La votación del 28 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas expuso una alteración en la correlación de fuerzas diplomáticas. Con 130 votos a favor de la resolución que exige poner fin al bloqueo, 17 en contra y 25 abstenciones, la gran mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el ilegal y criminal régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos. No obstante, la trigésima cuarta votación consecutiva del proyecto A/81/L.5 registró un retroceso frente a 2025, cuando la iniciativa reunió 165 respaldos y apenas siete negativas. Washington desplegó una agresiva campaña de presiones bilaterales, amenazas de aranceles comerciales y extorsión financiera sobre delegaciones vulnerables para alterar el tablero. Logró así arrastrar a su postura a Israel, a regímenes satélites de Europa oriental y a los gobiernos latinoamericanos de Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Paraguay. Este giro no obedece a debates teóricos sobre el derecho internacional. Expresa la sumisión de los gobiernos de las oligarquías genuflexas que alinean su política exterior con la potencia imperial a cambio de acuerdos comerciales, auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional y protección política frente a sus propias crisis de legitimidad interna. Frente a la prepotencia del delegado estadounidense Mike Waltz proclamando en el recinto «This is America», la representación cubana recordó una verdad material insoslayable: la sede de la ONU no es un protectorado colonial ni Cuba un enemigo vencido.
El bloqueo económico contra Cuba constituye una guerra material sistemática concebida para aniquilar las bases de reproducción física de la población trabajadora. Su lógica operativa une el memorando fundacional del 6 de abril de 1960, suscrito por el vicesecretario de Estado asistente Lester Mallory, con las declaraciones de la actual diplomacia de Washington. Mallory admitió que la Revolución gozaba del apoyo mayoritario del pueblo cubano y recomendó privar al país de dinero y suministros para deprimir los salarios reales, provocar hambre, desesperación y forzar el derrocamiento del gobierno. Esa misma premisa criminal fue ratificada el 7 de agosto reciente por el propio Secretario de Estado norteamericano al declarar que, frente a cualquier mecanismo que implemente Cuba para sortear el asedio, Washington simplemente apretará más el nudo de la horca. Esta confesión explícita se ajusta de forma exacta a la figura de genocidio tipificada en el artículo II, inciso c, de la Convención de 1948: el sometimiento deliberado de un grupo social a condiciones de existencia calculadas para provocar su destrucción física total o parcial.
El aparato de dominación opera a través de una arquitectura jurídica extraterritorial que atropella la soberanía del resto de los Estados. La Ley Torricelli de 1992 prohibió a las subsidiarias de firmas norteamericanas en el extranjero operar con Cuba y penalizó con un veto de 180 días para atracar en puertos de Estados Unidos a todo buque comercial que toque terminales de la isla. La Ley Helms-Burton de 1996 reforzó el chantaje al facultar en su Título III demandas judiciales en cortes federales contra inversiones foráneas en bienes nacionalizados por el poder revolucionario. A este dispositivo se suma la fraudulenta inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de patrocinadores del terrorismo, una herramienta de terrorismo financiero ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Bajo la amenaza de sanciones confiscatorias, la banca internacional bloquea transferencias, cancela cuentas y rehúsa liquidar cartas de crédito de empresas cubanas. Las cifras oficiales presentadas ante la ONU revelan el tamaño del despojo: en más de seis décadas de cerco, las pérdidas acumuladas a precios corrientes ascienden a 178.700,5 millones de dólares, mientras que los daños del último año evaluado treparon a 8.083,3 millones de dólares, equivalentes a un drenaje superior a los 22,9 millones de dólares por cada día de deliberaciones.
La asfixia externa estrangula el funcionamiento de la economía y repercute en cada hogar del país. La crisis electroenergética, expresada en apagones crónicos y paradas de centrales térmicas, responde a un cerco naval de facto: Washington persigue a los armadores petroleros, cancela seguros de flete e impide adquirir piezas de recambio que contengan más de un 10% de tecnología o componentes patentados en territorio norteamericano. El desabastecimiento de combustible y energía paraliza el 85% de los sistemas de bombeo de agua potable, golpeando el acceso al recurso hídrico para 2,6 millones de personas. En el plano sanitario, las trabas comerciales frenaron el arribo de 7.000 contenedores con alimentos, fármacos e insumos esenciales para hemodiálisis. Hoy falta el 70% de los medicamentos del cuadro básico y más de 100.000 intervenciones quirúrgicas permanecen postergadas, entre ellas las de 12.000 niños. La escasez no obedece a errores aislados de distribución administrativa; es el fruto directo de una política premeditada para inducir el colapso social.
La brutalidad de este castigo contrasta con la trayectoria internacionalista del sistema socialista cubano. Mientras los monopolios farmacéuticos transnacionales privatizan el conocimiento para maximizar sus dividendos de clase, Cuba concibe la salud como una conquista colectiva de los trabajadores. En 2014, cuando la epidemia de ébola azotaba África occidental, 165 integrantes del contingente Henry Reeve combatieron el brote en Sierra Leona con el aval de la Organización Mundial de la Salud. A través de la Operación Milagro se practicaron más de 3,2 millones de cirugías oftalmológicas gratuitas a sectores desposeídos de América Latina y el Caribe, al tiempo que la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) graduó a decenas de miles de profesionales de comunidades postergadas del mundo. La perversidad imperialista muestra aquí su faceta más irracional: al tiempo que veta el acceso cubano a citostáticos pediátricos estadounidenses, priva a más de siete millones de personas en Estados Unidos de beneficiarse con medicamentos cubanos de vanguardia como el Neuralcil, creado para frenar el Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas.
El respaldo de 130 naciones a la resolución confirma una victoria política para la resistencia del pueblo cubano frente al chantaje de la superpotencia. Sin embargo, la defección de 17 delegaciones y el recurso abierto a la coacción exhiben la bancarrota de la diplomacia regional y las limitaciones estructurales de la legalidad internacional burguesa. La Asamblea General de la ONU vota desde 1992 contra el bloqueo con mayorías aplastantes, pero sus dictámenes carecen de fuerza coactiva para frenar a un Estado imperial que conserva el control hegemónico del dólar, de la red SWIFT y de las rutas navieras del capitalismo mundial. Los gobiernos cómplices que respaldan a Washington no solo convalidan la agresión a un pueblo hermano; renuncian a la autodeterminación nacional y legitiman las medidas coercitivas unilaterales que mañana podrán utilizarse contra sus propios pueblos.
Frente a la escalada agresiva, la solidaridad con la Revolución cubana no admite ambigüedades testimoniales. El bloqueo contra Cuba funciona como un laboratorio de disciplina imperial para escarmentar a cualquier proyecto político que intente recuperar los recursos estratégicos, cuestionar el poder oligárquico y poner la producción al servicio de las mayorías. Derrotar el bloqueo no será el resultado de concesiones diplomáticas en despachos internacionales, sino de la movilización activa del movimiento obrero y popular de la región para quebrar la sumisión de los gobiernos lacayos, romper el cerco económico y defender la soberanía irreductible de un pueblo que se niega a someterse a los dictados del capital monopolista.
