La emisión del programa Buscadores por la pantalla de Canal 5 traspasó un límite peligroso en la televisión uruguaya. Durante un intercambio sobre infancias y adolescencias trans con la médica y militante antiderechos Lorena Quintana, el conductor Fernando Vilar formuló una hipótesis que legitimó la violencia letal: preguntó si ante un hijo de ocho años que manifiesta sentirse niña corresponde pegarle «un tiro» para resolver «un problema menos». La frase expone la penetración directa de una ofensiva ideológica reaccionaria que aprovecha las pantallas públicas para degradar a franjas vulnerables de la clase trabajadora y correr las fronteras de lo tolerable.
La gravedad del hecho desató una respuesta sindical inmediata. La Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional (ATTN) solicitó a la dirección de Canal 5 y al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN) el retiro definitivo de Buscadores de la grilla de programación. El gremio remarcó que los recursos sostenidos por el pueblo no pueden financiar espacios donde se banaliza el exterminio de niños ni se difunden contenidos incompatibles con los derechos humanos. Frente a los intentos de la dirección del canal de desligarse del asunto con la coartada de tratarse de una coproducción privada, el Secretariado Ejecutivo de la central obrera fijó una posición concluyente:
COMUNICADO PÚBLICO
Ante las expresiones realizadas en el programa Buscadores, de Canal 5, en el marco de un intercambio sobre las infancias y adolescencias trans, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresa su más firme rechazo.
La identidad de cada persona merece respeto. Cuestionarla, ridiculizarla o presentarla como algo que debe ser puesto en duda alimenta la discriminación y profundiza la violencia que enfrentan las personas trans. Las niñas, niños y adolescentes trans tienen derecho a vivir y crecer con dignidad, a recibir el acompañamiento que necesiten y a ser protegidos. Ninguna opinión puede justificar que se vulneren sus derechos ni que se los exponga al desprecio público.
Es inaceptable que se utilicen los medios de comunicación para difundir prejuicios y odio disfrazados de opinión. La libertad de expresión y el debate democrático son fundamentales, pero no pueden justificar expresiones que estigmatizan, deshumanizan o alientan la violencia.
En este caso también existe una responsabilidad política del Estado. Canal 5 es un medio público, pertenece a toda la sociedad y es gestionado por el Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura. Por eso, no alcanza con señalar que esas expresiones no representan la posición institucional del canal. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que los medios públicos promuevan el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la convivencia democrática.
Esa responsabilidad exige respuestas concretas y medidas que eviten que los medios públicos vuelvan a ser escenario de expresiones discriminatorias y violentas. La televisión pública debe estar al servicio de toda la población y contribuir a una sociedad más respetuosa e igualitaria.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas trans y con la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan vivir plenamente, con respeto y en libertad.
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT
Estas expresiones en un medio estatal empujan deliberadamente la ventana de Overton. Cuando una figura televisiva plantea con soltura la eliminación física de un niño ante los micrófonos de una señal dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, el margen del odio aceptable se expande. La barbarie adquiere carta de ciudadanía en horario central. Para los sectores dominantes, esta manipulación mediática cumple una función material en tiempos de ajuste: fragmenta la unidad de los explotados y erige chivos expiatorios para desviar la bronca popular lejos de la concentración del capital.
Esa impunidad discursiva traslada de inmediato sus efectos a la calle, alimentando a las corrientes «redpill» y a las bandas fascistas que operan en la región. El salto de la palabra violenta a la agresión física organizada quedó exhibido a inicios de noviembre de 2026 en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Una patota de hombres jóvenes en bicicleta se separó de una caravana nocturna para emboscar a mujeres trans que ejercían el trabajo sexual en el Parque Tres de Febrero. Las rodearon y las atacaron con palos, piedras, botellas y conos de tránsito. Además, filmaron la cacería para difundirla en redes sociales como trofeo de odio. El episodio responde de forma directa a la prédica reaccionaria que el gobierno de Javier Milei promueve desde las altas esferas del Estado, desmantelando políticas contra la discriminación e infundiendo a estos grupos la certeza de que agredir a los sectores vulnerados goza de amparo institucional.
La formación social uruguaya participa de estas mismas contradicciones regionales. La condescendencia del Estado hacia quienes agitan la violencia contra las infancias trans allana el camino para que patotas similares se organicen en Montevideo. La clase trabajadora asume la defensa de los derechos de las personas trans como parte indivisible de la lucha contra la reacción. El Ministerio de Educación y Cultura debe asumir su responsabilidad política y cancelar la emisión de contenidos que incitan a la violencia. La convivencia democrática exige cortar de raíz la financiación estatal y la tribuna pública a la propaganda fascista.
