vacío” susceptible de urbanizarse, los Bañados constituyen una infraestructura natural indispensable para el equilibrio hidrológico y ecológico de Montevideo y Canelones.
El debate también interpela directamente al Frente Amplio.
Durante la mesa redonda, un edil del Movimiento de Participación Popular sostuvo que el análisis político podía ser válido, pero que los ediles debían limitarse a estudiar técnicamente el expediente que recibieran.
Esa afirmación expresa una concepción profundamente tecnocrática de la función política. Ningún proyecto urbanístico es políticamente neutro. Detrás de cada expediente existen intereses sociales, una determinada concepción del territorio y una opción sobre quiénes serán los beneficiarios del desarrollo urbano.
Reducir la discusión a aspectos procedimentales implica ocultar la pregunta central: ¿la futura administración encabezada por Mario Bergara gobernará de acuerdo con el programa del Frente Amplio o terminará subordinando la planificación territorial a las necesidades del capital inmobiliario?
La respuesta no puede construirse al margen de las propias definiciones programáticas de la fuerza política.
El Programa Nacional del Frente Amplio afirma expresamente que las sociedades democráticas se reflejan en la democracia de sus espacios públicos y advierte que los barrios cerrados reproducen y profundizan la segregación social.
El documento es categórico:
“La segregación socioespacial es un proceso progresivo que va en el sentido contrario a la construcción de una sociedad de iguales.”
Por esa razón sostiene que se debe “evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados” y reafirma que corresponde impedir “la autoexclusión en enclaves cerrados (barrios privados o cualquier eufemismo)”.
El programa departamental con el que el Frente Amplio compareció a las elecciones de Montevideo en 2025 reafirma esa orientación. Allí se plantea la necesidad de combatir las desigualdades territoriales y evitar procesos de segregación sociourbana, incluyendo explícitamente la creación de barrios cerrados.
No existe, por tanto, ninguna ambigüedad programática.
El problema no consiste en interpretar el programa, sino en cumplirlo.
Otra de las argumentaciones presentadas durante la actividad fue la posibilidad de negociar “contrapartidas” con la empresa para obtener determinadas obras de urbanización.
Ese razonamiento parte de una lógica que desplaza progresivamente las responsabilidades públicas hacia acuerdos con el capital privado. Bajo esa concepción, las obligaciones del Estado dejan de concebirse como políticas públicas financiadas colectivamente para transformarse en concesiones negociadas con grandes inversores.
No es un criterio compatible con una estrategia transformadora. Cuando la planificación urbana comienza a depender de las oportunidades de negocios privados, el interés general termina subordinado a la rentabilidad del capital.
Las restantes intervenciones profundizaron distintos aspectos del debate. Se cuestionaron los impactos ambientales del proyecto, la insuficiente participación de la fuerza política en una decisión de esta magnitud y la ausencia de consulta al Comité de Arquitectura del Frente Amplio, integrado por más de un centenar de arquitectos que habían manifestado su disposición a aportar estudios y asesoramiento técnico.
Pero las intervenciones fueron más allá del plano urbanístico. Varias de ellas señalaron que el problema expresa una discusión estratégica sobre el rumbo del Frente Amplio. ¿Debe limitarse a administrar el capitalismo procurando hacerlo más eficiente o debe recuperar un horizonte de transformaciones estructurales que enfrente los intereses de la oligarquía y del gran capital?
La intensidad del debate demuestra que el malestar existente entre numerosos frenteamplistas no es una construcción estadística ni una impresión aislada. Se expresa en los comités de base, en las organizaciones sociales y en la creciente preocupación por la distancia entre determinadas decisiones de gobierno y las definiciones históricas de la fuerza política.
Todavía existen reservas políticas y militantes que defienden el programa y los principios fundacionales del Frente Amplio. Son esas reservas las que hoy sostienen que este proyecto debe ser rechazado.
Montevideo necesita una política de vivienda que contribuya a erradicar los asentamientos, democratizar el acceso al suelo urbano y garantizar el derecho a la ciudad para las mayorías populares. No necesita nuevos enclaves destinados a profundizar la segregación social ni operaciones inmobiliarias que incrementen la especulación sobre uno de los bienes más estratégicos para cualquier sociedad: la tierra.
La discusión sobre los Bañados de Carrasco trasciende un expediente administrativo. Es una discusión sobre qué intereses organiza el Estado, qué ciudad se quiere construir y para quién se gobierna.
Hace más de dos siglos, José Artigas sintetizó un principio que conserva plena vigencia frente a debates como el presente:
“No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad.” José Artigas, setiembre de 1818, al Cabildo de San José.