La incorporación de ejecutivos de las grandes tecnológicas estadounidenses al aparato militar de Estados Unidos mediante el Destacamento 201 expresa una transformación de fondo: la industria tecnológica dejó de ser un proveedor externo del complejo militar-industrial para integrarse directamente a su estructura de planificación, inteligencia y desarrollo. Creado como un cuerpo destinado a combinar conocimientos tecnológicos con innovación militar, el Destacamento 201 incorporó como tenientes coroneles reservistas a ejecutivos de Meta, OpenAI y Palantir. Entre ellos se encuentran Andrew Bosworth, responsable tecnológico de Meta; Kevin Weil, ejecutivo de OpenAI; Shyam Sankar, de Palantir; y Bob McGrew, exdirectivo de OpenAI y Palantir. La integración no es simbólica. Las empresas de estos ejecutivos mantienen contratos con el Pentágono y participan en programas vinculados con inteligencia artificial, análisis de datos, realidad aumentada y sistemas de mando y control.
El dato central es económico y político. Las grandes plataformas digitales acumularon durante décadas una infraestructura capaz de registrar, clasificar y procesar una cantidad de información social que ningún Estado había podido reunir anteriormente con semejante escala. La actividad cotidiana de miles de millones de personas se convirtió en materia prima para un nuevo proceso de acumulación: búsquedas, desplazamientos, vínculos sociales, fotografías, conversaciones, preferencias, hábitos de consumo, opiniones políticas y patrones de comportamiento son transformados en datos susceptibles de valorización. El desarrollo de la inteligencia artificial agrega una capacidad superior: ya no se trata solamente de almacenar información, sino de establecer correlaciones, construir perfiles, anticipar comportamientos y automatizar decisiones.
Cambridge Analytica mostró tempranamente las consecuencias políticas de esta estructura. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos determinó que la empresa utilizó prácticas engañosas para obtener información de decenas de millones de usuarios de Facebook y emplearla en perfiles electorales y campañas de microsegmentación. Una aplicación instalada por unos cientos de miles de personas permitió acceder también a información de sus redes de contactos, alcanzando decenas de millones de usuarios que nunca habían autorizado directamente esa extracción.
El escándalo fue presentado como una anomalía de privacidad, pero su importancia histórica es mayor. Cambridge Analytica permitió observar un mecanismo que sigue desarrollándose: quien controla grandes masas de datos puede intervenir sobre las condiciones materiales en las que se forman las decisiones individuales. La cuestión no consiste en imaginar un algoritmo capaz de introducir mecánicamente una opinión en la cabeza de una persona. El poder reside en algo más concreto: conocer las características de millones de individuos, clasificarlos según sus predisposiciones, identificar grupos vulnerables a determinados mensajes y modificar el entorno informativo en el que toman decisiones.
La mercancía fundamental de las plataformas no es solamente la publicidad que venden. Es también la capacidad de conocer y ordenar la conducta social. La información producida colectivamente por los usuarios es apropiada privadamente por empresas que disponen de los servidores, los algoritmos y la infraestructura necesaria para procesarla. El usuario produce datos; la empresa los captura; el algoritmo los transforma en una capacidad de predicción; el capital convierte esa capacidad en beneficio y, cada vez más, en poder político y militar.
Aquí aparece una cuestión que suele quedar fuera de las discusiones sobre tecnología: ¿qué ocurre cuando la misma infraestructura utilizada para vender publicidad puede utilizarse para vigilar poblaciones, producir inteligencia militar o seleccionar objetivos?
La experiencia palestina ofrece una respuesta concreta.
De la plataforma comercial al campo de batalla
El vínculo entre las grandes tecnológicas estadounidenses y el aparato militar israelí permite observar cómo la infraestructura digital civil puede integrarse en operaciones de guerra. Google y Amazon participan desde 2021 del Proyecto Nimbus, un contrato de servicios de computación en la nube para el Estado israelí. Investigaciones periodísticas han documentado vínculos mucho más estrechos entre Nimbus y las Fuerzas de Defensa de Israel de lo que las empresas reconocieron inicialmente.
El caso de Microsoft y la Unidad 8200 resulta todavía más revelador. Investigaciones de The Guardian, +972 Magazine y Local Call documentaron que la unidad de inteligencia militar israelí utilizó Microsoft Azure para almacenar y procesar enormes cantidades de comunicaciones de palestinos. La investigación describió un sistema capaz de almacenar millones de llamadas y un volumen de datos de varios miles de terabytes.
La Unidad 8200 no es una empresa tecnológica ni una plataforma comercial. Es una estructura de inteligencia militar israelí especializada en interceptación de comunicaciones, ciberinteligencia y procesamiento de información. La cuestión decisiva consiste precisamente en que sus capacidades pueden apoyarse sobre infraestructura perteneciente a empresas privadas transnacionales.
Esto modifica la relación tradicional entre Estado y empresa. El Estado continúa teniendo el monopolio de la fuerza organizada, pero necesita cada vez más capacidades que se encuentran dentro de corporaciones privadas. La empresa posee centros de datos, modelos de inteligencia artificial, redes de comunicaciones y capacidades de procesamiento; el aparato militar posee información, objetivos y capacidad coercitiva. La articulación entre ambos produce una estructura donde las fronteras entre lo público y lo privado pierden importancia frente a la función material que cumple la infraestructura.
Microsoft llegó posteriormente a restringir parte del acceso de la Unidad 8200 a Azure después de que las investigaciones revelaran el uso de la plataforma para vigilancia masiva de población palestina. La medida no modifica el problema estructural: durante años, una infraestructura comercial perteneciente a una de las mayores empresas tecnológicas del planeta formó parte de la arquitectura de procesamiento de inteligencia militar israelí.
Google y Amazon tampoco constituyen casos aislados. Palantir, por ejemplo, desarrolló para el Pentágono el sistema Maven, una plataforma destinada al procesamiento de grandes volúmenes de información y utilizada para inteligencia y funciones relacionadas con objetivos militares. En 2025, el techo contractual del programa superó los 1.000 millones de dólares.
Meta, por su parte, estableció junto con Anduril una asociación para desarrollar sistemas de realidad extendida destinados al Ejército estadounidense. La propia empresa describe la integración con sistemas de inteligencia artificial y mando y control para proporcionar información en tiempo real a los combatientes.
La militarización no constituye entonces una desviación accidental de la industria tecnológica. Se está convirtiendo en una nueva área de acumulación de capital.
El Destacamento 201 expresa una integración superior
En este contexto debe entenderse el Destacamento 201. Su importancia reside precisamente en que hace visible institucionalmente una relación que antes podía presentarse como una sucesión de contratos entre empresas privadas y organismos estatales.
Un ejecutivo tecnológico que se incorpora formalmente al Ejército como teniente coronel reservista lleva consigo algo más que conocimientos informáticos. Lleva el conocimiento de cómo funcionan las estructuras privadas que concentran una parte decisiva de la infraestructura digital mundial. El Pentágono obtiene acceso directo a capacidades empresariales que antes se encontraban fuera de su estructura formal.
La situación también revela una contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo. Las mismas empresas que construyeron su identidad pública alrededor de la innovación, la comunicación y la transformación de la vida cotidiana se encuentran cada vez más vinculadas a la industria militar. OpenAI, por ejemplo, anunció en 2026 un acuerdo con el Departamento de Guerra estadounidense para desplegar sistemas avanzados de inteligencia artificial en entornos clasificados. La empresa afirma haber establecido límites respecto de determinadas aplicaciones, pero el hecho esencial permanece: la inteligencia artificial comercial está siendo integrada directamente en la infraestructura militar estadounidense.
El capital tecnológico encuentra en el Estado un comprador extraordinariamente poderoso. El Estado encuentra en esas empresas capacidades que difícilmente puede desarrollar con la misma velocidad dentro de sus propias estructuras. La relación beneficia a ambos: las empresas obtienen contratos públicos, capital, legitimidad y acceso a mercados estratégicos; el aparato estatal obtiene tecnología, datos y capacidad operativa.
Por eso la categoría de complejo militar-industrial conserva plena vigencia, aunque su composición haya cambiado. La fábrica de armas continúa existiendo, pero junto a ella aparecen centros de datos, empresas de inteligencia artificial, proveedores de nube, plataformas de análisis, compañías de ciberseguridad y redes de telecomunicaciones. La mercancía militar ya no es solamente un tanque, un avión o un misil. También puede ser un modelo de IA, una plataforma de datos, un sistema de reconocimiento de imágenes o una capacidad de procesamiento en la nube.
Las redes sociales son territorios de poder
Las plataformas digitales presentan una característica particularmente importante: operan sobre territorios nacionales sin encontrarse sometidas completamente a ellos.
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X y otras plataformas administran espacios donde se desarrolla una parte significativa de la comunicación social, pero sus reglas fundamentales son establecidas por empresas privadas transnacionales. Deciden qué contenidos pueden circular, qué cuentas pueden ser suspendidas, qué publicaciones reciben visibilidad y cuáles quedan relegadas por los sistemas algorítmicos de recomendación.
Esto genera una forma específica de poder que puede caracterizarse como supranacional. No significa que estas empresas sean Estados. No poseen soberanía territorial comparable a la estatal. Significa que ejercen funciones de regulación social que atraviesan las fronteras nacionales y afectan simultáneamente a poblaciones sometidas a diferentes legislaciones.
La soberanía formal continúa perteneciendo a los Estados. Pero la soberanía material sobre determinados flujos de información se encuentra parcialmente desplazada hacia empresas privadas capaces de administrar infraestructuras utilizadas por cientos de millones o miles de millones de personas. La literatura especializada ha comenzado precisamente a estudiar esta tensión entre soberanía estatal, soberanía digital, autonomía individual y una forma de soberanía transnacional ejercida por las plataformas.
Esto tiene consecuencias políticas enormes. Un gobierno puede aprobar una ley, pero una plataforma puede modificar las condiciones materiales de circulación de esa ley. Un movimiento social puede organizar una campaña, pero el algoritmo determina en gran medida quién recibe sus contenidos. Un medio de comunicación puede producir información, pero su alcance depende de sistemas de recomendación cuyo funcionamiento no está bajo control público.
La cuestión palestina lo ha demostrado repetidamente. La disputa política ya no ocurre únicamente en parlamentos, plazas, universidades y medios tradicionales. También se desarrolla dentro de infraestructuras privadas que clasifican, moderan y distribuyen información a escala planetaria.
La concentración de estos medios de comunicación constituye, por tanto, un problema de poder político y no solamente de privacidad individual.
Del dato individual al control social
El problema más profundo consiste en comprender qué significa acumular datos a escala mundial.
Cada dato aislado puede parecer irrelevante. Una búsqueda, una ubicación, un “me gusta”, una fotografía o una interacción tienen un valor limitado. La potencia aparece cuando millones de datos son integrados y procesados mediante algoritmos capaces de encontrar relaciones que ningún individuo podría identificar.
Cambridge Analytica utilizó información de redes sociales para construir perfiles políticos. Los sistemas contemporáneos de inteligencia artificial pueden procesar cantidades infinitamente mayores de información y cruzarlas con imágenes satelitales, registros administrativos, comunicaciones, movimientos financieros, datos biométricos y otras fuentes.
El salto cualitativo es evidente: la sociedad entera puede convertirse en un sistema de datos susceptible de observación, clasificación y predicción.
La cuestión de clase aparece aquí con claridad. La población produce colectivamente enormes cantidades de información, pero los medios para apropiarla, almacenarla y procesarla están concentrados en un reducido número de corporaciones. La propiedad privada de la infraestructura digital permite transformar una producción social masiva en una fuente privada de poder económico y político.
El desarrollo tecnológico no elimina las relaciones de clase. Les proporciona nuevas formas.
La contradicción central consiste en que una capacidad científica y técnica creada por el trabajo acumulado de millones de personas queda subordinada a la valorización del capital y, crecientemente, a las necesidades militares de las principales potencias imperialistas.
La inteligencia artificial puede utilizarse para investigar enfermedades, mejorar sistemas educativos, optimizar redes energéticas o ampliar capacidades científicas. Pero bajo determinadas relaciones de producción también puede utilizarse para vigilar poblaciones, automatizar inteligencia militar y acelerar procesos de selección de objetivos.
La tecnología no determina por sí misma el carácter de la sociedad. Lo determina la relación social en la que esa tecnología es producida y utilizada.
El problema es quién posee la infraestructura
La discusión sobre la tecnología suele reducirse a una pregunta moral: ¿utilizará una determinada empresa sus herramientas para hacer el bien o para hacer el mal?
Esa formulación resulta insuficiente.
La pregunta política fundamental es quién posee los centros de datos, quién controla los algoritmos, quién decide las condiciones de acceso, quién administra los sistemas de inteligencia artificial, quién puede comprar esas capacidades y quién está sometido a ellas.
El Destacamento 201, Cambridge Analytica, Project Nimbus, la relación entre Microsoft y la Unidad 8200 y la expansión de Palantir en el Pentágono forman parte de un mismo proceso histórico: la concentración privada de capacidades tecnológicas estratégicas está siendo integrada crecientemente al aparato de poder de los Estados imperialistas.
Las plataformas digitales aparecen así como espacios centrales de la lucha de clases contemporánea. No son simplemente lugares donde las personas conversan. Son infraestructuras donde se producen mercancías, se acumulan datos, se organiza propaganda, se disputa hegemonía y se desarrolla una parte creciente de la actividad política.
La defensa de la soberanía sobre los datos, por tanto, no puede reducirse a la protección individual de la contraseña o a aceptar términos de servicio más transparentes. Requiere discutir la propiedad de la infraestructura tecnológica, el control social de los datos, la regulación democrática de los algoritmos y la subordinación de las capacidades científicas a las necesidades de los pueblos.
El capitalismo ha convertido una parte creciente de la experiencia humana en datos. El imperialismo está convirtiendo esos datos en capacidad militar.
La cuestión política de nuestro tiempo consiste en determinar quién tendrá el control de esa capacidad. Si permanece en manos de un puñado de corporaciones vinculadas a los grandes Estados imperialistas, la digitalización profundizará la concentración económica, la vigilancia y la capacidad destructiva de las potencias. Si esas capacidades son sometidas a control público y orientadas a satisfacer necesidades sociales, la misma base científica puede adquirir una función completamente distinta.
El problema nunca fue la existencia de la tecnología. El problema es la propiedad y el poder que determinan para qué se utiliza.