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Imagen destacada del artículo: No al Transpacífico: Por una Industria de Nuevo Tipo

Documento de la Confederación de Sindicatos Industriales

No al Transpacífico: Por una Industria de Nuevo Tipo

24 min de lectura
Tabla de contenidos

Diagnóstico, riesgos regulatorios, agenda de mitigación y propuesta de transición industrial ante la adhesión de Uruguay al CPTPP

Montevideo, septiembre de 2026

Presidencia/CSI

Resumen ejecutivo

UNA PÁGINA PARA TOMADORES DE DECISIÓN

La industria manufacturera uruguaya atraviesa un momento crítico. Mientras el país avanza en tres procesos simultáneos de apertura —CPTPP, Mercosur-UE y hoja de ruta hacia la OCDE—, la base productiva que sostiene a más de 180.000 trabajadoras y trabajadores enfrenta una amenaza estructural de desmantelamiento. El problema no es solo arancelario: es regulatorio, institucional y social.

POSICIÓN DE LA CSI: NO AL TRANSPACÍFICO EN ESTAS CONDICIONES
La CSI rechaza la adhesión al CPTPP en sus condiciones actuales porque consolida un rol subordinado para la industria manufacturera uruguaya sin ofrecer ningún mecanismo de compensación, transición o desarrollo. Ese rechazo no es defensa del statu quo: es la exigencia de construir una inserción internacional diferente, sobre las bases de la Industria de Nuevo Tipo, en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

LO QUE ESTÁ EN JUEGOLA PROPUESTA
Más de 180.000 empleos industriales directos, concentrados en ramas vulnerables y en localidades del interior. Empleo femenino, trabajadores de mediana edad, comunidades sin alternativa laboral equivalente. Las estimaciones técnicas proyectan entre 4.700 y 5.200 puestos calificados en riesgo si el acuerdo se ratifica sin condiciones.Industria de Nuevo Tipo: reconversión deliberada desde la competencia en costo hacia la competencia en conocimiento, proceso y valor agregado. Los tratados comerciales como herramienta de esa transición, no como sustituto de la política industrial, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050.

SI EL GOBIERNO AVANZA: NUEVE CONDICIONES MÍNIMAS

  1. Desgravación gradual — mínimo 15 años para textil, calzado y metalmecánico.
  2. Moratoria regulatoria — 36 a 60 meses para aplicar los capítulos 15, 17 y 18.
  3. Salvaguardias automáticas vinculadas al empleo.
  4. Cuidado extremo de la manufactura liviana, especialmente en el interior del país.
  5. Reserva mínima del 30% en compras públicas para PyMEs y Cooperativas que agreguen valor.
  6. Blindaje de UTE, ANCAP, ANTEL y OSE mediante cartas laterales y reservas explícitas.
  7. Gobernanza tripartita vinculante y evaluación de coherencia con la END 2050.
  8. Fondo de Transición Industrial financiado con aranceles del período de desgravación.
  9. Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Industriales por oficio y certificación.

La CSI insta a los partidos políticos a no tratar la inserción internacional como un mero trámite arancelario, sino como una política de Estado que debe blindar la soberanía productiva, las empresas públicas estratégicas y el empleo de calidad, enmarcada en la Estrategia Nacional de Desarrollo.


Parte I — La posición de la CSI

RECHAZO ACTIVO Y AGENDA DE TRANSFORMACIÓN

El No al Transpacífico no es una posición de defensa del pasado. Es la afirmación de que Uruguay merece un proceso de apertura comercial construido sobre una política industrial activa, no sobre la destrucción del tejido productivo que ya tenemos.

1. Por qué decimos No al Transpacífico

1.1 El CPTPP consolida una división del trabajo que nos perjudica

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) no es un tratado neutral. Es un acuerdo diseñado por y para las potencias comerciales del Pacífico: Japón, Australia, Canadá, México, Vietnam. Su arquitectura arancelaria, sus normas de origen y sus disciplinas sobre compras públicas e inversión reflejan los intereses de economías con décadas de política industrial activa detrás.

Para Uruguay, la adhesión en las condiciones actuales no es incorporarse a ese dinamismo: es aceptar el lugar que ese dinamismo le asigna. Un lugar de proveedor de commodities agropecuarios, celulosa y servicios financieros, mientras la manufactura de valor medio es desplazada por las importaciones de Vietnam, Malasia y México.

La CSI rechaza esa lógica. No porque la apertura comercial sea mala en sí misma, sino porque una apertura sin política industrial activa no es inserción: es rendición.

1.2 Las herramientas que nos piden abandonar

Ningún país que hoy tiene una industria avanzada la construyó bajo los términos del CPTPP. La construyó con protección arancelaria selectiva, subsidios industriales y política de compras públicas. El CPTPP prohíbe exactamente las herramientas que usaron quienes hoy nos piden que nos abramos.

2. Lo que el No no significa

La posición de la CSI no es proteccionismo estático. No pedimos conservar la industria tal como está. El No al Transpacífico es el rechazo a una apertura sin transición, sin política industrial y sin garantías para los trabajadores. Es la exigencia de que, si Uruguay se integra al comercio internacional, lo haga desde una posición de transformación y no de derrota.

3. Los tratados como herramienta, no como destino

La CSI no descarta el uso de tratados comerciales como instrumento de la política industrial. Lo que descarta es la subordinación de la política industrial a los tratados. La secuencia tiene que ser inversa: primero definir el modelo de industria que Uruguay quiere construir; después evaluar qué tratados, en qué condiciones y con qué gradualidad, sirven a ese modelo.

Bajo esa lógica, el CPTPP podría eventualmente ser un instrumento útil, si se negocia con períodos de transición adecuados, salvaguardias sectoriales reales y un programa de política industrial activa que lo acompañe. Sin esas condiciones, no es un instrumento: es una trampa.


Parte II — Diagnóstico

LA REALIDAD INDUSTRIAL 2026

1. Una industria a dos velocidades

El análisis de los datos sectoriales revela una industria a dos velocidades, caracterizada por:

  • Concentración exportadora: tres rubros —carne bovina, celulosa y soja— explican entre el 37% y el 40% de las exportaciones totales, con escaso margen para aumentar volúmenes por restricciones físicas, climáticas y de tenencia de la tierra.
  • Vulnerabilidad del empleo: la manufactura emplea directamente a más de 180.000 trabajadoras y trabajadores, con unos 160.000 cotizantes al BPS. Las PyMEs industriales (metalúrgica, química, textil, entre otras) son las mayores empleadoras y las más expuestas a la competencia externa.
  • Primarización activa: Uruguay está perdiendo valor agregado industrial. El porcentaje de arroz industrializado cayó; la lana peinada bajó 17% mientras la lana sucia subió considerablemente; la exportación de ganado en pie generó una pérdida neta estimada en USD 480 millones entre 2008 y 2016.
  • Concentración territorial: el 68% del PBI industrial se concentra en la Zona Metropolitana. El cierre de cada planta en el interior implica, en muchos casos, la desaparición del único empleador formal de una localidad.

2. La asimetría de escala

El CPTPP conecta a Uruguay con un mercado de 600 millones de consumidores y el 15% del PIB mundial. En teoría, es una oportunidad. En la práctica, conecta una economía de 3,4 millones de habitantes con potencias manufactureras que operan a una escala que ninguna política de productividad individual puede compensar:

País CPTPPVariableMagnitud frente a Uruguay
VietnamProducción de calzado1.400 millones de pares/año
MalasiaCosto laboral textil~4 veces menor que Uruguay
MéxicoProducción metalmecánicaEscala 40:1 en valor exportado
JapónInversión industrial en I+DDécadas de ventaja acumulada

La asimetría no es solo de costo: es de escala, de tecnología acumulada y de política industrial de décadas. Ninguna empresa uruguaya puede competir en precio con Vietnam en calzado; ninguna planta textil puede igualar el costo de producción de Malasia. Es una restricción estructural del tamaño del país.

El Costo Uruguay

A la brecha de escala se suma el Costo Uruguay: tarifas eléctricas industriales entre las más altas de la región para procesos electro-intensivos, costos logísticos elevados por la posición geográfica sin acceso directo al Pacífico, y una estructura de costos que no puede competir con las condiciones del sudeste asiático. Ninguna de estas variables se resuelve desde la empresa individual: se resuelven con política pública activa. El CPTPP no provee ninguna de esas herramientas.

3. El empleo que está en juego

Las trabajadoras y los trabajadores industriales no son una estadística abstracta.
Lamentablemente estamos viendo cómo se continúan perdiendo fuentes de trabajo con salarios y condiciones dignas y por el contrario los nuevos empleos (no todos) son de menor calidad.
El drama social del cierre de una fábrica se nota mucho más si se trata del interior de nuestra República, los impactos negativos son crueles.

La lección de Colonia
El sector autopartista de Colonia es el caso testigo. Cuando las plantas cerraron (para ganar más dinero en Paraguay), la gran mayoría de l@s trabajador@s desplazados completó múltiples programas de formación profesional. Y la gran mayoría siguió sin empleo formal. La lección es brutal: la reconversión laboral sin nueva actividad productiva es administración de la pobreza. No hay curso que reemplace un empleo que no existe. El CPTPP puede replicar ese escenario a escala nacional si no va acompañado de una política industrial que cree los empleos hacia los cuales reconvertir.

4. El drama social: trabajadoras, trabajadores y comunidades

Detrás de cada cifra de empleo industrial hay una persona, una familia y, en muchos casos, una comunidad entera que depende de una sola fábrica. Los cierres de los últimos años ilustran una dimensión que los modelos econométricos no capturan: el costo social de la desindustrialización.

Casos documentados 2024-2026

  • Yazaki (Colonia-Las Piedras): cierre de la planta de arneses automotrices con pérdida de centenares de puestos de trabajo, mayoritariamente femeninos. Paysandú ya arrastraba el cierre de Casa Blanca, Paycueros/Sadesa y la reducción de ANCAP. Una ciudad donde se superponen cierres es una ciudad que pierde su clase trabajadora industrial.
  • La Vienesa, Darcy S.A., Fenedur, Cympay, FNC Minas: cierres en distintas ramas (alimentaria, textil, metalmecánica, bebidas) que en conjunto representan cientos de familias sin ingreso y comunidades sin su principal empleador formal.

El drama social no termina con el despido (cuando lo cobramos) indemnizado. Incluye:

  • Destrucción del tejido productivo local: cuando cierra la única fábrica de un pueblo, desaparecen también los proveedores, los servicios y la masa salarial que sostenía el comercio local.
  • Pérdida de saberes colectivos: el conocimiento técnico acumulado durante décadas —el oficio del tornero, el soldador, el operario textil— desaparece con la planta y no se recupera fácilmente.
  • Impacto diferenciado en mujeres: las ramas más afectadas por la competencia externa —textil, alimentaria— tienen alta participación femenina. La pérdida de empleo industrial golpea más fuerte a quienes ya enfrentan más barreras para reinsertarse.
  • Efectos en barrios y localidades: la desindustrialización implica deterioro de la infraestructura social, aumento de la informalidad y migración interna hacia Montevideo, que despuebla el interior.

Un acuerdo comercial que no contempla cláusulas de salvaguarda del empleo industrial no es un acuerdo de libre comercio: es una transferencia de riesgo desde las corporaciones hacia las trabajadoras y los trabajadores.


Parte III — El riesgo estratégico: un CPTPP sin salvaguardas

IMPACTO REGULATORIO SOBRE EL ESTADO Y EL DESARROLLO

La adhesión al CPTPP no debe analizarse solo por la rebaja de aranceles, sino por su impacto regulatorio sobre el Estado y sobre las trabajadoras y los trabajadores. Las estimaciones técnicas proyectan un riesgo de pérdida de entre 4.700 y 5.200 puestos de trabajo calificados en el sector privado si el acuerdo se ratifica sin condiciones.

1. Los principales puntos de conflicto normativo

  • Capítulo 15 — Compras públicas: el riesgo cierto de no poder utilizar las compras públicas con mirada de desarrollo nacional y la caída de las preferencias para PyMEs (Art. 41 del TOCAF) desarticula la capacidad del Estado para fomentar proveedores locales.
  • Capítulo 17 — Empresas públicas: el principio de «neutralidad competitiva» limita la capacidad de entes como UTE, ANCAP y ANTEL para perseguir objetivos de desarrollo, subsidios estratégicos o tarifas diferenciales.
  • Capítulo 9 — Inversión (ISDS): el sistema de arbitraje privado habilita a corporaciones extranjeras a demandar al Estado uruguayo por políticas públicas consideradas «distorsivas», generando un efecto de congelamiento regulatorio.

2. El impacto sobre las empresas públicas estratégicas

Las empresas públicas uruguayas —UTE, ANCAP, ANTEL, OSE, AFE, Correo— no son solo prestadoras de servicios: son instrumentos centrales de política industrial, cohesión territorial y soberanía económica. La neutralidad competitiva del Capítulo 17 equivale, en la práctica, a tratar a la empresa pública como una empresa privada más, eliminando su función de orientación del desarrollo. Las consecuencias concretas son múltiples:

  • Fin de las tarifas diferenciales: UTE y ANCAP no podrían fijar precios diferenciados para favorecer a la industria nacional sin incurrir en una potencial violación del acuerdo.
  • Restricción a los subsidios cruzados: la posibilidad de que una empresa pública financie actividades de desarrollo con los excedentes de otras quedaría limitada por las reglas de «neutralidad».
  • Riesgo de arbitraje privado: si el Estado mantiene ventajas para sus empresas públicas, las corporaciones extranjeras podrían iniciar demandas ISDS por «trato discriminatorio», con laudos que pueden ascender a cientos de millones de dólares, como ya ocurrió en otros países latinoamericanos.

La OCDE agrega una segunda capa: su hoja de ruta 2026 incluye estándares de gobernanza de empresas públicas y de política de competencia que pueden estrechar aún más el margen de maniobra, exactamente cuando más se necesita para sostener la transición productiva.

3. La contradicción con la Estrategia Nacional de Desarrollo

Uruguay cuenta con instrumentos de planificación de largo plazo —la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050 (END 2050), el PENCTI y la Política Industrial 2050— que definen objetivos explícitos de transformación productiva, agregado de valor y diversificación exportadora. Los acuerdos en negociación revelan una contradicción estructural entre esos instrumentos y los compromisos que se están asumiendo.

  • END 2050 y PENCTI plantean como objetivo central la transformación productiva hacia sectores de mayor valor agregado, con política industrial activa. El CPTPP y la OCDE restringen precisamente los instrumentos que hacen posible esa transformación: compras públicas, subsidios directos, créditos preferenciales para la industria nacional.
  • La paradoja de los sectores dinámicos: los sectores con mayor potencial exportador de valor agregado —software, farmacéutica, biotecnología— crecen cuando hay política activa. Los acuerdos abren puertas arancelarias, pero no garantizan —y en algunos casos dificultan— el despliegue de esa política.
  • Apertura sin industrialización = más primarización: la evidencia de Uruguay XXI muestra que una mayor apertura, sin corregir los factores de competitividad interna y sin política industrial de respaldo, tiende a facilitar la exportación de más materia prima sin procesar. El arroz, la lana y el ganado en pie son elocuentes: donde no hubo política de industrialización, la apertura profundizó la primarización.

La secuencia entre apertura comercial, adhesión a la OCDE y despliegue de política industrial no es un detalle técnico: es una decisión estratégica que puede dejar sin instrumentos a la END 2050 antes de que ésta pueda ejecutarse.

4. El contexto global: la carrera de subsidios

Mientras Uruguay debate la apertura pura, las potencias industriales han redefinido sus políticas hacia un modelo de apoyo estatal masivo y activo:

PotenciaInstrumentoAlcance
Estados UnidosCHIPS Act / IRACientos de miles de millones de dólares en créditos fiscales y subsidios directos para asegurar la producción doméstica estratégica.
ChinaMade in China 2025Hasta el 1,7% del PBI destinado a la industria estratégica, con metas sectoriales vinculantes.
Unión EuropeaNet-Zero Industry ActMetas de producción interna del 40% para tecnologías estratégicas verdes.

La idea de una competencia de «mercado puro» es una ficción. Si Uruguay abre sus mercados renunciando a los instrumentos que esas potencias usan masivamente, competirá en desventaja estructural contra países que subsidian activamente su producción.

5. Lo que el CPTPP no resuelve

El CPTPP no contiene ningún mecanismo que obligue a sus miembros a compensar el daño industrial que genera en los socios más pequeños. No tiene:

  • Cláusulas de desarrollo para países de menor tamaño económico.
  • Mecanismos de compensación obligatoria por daño industrial.
  • Fondos de reconversión productiva o laboral.
  • Reconocimiento de la política industrial activa que los socios más grandes ya aplicaron para construir su ventaja competitiva.

Lo que sí tiene son disciplinas que restringen exactamente las herramientas que Uruguay necesita para su transición industrial: márgenes de preferencia en compras públicas, subsidios sectoriales, instrumentos de las empresas públicas. Paradójicamente, los países que hoy exigen apertura a Uruguay construyeron su industria usando esas mismas herramientas.


Parte IV — Agenda de mitigación

LAS CONDICIONES MÍNIMAS SI EL PROCESO AVANZA

1. Las nueve condiciones mínimas innegociables

  • Condición 1 — Desgravación gradual: mínimo 15 años
    El textil, el calzado y el metalmecánico de media y baja tecnología no pueden absorber la apertura arancelaria de manera inmediata ni acelerada. Quince años es el mínimo técnico que permite una reconversión productiva real.
    Precedente: Vietnam obtuvo períodos de hasta 20 años para sus sectores más sensibles. Canadá protegió su sector lácteo; Japón, su arroz. Uruguay tiene el mismo derecho y la misma necesidad.
  • Condición 2 — Moratoria regulatoria de 36 a 60 meses
    Plazo de 48 a 60 meses para la implementación total de los capítulos 15 (compras públicas), 17 (empresas públicas) y 18 del CPTPP, que permita la reconversión tecnológica de la industria nacional antes de que rijan las nuevas disciplinas.
  • Condición 3 — Salvaguardias automáticas vinculadas al empleo
    Cláusulas que se activen sin necesidad de demostrar daño caso a caso, en dos niveles: (a) sectorial, cuando una rama registre una caída del empleo formal superior al 10% interanual; (b) agregado, cuando el conjunto de la industria pierda el 3% de sus cotizantes en un semestre.
    La caída del empleo es evidencia suficiente. Esta condición transforma la salvaguardia de un instrumento burocrático en un mecanismo real de protección de los trabajadores.
  • Condición 4 — Lista de Abastecimiento Escaso ampliada para el sector textil
    La regla «hilo en adelante» (yarn-forward) del CPTPP es el mayor riesgo inmediato para la industria textil uruguaya. Exige que todo el proceso —hilatura, tejido, teñido, acabado, confección— se realice dentro del bloque. Uruguay importa fibras e hilados que no produce y que no están disponibles en el CPTPP.

Sin una Lista de Abastecimiento Escaso ampliada, la industria textil exportadora uruguaya queda excluida de las preferencias arancelarias del CPTPP aunque fabrique en Uruguay. Esta condición es innegociable.

  • Condición 5 — Reserva del 30% en compras públicas
    Reserva horizontal mínima del 30% para PyMEs nacionales en todas las licitaciones públicas, preservando el Compre Nacional y las preferencias del Art. 41 del TOCAF frente al Capítulo 15.
  • Condición 6 — Blindaje de las empresas públicas estratégicas
    Cartas laterales (side letters) y reservas explícitas en el texto del acuerdo que excluyan la infraestructura crítica, las empresas públicas y los sectores industriales sensibles de las disciplinas de neutralidad competitiva y compras públicas, y que preserven la capacidad de UTE, ANCAP, ANTEL y OSE de fijar tarifas diferenciales, aplicar subsidios cruzados y sostener instrumentos de fomento al desarrollo nacional. Estas empresas cumplen funciones estratégicas que exceden la actividad comercial.
  • Condición 7 — Gobernanza tripartita vinculante y coherencia con la ENDE 2050
    Grupo de trabajo tripartito permanente (gobierno, cámaras empresariales, sindicatos) con capacidad vinculante para proponer medidas de ajuste sectorial. Los efectos del CPTPP se despliegan durante años: no alcanza con ser consultados, necesitamos poder de decisión.
    Evaluación de impacto obligatoria sobre la política industrial activa y la ENDE 2050 antes del cierre de cada capítulo del acuerdo, con participación tripartita.
  • Condición 8 — Fondo de Transición Industrial
    Es fundamental contar con un Fondo que ayude a financiar la transición y además sea un “colchón social” para las y los Trabajadores que sufran la pérdida de empleo industrial. Para nosotros es vital la reinserción laboral en otras fábricas.
  • Condición 9 — Registro Nacional de Trabajadores Industriales
    Creación de un registro por oficio, certificación y experiencia, como instrumento de planificación de la reconversión laboral ante cada cierre o reestructura.

LO QUE NO ACEPTAREMOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
Adhesión sin períodos de desgravación adecuados; eliminación de preferencias para la industria nacional sin alternativas negociadas; reconversión laboral sin garantías de reinserción; exclusión de los sindicatos de las mesas de negociación y monitoreo.


Parte V — La Industria de Nuevo Tipo

PROPUESTA DE TRANSICIÓN INDUSTRIAL

La Industria de Nuevo Tipo no es el futuro que el CPTPP nos asigna. Es el futuro que Uruguay decide construir.

1. Qué es la Industria de Nuevo Tipo

La CSI no viene solo con un No. Viene con una propuesta de hacia dónde debe ir la industria uruguaya, con o sin CPTPP. La Industria de Nuevo Tipo es la reconversión deliberada y planificada del tejido industrial desde la competencia en costo hacia la competencia en conocimiento, proceso y valor agregado: una industria tecnológicamente actualizada, ambientalmente sustentable, con empleo de calidad y participación social activa en la gestión del cambio productivo.

No es una utopía: es la dirección que tomaron las industrias exitosas de economías pequeñas (Finlandia, Eslovenia, Corea del Sur en su etapa de despegue). Uruguay tiene las condiciones para ese tránsito. Lo que no tiene, todavía, es la política industrial que lo haga posible.

2. Principios de la transición

La CSI propone que Uruguay adopte formalmente una política de Industria de Nuevo Tipo como marco rector de su inserción internacional, articulada con la END 2050. Esa política parte de cinco principios:

  1. La política industrial precede a la política comercial. Primero definimos qué industria queremos; después evaluamos qué acuerdos comerciales sirven a ese objetivo.
  2. Soberanía sobre la transformación. La transición la decide Uruguay, no los cronogramas de desgravación del CPTPP. Ni el mercado ni las empresas pueden hacerla solos: el Estado conduce activamente con inversión pública, regulación, política de compras y formación de trabajadores.
  3. El empleo calificado es el objetivo, no una externalidad. Cada transformación productiva se evalúa por su impacto en la calidad del empleo, no solo en la productividad.
  4. Los sindicatos son actores, no espectadores. La participación sindical es vinculante en el diseño, la implementación y el monitoreo de la política industrial.
  5. La transición es planificada y gradual. Los trabajadores tienen tiempo y herramientas para adaptarse. No hay destrucción creativa sin creación garantizada.

3. Los tres ejes de transformación productiva

Eje 1 — Tecnología e integración en cadenas de valor

El modelo de Manufactura Avanzada Híbrida es la forma concreta en que la Industria de Nuevo Tipo se expresa en el piso de fábrica. Su lógica: Uruguay no puede competir en escala, pero sí en proceso, conocimiento y certificación. Importar donde no somos competitivos; transformar donde sí lo somos. Tres pilares operativos:

  • PILAR I — Importación estratégica de subconjuntos:
    Motores, sistemas electrónicos y kits CKD donde la escala local no es competitiva. La importación de insumos de alto contenido tecnológico no es derrota: es la materia prima de un proceso de transformación de mayor valor. La clave es que esos insumos cambien de clasificación arancelaria durante la fabricación local.

  • PILAR II — Fabricación crítica local (transformación física sustancial):

    • Mecanizado CNC con arranque de viruta — operadores certificados, máquinas de control numérico.
    • Corte térmico y plegado robotizado — plasma, láser, doblado de chapa estructural.
    • Soldadura estructural certificada — MIG/MAG, TIG, normas AWS/ISO.
    • Tratamiento térmico de superficies — temple, revenido, nitruración.
    • Incorporación de insumos metálicos nacionales — acero nacional (Cap. 72) $\rightarrow$ maquinaria (Cap. 84/87).
  • PILAR III — Integración, software y servitización:

    • Programación de firmware y software embebido de control.
    • Calibración y puesta a punto específica por cliente.
    • Certificación y ensayo bajo normas internacionales (ISO, CE, UL).
    • Soporte técnico, mantenimiento predictivo y asistencia remota.
      Este pilar convierte el producto manufacturado en un servicio industrializado, el componente de mayor crecimiento en el comercio internacional de manufactura avanzada.

Eje 2 — Empleo calificado y formación permanente

La Industria de Nuevo Tipo requiere una nueva generación de trabajadores industriales: operadores de máquinas CNC, soldadores certificados, técnicos en automatización, ingenieros de proceso. Esa formación no surge sola del mercado, y cada puesto destruido en la transición debe ser reemplazado por uno de igual o mayor calidad. La CSI propone:

  • Acuerdos de formación permanente en planta, con participación social en el diseño curricular.
  • Certificación pública de competencias industriales avanzadas (mecanizado, soldadura, tratamiento térmico, software embebido), articulada con el Registro Nacional de Trabajadores Industriales.
  • Vinculación entre UTU, UTEC y los sectores industriales priorizados.
  • Piso salarial para trabajadores con certificaciones industriales avanzadas: la calificación tiene que traducirse en ingreso.

Eje 3 — Sustentabilidad ambiental como ventaja competitiva

Los mercados del CPTPP —especialmente Japón, Australia y Canadá— tienen crecientes exigencias de sustentabilidad en las cadenas de suministro. Uruguay puede transformar su matriz energética renovable en una ventaja competitiva industrial: manufactura con baja huella de carbono, certificable y trazable. Eso requiere:

  • Tarifas eléctricas industriales diferenciales para procesos de manufactura avanzada que usen energía renovable certificada.
  • Programa de certificación de carbono industrial para exportadores.
  • Integración de estándares ambientales en las normas de origen que Uruguay negocie.

4. Instrumentos de política pública

4.1 Adecuación del marco COMAP (Ley de Inversiones)

Priorizar en la Ley de Inversiones los proyectos que:

  • Incorporen tecnologías de manufactura avanzada y automatización de plantas.
  • Generen o retengan empleo calificado con salarios iguales o superiores al promedio sectorial.
  • Demuestren capacidad de cumplimiento de normas de origen en tratados vigentes o en negociación.
  • Inviertan en formación interna de mano de obra especializada con participación sindical.

4.2 Adaptación del TOCAF (compras públicas)

El Estado uruguayo es el mayor comprador del país. Esa palanca tiene que orientarse hacia la Industria de Nuevo Tipo:

  • Mantener y optimizar los márgenes de preferencia para la industria nacional y el Valor Agregado Nacional (VAN) en licitaciones de infraestructura, energía y defensa.
  • Preservar la capacidad de política industrial activa de UTE, ANCAP, ANTEL y OSE frente a las disciplinas de neutralidad competitiva.
  • Requerir certificaciones de proceso y calidad a proveedores nacionales: el estándar del Estado eleva el estándar de la industria.

4.3 Tarifas eléctricas diferenciales para manufactura avanzada

Implementar tarifas diferenciales a los sectores/fábricas que agreguen valor sustantivo a sus productos.

5. La secuencia correcta

La Industria de Nuevo Tipo no cierra la puerta a la inserción internacional de Uruguay. Al contrario: la hace posible en términos que benefician a los trabajadores y al país. Pero esa inserción tiene que seguir una secuencia correcta:

SECUENCIA CORRECTASECUENCIA INCORRECTA
1. Definir el modelo de industria que Uruguay quiere construir.1. Firmar el tratado porque «el mundo va en esa dirección».
2. Diseñar la política industrial que hace posible esa transición.2. Esperar que el mercado ajuste la industria.
3. Evaluar qué tratados, en qué condiciones y con qué gradualidad, sirven a ese modelo.3. Administrar el desempleo resultante con programas de reconversión sin planificación.
4. Negociar los tratados que sirven, rechazar los que no y condicionar los que pueden servir si se reforman.4. Constatar, años después, que la industria no se reconvirtió sino que desapareció.

Uruguay puede usar los tratados comerciales —incluido eventualmente el CPTPP, reformado— como herramienta de la Industria de Nuevo Tipo: abrir mercados para su manufactura avanzada, atraer inversión tecnológica, integrarse en cadenas de valor de mayor sofisticación. Pero solo si llega a esa negociación con una industria en transformación, con trabajadores capacitados y con política pública activa detrás. No si llega desarmado.


Integración con soberanía

El objetivo no es el aislamiento, sino la integración con soberanía. La política industrial debe centrarse en agregar valor a la producción nacional, proteger las empresas públicas estratégicas y garantizar que ninguna trabajadora ni ningún trabajador pague con su empleo el costo de una apertura que no se diseñó para ellos.

Uruguay puede tener una industria manufacturera más fuerte, más tecnológica y más justa. Pero eso no ocurre solo con un tratado: ocurre con una política industrial activa, con tiempo suficiente y con los trabajadores como parte real del proceso. La CSI está dispuesta a construir eso con el sector empleador y el gobierno. En ese marco, los tratados pueden ser positivos para las grandes mayorías nacionales.

Sin ese marco, son un riesgo inaceptable.


Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay
CSI / PIT-CNT
Montevideo, septiembre de 2026

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