Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social instalaron este lunes 17 de agosto una carpa frente a la Torre Ejecutiva para reclamar una solución al problema de los atrasos salariales que arrastran desde hace más de un año. La medida, impulsada por el Núcleo de Contingencia del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), profundiza un conflicto que ya atravesó paros, movilizaciones, ollas populares y campañas de solidaridad.
El reclamo tiene una dimensión inmediata y otra estructural. La inmediata es sencilla: cobrar el salario en fecha. La segunda apunta directamente al mecanismo mediante el cual el Estado organiza una parte importante de sus políticas sociales. SUTIGA reclama un fideicomiso que garantice el pago de los salarios, un acuerdo de permanencia que asegure la continuidad laboral ante eventuales cambios de las organizaciones contratadas y la presupuestación de determinados servicios y proyectos. También sostiene como reivindicación de fondo la eliminación de las tercerizaciones en las políticas sociales.
La situación no apareció de un día para otro. En marzo, SUTIGA denunciaba que los atrasos afectaban aproximadamente a mil trabajadores tercerizados. El sindicato señalaba entonces que, pese al mecanismo anunciado por el MIDES en diciembre de 2025 para solucionar los problemas derivados de las rendiciones de las organizaciones sociales, en marzo continuaban existiendo atrasos en más de diez organizaciones y trabajadores que incluso no habían podido tomar licencia.
En julio la situación seguía sin resolverse. Los trabajadores habían comenzado a organizar ollas populares y campañas para recolectar alimentos e insumos de higiene destinados a compañeros que todavía no habían cobrado. Es difícil encontrar una expresión más concreta de la contradicción existente: trabajadores encargados de ejecutar políticas dirigidas a sectores socialmente vulnerables terminan necesitando mecanismos de solidaridad obrera para poder atravesar un incumplimiento salarial.
El problema tampoco puede reducirse a una cuestión administrativa entre el MIDES y las ONGs contratadas. La tercerización construye precisamente esa cadena de intermediaciones. El Estado define y financia una política pública, una organización gestiona el servicio y el trabajador queda sometido a una relación laboral cuyo funcionamiento depende de que toda la cadena administrativa y financiera opere correctamente. Cuando falla, la parte que dispone de menor capacidad económica es la que soporta las consecuencias.
SUTIGA viene señalando esta cuestión desde hace tiempo. En abril denunció una situación de “extrema precarización laboral” dentro del Estado y reclamó el fin de las tercerizaciones en la gestión de las políticas sociales. En mayo volvió a advertir sobre atrasos salariales, precarización y dificultades para desarrollar adecuadamente los dispositivos destinados a personas en situación de calle.
La precariedad tampoco se limita al día en que llega el salario. Según el planteo sindical, los contratos a término y la posibilidad de que una organización deje de gestionar determinado dispositivo generan incertidumbre sobre la continuidad laboral. Por eso la reivindicación de permanencia tiene un contenido específico: si cambia la ONG que administra un servicio, los trabajadores que ya desarrollan esas tareas deben ser reabsorbidos y conservar su antigüedad. La continuidad de una política pública no puede convertirse en una oportunidad para sustituir trabajadores y reiniciar sus relaciones laborales desde cero.
La experiencia acumulada demuestra además que la precarización laboral y la calidad de las políticas sociales forman parte del mismo problema. En 2025, trabajadores del MIDES ya denunciaban que los atrasos de las organizaciones tercerizadas impedían disponer de recursos suficientes para atender a mujeres, niños, niñas y adolescentes en los centros correspondientes. El sindicato advertía entonces que la tercerización diluía responsabilidades y dificultaba la exigibilidad de los derechos laborales.
En los dispositivos para personas en situación de calle la contradicción adquiere particular gravedad. Los trabajadores cumplen funciones indispensables en una política social dirigida a una población que atraviesa situaciones de extrema vulnerabilidad. El sindicato ha denunciado atrasos salariales y precarización precisamente mientras el Estado desarrolla sus operativos de atención durante el invierno. En mayo, SUTIGA señalaba que las demoras en los pagos continuaban afectando a trabajadores de distintas organizaciones que prestan funciones para el MIDES.
Por eso la carpa frente a Presidencia tiene un significado político que excede el reclamo de una deuda salarial. Los trabajadores están señalando dónde se encuentra la responsabilidad última de una política pública. Si el Estado determina qué servicios deben prestarse, cuánto dinero se destina y bajo qué condiciones se ejecutan, resulta difícil sostener que los problemas laborales son exclusivamente responsabilidad de la organización intermediaria. La tercerización puede fragmentar la relación jurídica, pero no elimina la responsabilidad política del Estado sobre las condiciones en que se desarrolla una política que él mismo financia y dirige.
El reclamo de un fideicomiso responde precisamente a esa experiencia. Los trabajadores no están pidiendo una solución abstracta: buscan impedir que el salario quede subordinado a las dificultades financieras, administrativas o de rendición de cuentas de las organizaciones intermediarias. En julio, trabajadores de SUTIGA denunciaban que continuaban existiendo organizaciones que no pagaban y reclamaban un mecanismo que asegurara que los recursos destinados a salarios efectivamente llegaran a los trabajadores.
La cuestión de fondo es quién absorbe el costo de la tercerización. Cuando el Estado contrata mediante intermediarios, puede presentar parte del gasto como contratación de servicios, mientras las organizaciones administran una fuerza de trabajo que resulta indispensable para ejecutar las políticas públicas. Pero el trabajador sigue vendiendo su fuerza de trabajo para realizar una tarea que responde a una necesidad social y que, en última instancia, es responsabilidad estatal. La fragmentación contractual no modifica esa realidad material.
La situación adquiere mayor relevancia porque el propio movimiento sindical viene colocando la destercerización como una reivindicación general. En julio, los sindicatos de los entes públicos movilizados frente a Torre Ejecutiva reclamaron el fin de la precarización y la presupuestación de trabajadores tercerizados, vinculando la defensa del empleo estable con la defensa de los servicios públicos.
La lucha de SUTIGA forma parte de esa contradicción más amplia. La tercerización permite al Estado disponer de trabajadores sin incorporarlos plenamente a su estructura laboral, mientras conserva el servicio que estos trabajadores prestan. Para el capital y para las administraciones públicas que utilizan este mecanismo, la ventaja está en trasladar parte de los costos y riesgos de la relación laboral. Para los trabajadores, esa misma operación aparece como incertidumbre, salarios atrasados, pérdida de antigüedad y dificultad para construir estabilidad.
La carpa frente a Torre Ejecutiva coloca entonces el conflicto en el lugar donde debe discutirse: frente al centro político del Estado. Los trabajadores ya agotaron distintas instancias de reclamo. Han parado, se han movilizado, han organizado ollas populares y han buscado mecanismos institucionales. Ahora permanecen en la calle porque el problema continúa.
Las nuevas medidas anunciadas por SUTIGA incluyen paros sorpresivos, la no aceptación de ingresos nocturnos en determinados centros, medidas de brazos caídos cuando faltan insumos para trabajar y la decisión de no concurrir el 25 de agosto, feriado no laborable pago. El sindicato también rechazó medidas que, según denunció, son direccionadas desde las propias patronales.
La posibilidad de una escalada del conflicto tampoco es menor. Según informó Caras y Caretas, SUTIGA incluso analiza la posibilidad de una huelga de hambre si no aparecen soluciones, mientras dirigentes sindicales señalaron que la situación ya genera trabajadores con dificultades para alimentarse y que las ollas y canastas solidarias se han convertido en mecanismos de emergencia.
El Estado tiene que garantizar que quienes sostienen sus políticas sociales cobren sus salarios, tengan estabilidad y dispongan de condiciones adecuadas para trabajar. Y una solución permanente exige discutir el modelo de tercerización que produce recurrentemente estas situaciones.
Los trabajadores tercerizados del MIDES están reclamando salario, estabilidad y trabajo digno. Pero su lucha plantea una cuestión más profunda: ¿puede una política social destinada a proteger derechos sostenerse sobre trabajadores cuyos propios derechos laborales permanecen sujetos a la precariedad?
La respuesta debe partir de una definición concreta: el trabajo que sostiene las políticas sociales es trabajo necesario para la sociedad y debe contar con derechos, estabilidad y protección. La presupuestación de los servicios, la eliminación progresiva de las tercerizaciones y la garantía efectiva del salario constituyen, desde esta perspectiva, parte de una misma disputa. La carpa instalada frente a Torre Ejecutiva expresa esa disputa y coloca al Estado ante una responsabilidad que no puede seguir trasladándose de una organización intermediaria a otra.
Mientras los trabajadores reclaman frente a Presidencia, el conflicto continúa abierto. Y mientras continúe abierto, la solidaridad del movimiento sindical resulta fundamental. Los trabajadores tercerizados del MIDES no están pidiendo una concesión: están reclamando el pago de su trabajo y las condiciones necesarias para seguir realizando una tarea indispensable para miles de personas.