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Cada 14 de agosto el movimiento estudiantil uruguayo vuelve sobre una fecha que pertenece a la historia del movimiento popular. En 1968, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y bajo Medidas Prontas de Seguridad, la represión policial alcanzó a una movilización estudiantil que reclamaba presupuesto para la Universidad y boleto estudiantil. El 12 de agosto, el estudiante de Odontología Líber Arce recibió un disparo por parte de la policía. Murió dos días después, el 14 de agosto, en el Hospital de Clínicas. Tenía 28 años.
La muerte de Arce inauguró una secuencia de asesinatos de estudiantes que acompañó el proceso de deterioro democrático y posterior instauración de la dictadura. Hugo de los Santos y Susana Pintos fueron asesinados en septiembre de 1968. En los años siguientes serían asesinados, entre otros, Hebert Nieto, Manuel Ramos Filippini, Julio Spósito, Ibero Gutiérrez, Nelson Rodríguez, Joaquín Klüver, Ramón Peré, Walter Medina y Nibia Sabalsagaray. La fecha del 14 de agosto quedó así vinculada a la memoria de quienes fueron perseguidos y asesinados por su militancia y, particularmente, a la defensa de la educación pública.
La reivindicación presupuestal estaba presente en aquella movilización de 1968 y vuelve a estar en el centro de la convocatoria de 2026. La continuidad histórica no está dada por la repetición de las mismas circunstancias políticas, que son diferentes, sino por una cuestión material: la educación pública requiere recursos, y la definición de esos recursos expresa prioridades sociales concretas.
El presupuesto muestra las prioridades
Uruguay realizó desde mediados de la década de 2000 un crecimiento importante del gasto educativo. El gasto público en educación pasó de alrededor de 3% del PIB en 2004 a 4,8% en 2013 y se ubicó en torno a 4,8%-4,9% en 2023-2024. La serie del INEEd muestra un crecimiento particularmente fuerte entre 2004 y 2009, cuando la participación aumentó 1,2 puntos del PIB, y otro incremento entre 2014 y 2019, de 0,6 puntos. Entre 2019 y 2024, en cambio, el gasto educativo mantuvo prácticamente estable su participación en el producto.
El dato importa porque permite separar dos discusiones que suelen mezclarse. Una cosa es que el gasto educativo sea hoy mayor, en términos reales, que veinte años atrás. Otra es determinar si ese crecimiento acompaña las necesidades de un sistema que también se expandió y que debe atender una matrícula mayor, nuevas demandas sociales, infraestructura, equipos multidisciplinarios, becas, formación docente, investigación y descentralización.
En 2024 el crédito presupuestal total destinado a educación alcanzó los $159.493 millones a valores constantes de 2024. Allí se incluyen ANEP, la Universidad de la República, UTEC, educación policial y militar, primera infancia, Plan Ceibal, boleto estudiantil y otras partidas.
La ANEP concentra la mayor parte de esos recursos. En 2023 representó el 67% del gasto público educativo y ejecutó $98.525 millones. El 86% correspondió a remuneraciones, 9% a funcionamiento y 4% a inversiones. ANEP atiende aproximadamente al 85% de los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria del país y, además, concentra la formación docente y la educación tecnológica a través de UTU.
El problema actual aparece al observar la evolución proyectada. El proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo para 2025-2029 llevó el gasto educativo desde 4,83% del PIB en 2024 hacia 4,34% en 2029. Las reasignaciones introducidas posteriormente en Diputados elevaron la proyección para 2029 apenas hasta 4,37%. Según la CSEU, esas modificaciones cubrieron aproximadamente 20% de lo solicitado por ANEP, menos de 10% de lo requerido por la Udelar y alrededor de 19% de la demanda de UTEC.
Por eso el reclamo del 6% del PIB para educación y 1% para investigación no constituye una cifra aislada. Se trata de una disputa por la proporción del producto social que se destina a reproducir y ampliar las capacidades educativas, científicas y culturales del país. El propio PIT-CNT ha reafirmado esa reivindicación como posición histórica de la central sindical.
La contradicción se vuelve más visible cuando se observan las necesidades concretas. ANEP señaló déficits estructurales en infraestructura, limpieza, vigilancia y programas de acompañamiento. Desde la CSEU se advirtió, además, que existen políticas actualmente en funcionamiento que podrían quedar sin financiamiento. Se mencionó un déficit de aproximadamente $900 millones en el Centro de Formación en Educación y otro monto similar asociado a UTU, además de dificultades para financiar programas de acompañamiento en Secundaria.
La discusión presupuestal, entonces, no se reduce al salario docente. En ella se decide cuántos cargos pueden crearse, cuántos estudiantes tendrá cada grupo, qué infraestructura estará disponible, cuántos equipos multidisciplinarios podrán funcionar, qué becas recibirán los estudiantes y qué posibilidades tendrá el sistema de ampliar su cobertura. Es decir, el presupuesto define las condiciones de trabajo y de acceso a la enseñanza.
Demandas gremiales y sindicales
En Magisterio, el reclamo combina las necesidades de quienes trabajan en las escuelas con las de quienes se están formando para hacerlo. La FUM-TEP viene reclamando alcanzar el 6% del PIB para educación más 1% para investigación y ha señalado problemas concretos en cargos docentes, infraestructura, auxiliares y equipos multidisciplinarios. También planteó la extensión horaria de 900 funciones de 30 a 40 horas y un incremento salarial adicional de 0,6%.
La Asociación de Maestros de Montevideo, por su parte, sintetizó algunas de las necesidades inmediatas: creación de cargos, tutorías, auxiliares y equipos técnicos; universalización y anualización del programa de Maestras Comunitarias; un plan de obras y reparaciones; mobiliario adecuado y condiciones térmicas de los locales; y la equiparación salarial y horaria del área artística.
Desde el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), la cuestión presupuestal tiene otra dimensión: las condiciones materiales en las que se forman los futuros docentes. El CEM integra históricamente el movimiento estudiantil de Formación en Educación y ha participado de plataformas que vinculan presupuesto, becas, condiciones de estudio y construcción de una formación docente pública con autonomía y participación estudiantil.
En Secundaria, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) convocó para este 11 de agosto un paro nacional de 24 horas. El reclamo se concentra en la necesidad de mayores recursos para el sistema educativo y en condiciones que permitan atender los problemas que se expresan cotidianamente en los liceos. La CSEU señala entre las prioridades la reducción del número de estudiantes por grupo, la creación de cargos, la infraestructura y el fortalecimiento de las políticas de acompañamiento.
El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (CEIPA) incorpora a esta discusión la situación de la Formación en Educación. En julio, CEIPA y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación ocuparon el IPA en rechazo al plan de ANEP para la titulación de docentes en ejercicio. Las organizaciones estudiantiles de Formación en Educación han vinculado además sus reclamos a la histórica reivindicación del 6% más 1%, a la creación de una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada y a mejores condiciones de estudio.
En UTU, la discusión adquiere un énfasis particularmente vinculado al desarrollo productivo. La Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) señala que existe una demanda creciente que el sistema no logra atender: hay familias que eligen la educación técnica como primera opción después de la escuela y estudiantes que quedan fuera por falta de cupos. El mensaje presupuestal de ANEP para este sector había priorizado una inversión cercana a $3.200 millones, mientras que el Poder Ejecutivo incluyó apenas $300 millones, aproximadamente 10% de lo solicitado. Para la expansión de la oferta terciaria de UTU se previeron $85 millones, una cifra que el sindicato considera insuficiente.
AFUTU también plantea que la expansión de UTU requiere más centros, funcionarios y propuestas educativas. La discusión tiene una dimensión política relevante: qué función cumple la educación técnica en el modelo de desarrollo nacional. El sindicato sostiene que la formación técnica debe vincularse con la producción y el trabajo sin quedar subordinada exclusivamente a las necesidades inmediatas del mercado laboral.
Desde la Coordinadora de Estudiantes de UTU (CEU), el movimiento estudiantil ha acompañado históricamente la lucha presupuestal y ha desarrollado medidas como ocupaciones de centros educativos. En 2025, estudiantes de UTU ocuparon establecimientos para reclamar mayor presupuesto. La demanda expresa una cuestión elemental: una educación técnica pública que se expande en matrícula y relevancia social necesita infraestructura y recursos que acompañen esa expansión.
La Universidad frente a una matrícula que crece
La situación de la Universidad de la República muestra la misma contradicción en otro nivel. La Universidad recibe cada año más estudiantes, amplía su presencia territorial y sostiene una parte central de la investigación científica nacional, pero la cantidad de docentes y funcionarios no ha acompañado ese crecimiento.
En 2025, la Udelar había solicitado un incremento acumulado del 52% de su presupuesto durante el quinquenio. El Poder Ejecutivo asignó inicialmente un incremento de apenas 1,8%. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) señaló entonces que aproximadamente la mitad de las becas estudiantiles evaluadas y aprobadas habían quedado sin financiamiento: 3.409 estudiantes. También denunció el deterioro de la relación entre horas docentes y cantidad de estudiantes.
El problema continúa en 2026. ADUR ha reclamado mayor presupuesto para educación, ciencia y tecnología, nuevos cargos, fortalecimiento de la carrera docente y atención a la precarización de las condiciones de estudio y trabajo. El gremio también ha señalado la situación de unos 500 cargos de grado 1 que enfrentan dificultades de continuidad al finalizar el año y la necesidad de recursos para nuevas incorporaciones.
La organización docente denunció además que el presupuesto asignado en el quinquenio anterior representó apenas 3,5% de lo solicitado en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Udelar: poco más de US$ 11 millones frente a casi US$ 350 millones requeridos al final del período. Entre las consecuencias señaladas están la falta de recursos para becas, investigación, extensión, nuevos ingresos al Régimen de Dedicación Total, carrera docente y funcionarios.
AFFUR incorpora la dimensión de los trabajadores técnicos, administrativos y de servicios. Su plataforma histórica incluye el 6% del PIB para ANEP y Udelar, la recuperación salarial, concursos y carrera funcional, fortalecimiento de la descentralización universitaria y financiamiento adecuado del Hospital de Clínicas. La lucha presupuestal universitaria es también, por tanto, una lucha por las condiciones laborales que hacen posible que la institución funcione.
La FEUU plantea el problema desde el derecho efectivo a estudiar. Una Universidad pública gratuita puede mantener formalmente el acceso abierto y, al mismo tiempo, producir mecanismos materiales de exclusión cuando faltan becas, horas docentes, infraestructura y funcionarios. Cuando miles de estudiantes que cumplen las condiciones para recibir una beca quedan afuera por falta de recursos, la gratuidad jurídica no alcanza para garantizar igualdad real de acceso y permanencia.
Una disputa por el rumbo del país
Los sindicatos de la enseñanza han planteado una alternativa concreta: alcanzar el 6% del PIB para educación y 1% para investigación, junto con una redistribución que permita financiar las necesidades acumuladas. El PIT-CNT ha incorporado además el reclamo de gravar al 1% más rico para financiar políticas sociales, incluida la respuesta a la pobreza infantil.
Esta discusión adquiere especial importancia porque la educación pública cumple funciones que exceden la transmisión de conocimientos. Forma trabajadores, profesionales e investigadores; produce conocimiento; sostiene servicios de salud; desarrolla capacidades científicas y tecnológicas; y permite que sectores populares accedan a niveles de formación que el mercado, por sí solo, distribuiría según capacidad de pago.
En una economía dependiente como la uruguaya, esa capacidad tiene además un factor nacional. La investigación pública, la formación científica, la educación técnica y la expansión territorial de la Universidad constituyen instrumentos para ampliar las capacidades productivas del país. La insuficiencia presupuestal no se expresa únicamente en un edificio deteriorado o en un grupo demasiado numeroso: también limita las posibilidades de construir una estructura productiva menos subordinada y con mayor capacidad de apropiación nacional del conocimiento.
La historia del 14 de agosto permite entender por qué la defensa presupuestal forma parte de la memoria del movimiento estudiantil. Líber Arce fue asesinado durante una movilización que tenía entre sus reivindicaciones el presupuesto universitario y el boleto estudiantil.
Cincuenta y ocho años después, el conflicto se desarrolla bajo otras condiciones políticas y mediante otros instrumentos. Pero la pregunta material permanece: ¿qué recursos está dispuesto a destinar el gobierno para garantizar una educación pública que responda a las necesidades de las mayorías?
La respuesta se está construyendo en las calles.
Este martes 11 de agosto, los sindicatos de la educación paran durante 24 horas y se movilizan junto al paro general parcial convocado por el PIT-CNT. La concentración está prevista en la explanada de la Udelar, desde donde partirá la movilización. FUM-TEP, Fenapes, AFUTU y los sindicatos de Formación en Educación participan de la jornada de lucha.
Y el jueves 14, el movimiento estudiantil volverá a encontrarse en la calle. La marcha de los mártires estudiantiles parte a las 18 horas desde la explanada de la Udelar y constituye, una vez más, el punto de encuentro de CEM, CEIPA, los gremios estudiantiles de Secundaria, la Coordinadora de Estudiantes de UTU y la FEUU.
Recordar a Líber Arce implica comprender por qué fue asesinado. Recordar a los mártires estudiantiles implica reconocer las condiciones políticas y sociales de su lucha. Y conmemorar el 14 de agosto en 2026 implica discutir qué educación pública se quiere financiar y qué lugar ocupa en el proyecto de país.