Después de más de una semana de huelga de hambre frente al edificio de Presidencia de la República, ocho trabajadores de la empresa CLALDY levantaron hoy la medida de fuerza luego de que se firmara un acuerdo con la empresa y las organizaciones sindicales que los respaldaron durante todo el conflicto. La protesta termina con un compromiso de extensión del seguro de desempleo y un esquema de apoyo, sin reincorporación inmediata.
El conflicto se originó en despidos antisindicales, al producirse en un contexto de fuerte organización interna de los trabajadores y como reacción empresarial ante la actividad colectiva dentro de la planta. Para los sindicatos intervinientes, los despidos no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón que afectaba el derecho de los trabajadores a organizarse y actuar colectivamente.
Frente a la intransigencia de la empresa en las primeras instancias de negociación, y ante lo que se consideró un estancamiento de la mediación tradicional, los trabajadores optaron por instalar una huelga de hambre como forma de protesta extrema. Esta medida buscó generar las condiciones materiales para forzar un replanteo de la posición patronal.
El acuerdo rubricado el 12 de diciembre de 2025 en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) contiene varios compromisos formales. En primer término, se establece que se deja sin efecto el despido de los ocho trabajadores involucrados y que la empresa tramitará ante el Banco de Previsión Social (BPS) la modificación de la causal que dio lugar al seguro de desempleo, transformando la extinción del contrato en una suspensión del mismo. Este ajuste no sólo altera la calificación jurídica de la relación laboral, sino que evita que los trabajadores queden desvinculados sin protección.
El acuerdo también prevé que, al vencerse el plazo del seguro de desempleo por suspensión, la empresa, junto con el sindicato, presentará la solicitud de prórroga ante la DINASS. Durante la vigencia de esa cobertura, los trabajadores podrán participar en cursos de capacitación y reconversión laboral ofrecidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), herramientas orientadas a fortalecer sus capacidades en el mercado de trabajo.
Como parte de los compromisos asumidos, CLALDY se comprometió a mantener incambiado el número total de su plantilla hasta el 15 de agosto de 2026, con libertad para contratar personal en caso de bajas imprevistas. Si bien no implica la reinstalación laboral de los trabajadores que protagonizaron la huelga de hambre, esta disposición define un piso de estabilidad colectivo para el resto de la fuerza laboral.
Además, se acordó la conformación de una comisión integrada por representantes de CILU, CLALDY, PIT-CNT, FTIL, TUCLA y el MTSS, con el mandato de buscar alternativas de empleo para los trabajadores afectados, priorizando sus zonas de residencia. Esta instancia de seguimiento comenzará a trabajar el 19 de enero de 2026, lo que da continuidad a los compromisos más allá de la finalización de la protesta.
En un comunicado difundido tras la firma del acta, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) valoró el resultado como un reconocimiento a la resistencia de los trabajadores y al respaldo de la concertación sindical. La declaración subraya que la salida negociada no sólo puso fin a la huelga de hambre, sino que también corrigió una situación que, desde la mirada de las organizaciones, constituía una vulneración del ejercicio sindical.
El levantamiento de la huelga de hambre marca el cierre de la etapa más visible del conflicto. Sin embargo, abre una fase de implementación de los compromisos acordados, donde el seguimiento de las autoridades sindicales y la efectividad de las medidas pactadas serán determinantes para evaluar los resultados reales del proceso. Lo que queda planteado es una discusión más amplia sobre los límites de la acción empresarial frente a la organización sindical y las formas en que la movilización colectiva puede generar cambios en situaciones de tensión laboral profunda.