Este miércoles 10 de junio el PIT-CNT realizará un paro general parcial con movilizaciones en todo el país. La medida, resuelta por la Mesa Representativa de la central sindical, se desarrollará entre las 9 y las 13 horas y tendrá su principal concentración en el Cerro de Montevideo, en la zona de Santín Carlos Rossi, frente al local del APEX. La convocatoria sintetiza una serie de reivindicaciones que atraviesan el actual escenario político y económico: trabajo, salario, educación, seguridad social, reducción de la jornada laboral, fortalecimiento de las empresas públicas y una rendición de cuentas que responda a las necesidades populares.
La resolución del paro fue adoptada el pasado 14 de mayo, pocas semanas después del acto del Primero de Mayo, donde el movimiento sindical había colocado sobre la mesa la necesidad de avanzar en transformaciones concretas luego del cambio de gobierno. Bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas; por justicia social, trabajo y salario”, la plataforma aprobada incorpora además una dimensión internacional, expresando rechazo a la guerra, defensa de la paz y solidaridad con los pueblos sometidos a agresiones y bloqueos.
El centro de la discusión está colocado en la próxima Rendición de Cuentas. El gobierno ha adelantado que el margen fiscal será extremadamente reducido y que los recursos adicionales surgirán fundamentalmente de reasignaciones presupuestales internas. El Ministerio de Economía ha planteado una rendición de cuentas sin expansión significativa del gasto, priorizando algunos programas vinculados a infancia, seguridad y situaciones de emergencia social. Desde el movimiento sindical se observa con preocupación esta orientación, entendiendo que resulta insuficiente para atender los déficits acumulados en educación, salud, vivienda, empleo y políticas sociales.
La preocupación sindical no es solamente presupuestal. Existe una evaluación crítica respecto a la distancia entre las expectativas generadas durante la campaña electoral y las medidas efectivamente implementadas en estos primeros meses de gobierno. Dirigentes del PIT-CNT han señalado que buena parte de los compromisos asumidos aún no se han traducido en decisiones concretas, particularmente en áreas vinculadas al empleo, la inversión social y la seguridad social.
En ese marco adquiere relevancia una de las propuestas más visibles de la plataforma: la aplicación de una sobretasa del 1% al 1% más rico de la población. La iniciativa es presentada por la central sindical como un mecanismo para obtener recursos destinados a combatir la pobreza infantil y financiar políticas públicas estratégicas. La propuesta parte de una constatación ampliamente reconocida: Uruguay mantiene niveles de desigualdad significativamente menores que otros países de América Latina, pero continúa registrando elevados niveles de pobreza entre niños, niñas y adolescentes, mientras la riqueza permanece fuertemente concentrada en una minoría. Para el PIT-CNT, la discusión sobre la distribución de la carga tributaria debe ocupar un lugar central en el debate presupuestal.
Otro de los ejes del paro refiere al balance del Diálogo Social sobre seguridad social. El movimiento sindical participó activamente de ese ámbito y considera que varios de los consensos alcanzados representan avances respecto a la reforma aprobada durante el gobierno anterior. Sin embargo, existe preocupación por la lentitud en la implementación de medidas concretas y por la ausencia de definiciones presupuestales que permitan materializar los acuerdos alcanzados. La plataforma del paro reclama expresamente la “instrumentación de los avances del diálogo social en seguridad social”, señalando que las conclusiones de ese proceso no pueden quedar reducidas a recomendaciones sin consecuencias prácticas.
La evaluación es todavía más crítica cuando se observa el resultado del plebiscito sobre seguridad social realizado junto a las elecciones nacionales de 2024. Aunque la reforma constitucional propuesta no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada, más de un millón de uruguayos respaldaron modificaciones profundas al sistema previsional. Entre los planteos centrales figuraban la eliminación de las AFAP como administradoras privadas obligatorias, la reducción de la edad jubilatoria y la consagración constitucional de una jubilación mínima equivalente al salario mínimo nacional. Desde el movimiento sindical se entiende que ese caudal de apoyo expresó una demanda social significativa que no puede ser ignorada. Sin embargo, hasta el momento no se observan avances sustanciales en esas direcciones, lo que alimenta la percepción de que el debate sobre seguridad social continúa condicionado por restricciones fiscales y por la defensa de intereses económicos vinculados al sistema vigente.
La movilización del 10 de junio también incorpora reivindicaciones históricas del movimiento sindical. Entre ellas figuran el reclamo por una estrategia nacional de desarrollo orientada a la generación de empleo de calidad, la defensa de la negociación colectiva, el fortalecimiento de las empresas públicas, la asignación del 6% del PIB para ANEP y Udelar más un 1% para investigación científica, así como la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. La central sindical sostiene que estas medidas no constituyen demandas sectoriales aisladas, sino componentes de una estrategia de desarrollo capaz de enfrentar la desindustrialización, la precarización del empleo y las crecientes desigualdades sociales.
Por estas razones, el paro general parcial trasciende la discusión inmediata sobre salarios o condiciones laborales. La medida expresa una disputa política más amplia acerca de las prioridades que deberán orientar la Rendición de Cuentas y el rumbo general del gobierno en sus primeros años. La cuestión de fondo es quién asumirá los costos de las restricciones fiscales actuales y qué sectores sociales serán priorizados en la asignación de recursos públicos. En ese escenario, el movimiento sindical busca instalar una alternativa basada en una mayor inversión social, una reforma tributaria más progresiva y avances concretos en materia de seguridad social, empleo y desarrollo nacional.