Cada año el Poder Ejecutivo presenta al Parlamento la Rendición de Cuentas, un proyecto de ley que cumple dos funciones. Por un lado, informa cómo se ejecutó el presupuesto aprobado anteriormente, es decir, en qué se gastaron efectivamente los recursos públicos. Por otro, propone modificaciones presupuestales para los años siguientes, reasignando recursos o incorporando nuevas partidas. Aunque suele presentarse como una discusión técnica, en realidad constituye uno de los principales debates políticos del año: expresa cuáles son las prioridades del gobierno, qué problemas considera más urgentes y hasta dónde está dispuesto a utilizar la capacidad económica del Estado.
La primera Rendición de Cuentas del gobierno encabezado por Yamandú Orsi marca un cambio de orientación respecto al período 2020-2025. Frente a cinco años en los que predominó la contención del gasto, el proyecto incorpora un incremento de aproximadamente US$ 31 millones para 2026, que se suman a US$ 50 millones ya previstos para 2027, totalizando una expansión de US$ 81 millones. Los recursos adicionales se concentran principalmente en educación, salud, infancia, protección social, seguridad y funcionamiento de diversos organismos públicos.
Ese cambio existe y sería incorrecto ignorarlo. Sin embargo, también sería un error exagerar su alcance.
Los US$ 81 millones representan alrededor del 0,1 % del Producto Interno Bruto (PBI) uruguayo. Se trata de una expansión fiscal acotada frente a un país que continúa enfrentando problemas estructurales: pobreza infantil persistentemente elevada, un déficit habitacional que afecta a decenas de miles de hogares, un sistema educativo con importantes rezagos, dificultades de acceso a la salud mental, salarios insuficientes en amplios sectores de la economía y una estructura productiva crecientemente dependiente de actividades primarias y de bajo valor agregado.
La principal característica de esta Rendición de Cuentas no es el incremento del gasto, sino los límites que el propio gobierno decide no atravesar. Se mantienen la regla fiscal, las metas de resultado fiscal y el enfoque general de prudencia macroeconómica. En otras palabras, el Estado aumenta moderadamente su capacidad de intervención sin cuestionar los instrumentos que restringen esa misma capacidad.
Esa decisión tiene consecuencias políticas concretas. Si el margen presupuestal permanece reducido, las políticas públicas sólo pueden expandirse lentamente, aun cuando las necesidades sociales sean mucho mayores. La discusión deja entonces de ser exclusivamente cuánto gasta el Estado y pasa a ser quién financia ese gasto.
En ese terreno la continuidad resulta más evidente que el cambio. La Rendición de Cuentas no propone modificaciones sustanciales en la estructura tributaria. Uruguay continúa apoyándose fuertemente en impuestos al consumo, mientras la tributación sobre el patrimonio, determinadas rentas del capital y los grandes grupos económicos conserva un peso relativamente reducido. El problema no consiste únicamente en cuánto recauda el Estado, sino en la distribución social del esfuerzo fiscal.
Este punto permite establecer una comparación histórica que resulta inevitable.
Cuando el Frente Amplio nació en 1971 presentó un programa de transformaciones estructurales. Planteó la reforma agraria para enfrentar la concentración de la tierra, la nacionalización del sistema bancario, el monopolio estatal del comercio exterior, una profunda reforma tributaria, la planificación democrática de la economía y la recuperación del control nacional sobre los sectores estratégicos, pero existía una caracterización clara: las desigualdades sociales eran consecuencia de una estructura económica concentrada y dependiente, por lo que resolverlas exigía modificar esa estructura.
Más de cinco décadas después, el horizonte programático es considerablemente más acotado. La discusión se concentra en administrar con mayor eficiencia los recursos disponibles, mejorar la calidad del gasto, fortalecer determinados programas sociales y mantener los equilibrios macroeconómicos. Son objetivos legítimos, pero representan un cambio de escala respecto a las transformaciones que dieron origen al Frente Amplio.
Esta evolución programática también tiene implicancias para el sistema político. La progresiva moderación de los programas de gobierno termina consolidando una lógica de alternancia en la que las diferencias entre los grandes bloques se expresan principalmente en la intensidad de las políticas sociales y no en el modelo de desarrollo. La llamada “conciliación nacional”, entendida como la búsqueda permanente de acuerdos dentro de los límites fijados por el gran capital y los organismos financieros internacionales, reduce el margen para discutir transformaciones estructurales y convierte la disputa electoral, cada vez más, en una administración alternativa de un mismo esquema económico.
La diferencia no es simplemente discursiva. Mientras el programa fundacional proponía alterar las relaciones de propiedad y ampliar el control público sobre los principales resortes de la economía, las propuestas actuales parten de la aceptación del funcionamiento general del modelo económico y buscan corregir sus efectos mediante políticas redistributivas limitadas. La desigualdad deja de analizarse principalmente como un problema de concentración de la riqueza para abordarse como un problema de insuficiencia de recursos públicos.
Esa moderación programática también se refleja en la ausencia de iniciativas orientadas a fortalecer el papel de las empresas públicas como motores del desarrollo, impulsar una política industrial de largo plazo, revisar los regímenes de exoneraciones tributarias al gran capital o discutir nuevas formas de captación de las rentas extraordinarias. Sin modificar esos aspectos, el espacio fiscal disponible seguirá siendo reducido y las respuestas estatales tenderán a ser necesariamente parciales.
Las limitaciones de este enfoque no son únicamente económicas. También tienen consecuencias políticas. Cuando un gobierno identificado con la izquierda administra con mayor eficiencia el mismo marco económico sin proponer transformaciones de fondo, las expectativas de amplios sectores populares comienzan a erosionarse. La percepción de que los cambios prometidos no modifican sustancialmente las condiciones materiales de vida favorece el desencanto y debilita la capacidad de la izquierda para construir una mayoría social duradera. Las primeras mediciones de opinión pública muestran que el gobierno enfrenta niveles de aprobación considerablemente menores a los que tuvieron anteriores administraciones del Frente Amplio en etapas comparables, una señal que debería ser analizada con seriedad y no atribuida únicamente a problemas de comunicación o a las dificultades heredadas.
La Plataforma Inmediata de Congreso del Pueblo parte de un diagnóstico diferente. Sostiene que el financiamiento de las políticas públicas requiere una reforma tributaria progresiva que traslade la carga hacia los sectores de mayor capacidad contributiva, junto con una reforma agraria que enfrente la concentración de la tierra, la nacionalización del sistema bancario, el monopolio estatal del comercio exterior y una política de control de los recursos estratégicos nacionales. A eso suma el fortalecimiento de las empresas públicas como palancas del desarrollo, una estrategia de industrialización con agregado de valor, la defensa del trabajo y del salario, el acceso universal a la vivienda, la salud, la educación y la seguridad social, y un Estado con capacidad real de planificar la economía en función de las necesidades sociales. No se trata únicamente de aumentar el gasto, sino de transformar las condiciones que determinan cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza.
La actitud de la oposición durante esta Rendición de Cuentas también merece una reflexión. La Coalición Republicana resolvió votar en contra de partidas que benefician directamente a sectores con necesidades objetivas, aun cuando muchas de ellas buscan recomponer áreas deterioradas durante su propio gobierno. La apuesta parece orientarse a generar mayores dificultades políticas al Poder Ejecutivo antes que contribuir a resolver problemas concretos de la población. Más que una discrepancia técnica sobre la asignación de recursos, la decisión revela una estrategia de desgaste político que utiliza las propias necesidades sociales como terreno de confrontación.
Esta situación también interpela al Frente Amplio. Durante el período 2020-2025, una parte importante de su dirección reivindicó la idea de ejercer una “oposición responsable”, privilegiando acuerdos institucionales y moderando la confrontación parlamentaria frente a iniciativas que implicaron retrocesos en derechos, salarios y políticas públicas. La experiencia demuestra que esa conducta no encontró reciprocidad. La derecha no ha tenido reparos en ejercer una oposición frontal cuando considera que ello fortalece su posición política. Más que abandonar la responsabilidad institucional, corresponde realizar una autocrítica sobre los límites de una estrategia que confundió responsabilidad con moderación política y terminó dejando amplios márgenes de acción a un gobierno que impulsó un programa claramente regresivo.
La Rendición de Cuentas 2026 constituye, por tanto, una corrección respecto al ciclo de ajuste anterior, pero no una ruptura con las restricciones estructurales de la economía uruguaya. Amplía parcialmente la capacidad de acción del Estado, aunque evita discutir los mecanismos de concentración de la riqueza que limitan esa capacidad. Esa es, probablemente, su principal contradicción: reconoce necesidades sociales crecientes, pero responde a ellas con instrumentos cuya escala permanece muy por debajo de la magnitud de los problemas que pretende resolver. Solo con lucha podremos avanzar hacia un gobierno de cara al pueblo.