Tabla de contenidos
- 1. El imperialismo no es un problema de regulación internacional
- 2. Las zonas de influencia ya existen, y Uruguay está dentro de una
- 3. La experiencia del Frente Amplio obliga a una autocrítica histórica
- 4. El imperialismo no puede analizarse sin la dependencia uruguaya
- 5. El acuerdo Mercosur-Unión Europea profundiza la inserción dependiente
- 6. El problema del capítulo es que identifica la contradicción internacional, pero no define una estrategia de clase
- 7. Palestina: frente al genocidio
- 8. Una orientación alternativa para el VIII Congreso
El Frente Amplio llega a su VIII Congreso en un contexto crítico para la humanidad. El imperialismo se encuentra reestructurando las formas de ejercicio de su dominación mediante la guerra, la presión económica, las sanciones, el control de las finanzas, la disputa por los recursos estratégicos y el disciplinamiento ejercido a través de los organismos internacionales. La crisis de la hegemonía yanqui no significa el fin inmediato del imperialismo. Por el contrario, agudiza las contradicciones entre las grandes potencias y vuelve más intensa la disputa por territorios, mercados, recursos naturales, rutas comerciales y condiciones de acumulación.
Esta situación exige que una fuerza política que se define antiimperialista realice un análisis concreto de las relaciones de fuerza internacionales y de su expresión específica en Uruguay. No alcanza con describir correctamente algunos fenómenos mundiales. Es necesario extraer conclusiones políticas para la acción del gobierno y para el trabajo de la fuerza política. El Congreso tiene, en este sentido, una responsabilidad que excede la formulación de un diagnóstico general: debe definir qué intereses sociales se defienden, qué obstáculos estructurales deben enfrentarse y qué correlación de fuerzas es necesario construir para avanzar en transformaciones profundas.
Esta discusión se desarrolla, además, en un momento particularmente delicado para el Frente Amplio. El gobierno atraviesa un fuerte cuestionamiento social y político. Las mediciones recientes muestran niveles de aprobación excepcionalmente bajos y, particularmente importante para una fuerza de izquierda, un deterioro significativo dentro de su propio electorado. Cifra registró en agosto un 26% de aprobación y un 57% de desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi; entre quienes votaron al Frente Amplio en 2024, la aprobación alcanzó el 48%, mientras el 32% desaprobó la gestión. Opción, en su medición del tercer trimestre, registró 19% de aprobación y 57% de desaprobación, con un 28% de desaprobación entre votantes frenteamplistas.
Estos datos no constituyen por sí mismos una explicación política. Sí expresan una contradicción que el Congreso debe analizar: una parte importante del electorado que llevó al Frente Amplio nuevamente al gobierno esperaba una orientación de izquierda que no identifica plenamente en la gestión. La discusión militante sobre el rumbo estratégico, la distancia entre las expectativas populares y determinadas decisiones del gobierno y la percepción de un pragmatismo electoralista que termina subordinando la política a la administración de lo posible no pueden resolverse mediante problemas de comunicación.
El Documento Base registra, en algunos aspectos, un avance terminológico significativo. Conceptos que en otros momentos fueron evitados o utilizados con mayor cautela aparecen ahora explícitamente: imperialismo, neocolonialismo, capital transnacional, subordinación, endeudamiento como mecanismo disciplinador, extractivismo, guerra imperialista. El propio §59 afirma que “la postura antiimperialista del Frente Amplio constituye un elemento identitario fundamental y estructurador”.
Este avance debe ser valorado. Sin embargo, el problema central aparece cuando se observa la relación entre esas categorías y las conclusiones políticas. En varios pasajes el documento incorpora una terminología más “radical” sin producir una modificación equivalente en la concepción estratégica. El resultado es una caracterización que puede identificar correctamente algunos mecanismos del imperialismo y, al mismo tiempo, extraer conclusiones insuficientes para superarlos.
A esto se agrega un problema de forma que tiene consecuencias sobre el contenido. La redacción está cargada de formulaciones generales, categorías abstractas y afirmaciones que aparecen desconectadas de la práctica concreta del gobierno. En varios pasajes tiene las características de un texto producido mediante herramientas de inteligencia artificial o fuertemente asistido por ellas: acumulación de conceptos correctos, lenguaje académico aparentemente neutral, enumeración de fenómenos y escasa jerarquización política. El problema no es tecnológico. El problema es político. Un documento de Congreso debe partir de la realidad concreta, identificar contradicciones, evaluar responsabilidades y tomar posición. Una redacción que presenta todos los fenómenos como parte de una complejidad general corre el riesgo de diluir precisamente aquello que una orientación política debe determinar.
1. El imperialismo no es un problema de regulación internacional
El §9 sostiene que el sistema mundial funciona mediante una concentración extrema de la riqueza y agrega que este ciclo de acumulación “hasta el momento, carece de mecanismos eficaces de regulación o límites institucionales a escala global”.
La formulación introduce un problema conceptual importante. El imperialismo aparece presentado como un sistema cuyas consecuencias podrían ser corregidas mediante mecanismos de regulación todavía inexistentes o insuficientes. De esta manera, la crítica se desplaza desde las relaciones sociales que producen la desigualdad hacia la ausencia de instituciones capaces de administrarlas.
La cuestión es más profunda. El imperialismo constituye una fase del desarrollo capitalista en la que la concentración y centralización del capital, el predominio del capital financiero, la exportación de capitales, la formación de monopolios y la división del mundo entre grandes potencias y áreas dependientes estructuran las relaciones internacionales. El desarrollo desigual no es un defecto de funcionamiento del sistema que una mejor gobernanza pueda corregir. Es una consecuencia de las relaciones de producción y de las relaciones de poder que organizan la economía mundial.
Por eso, el problema no consiste en encontrar una regulación suficientemente eficaz para hacer compatible el imperialismo con una distribución justa de la riqueza. La tarea de una izquierda antiimperialista consiste en construir las condiciones materiales para superar las relaciones de dependencia, disputar el control de los recursos y modificar la inserción subordinada de nuestros países en la división internacional del trabajo.
El propio documento contiene elementos que permiten llegar a esta conclusión. El §68 reconoce que las condicionalidades del FMI y el Banco Mundial operan como mecanismos disciplinadores y que el endeudamiento “bloquea la diversificación productiva local”. Si estos organismos no son simplemente instituciones imperfectas de gobernanza, sino instrumentos que reproducen determinadas relaciones de poder, entonces la conclusión no puede limitarse a reclamar una gobernanza internacional más justa. Debe plantear cómo reducir la dependencia respecto de esas instituciones y cómo construir instrumentos propios de financiamiento, comercio, tecnología y planificación.
La propuesta no puede limitarse a utilizar las contradicciones del sistema internacional para ampliar los márgenes de autonomía dentro del capitalismo dependiente. Esa orientación mantiene la ilusión de que Uruguay puede alcanzar una soberanía sustantiva mediante una mejor negociación con las potencias, una diversificación de mercados o el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Desde el Partido Congreso del Pueblo afirmamos que la dependencia no se supera administrándola con mayor eficacia, sino enfrentando las relaciones de propiedad, poder y dominación que la reproducen.
Esto exige una política exterior y económica de ruptura con la subordinación imperialista y con los intereses de la oligarquía asociada al capital transnacional. Implica recuperar para el pueblo el control de los recursos estratégicos, nacionalizar los sectores fundamentales de la economía bajo gestión de los trabajadores y las mayorías populares, impedir que el excedente producido en el país sea apropiado por monopolios extranjeros, desconocer las condicionalidades de la deuda ilegítima y construir una planificación económica orientada a las necesidades sociales y no a la rentabilidad del capital.
La integración latinoamericana debe dejar de ser una plataforma para negociar mejores condiciones de inserción en el mercado mundial y convertirse en una estrategia de liberación continental. Eso supone avanzar hacia la coordinación política, económica y militar de los pueblos de la región; construir instrumentos financieros propios bajo control popular; complementar las capacidades productivas; defender la soberanía alimentaria, energética, tecnológica y territorial; y enfrentar colectivamente las bases militares, las sanciones, los tratados de libre comercio y los mecanismos de disciplinamiento imperialista.
Se trata de romper con toda subordinación imperialista y de construir una política internacionalista basada en la unidad de los pueblos, la solidaridad entre las clases trabajadoras y la lucha común contra el capital transnacional y las oligarquías. La soberanía no será concedida por ninguna potencia ni obtenida mediante acuerdos entre cancillerías: deberá ser conquistada por la movilización organizada de la clase trabajadora y del pueblo.
Por eso, la tarea del Frente Amplio no es administrar el capitalismo dependiente ni buscar un lugar más conveniente dentro del orden imperialista. Es construir una fuerza política capaz de enfrentar a las clases dominantes, organizar a las mayorías populares y abrir un proceso de profundizar la democracia “hasta sus últimas consecuencias”.
2. Las zonas de influencia ya existen, y Uruguay está dentro de una
El §12 realiza una caracterización relevante de la crisis del orden unipolar. Reconoce el surgimiento de los BRICS, su Nuevo Banco de Desarrollo y otras instituciones como espacios que “han enfrentado ese orden unipolar”. Sin embargo, el §14 sostiene: “Nuestra acción no debe orientarse hacia enmarcarnos en nuevas zonas de influencia”.
Aquí aparece una de las principales insuficiencias estratégicas del capítulo.
La expresión “nuevas zonas de influencia” no puede analizarse como si todas las relaciones internacionales fueran equivalentes. No estamos de acuerdo con la idea de que profundizar los vínculos con los BRICS implique simplemente sustituir una dependencia por otra. Los BRICS constituyen un bloque de complementariedad, cooperación y diplomacia entre países del Sur Global que buscan ampliar sus márgenes de autonomía frente al orden unipolar. La relación con Estados Unidos, en cambio, se inscribe en una lógica de subordinación, presión imperialista y guerrismo, expresada en su intervención militar, sus sanciones, sus bases, sus mecanismos de disciplinamiento financiero y su pretensión de preservar una hegemonía mundial. Equiparar ambas relaciones bajo la noción general de “zonas de influencia” borra una diferencia política fundamental. La soberanía popular exige reconocer esa contradicción y aprovechar los espacios de cooperación y complementariedad que contribuyan a debilitar la subordinación imperialista.
Pero si la formulación pretende afirmar que Uruguay no debería estar alineado con ninguna “zona de influencia”, es una trampa. Uruguay ya está inserto en una estructura internacional de dependencia.
Uruguay utiliza el sistema financiero internacional dominado por el dólar; participa de organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BID; organiza buena parte de su comercio y de su estructura productiva en función de la división internacional del trabajo; depende de capital extranjero; y mantiene una matriz exportadora basada fundamentalmente en productos primarios y agroindustriales.
Los datos recientes muestran la materialidad de esta inserción. En 2025, carne bovina, celulosa y soja representaron respectivamente 20%, 17% y 11% de las exportaciones de bienes. No se trata solamente de “comercio exterior”. Se trata de una estructura productiva que determina qué producimos, para quién producimos y qué lugar ocupamos en la división internacional del trabajo.
Por eso la discusión sobre las zonas de influencia debe comenzar por reconocer que la dependencia ya existe. La pregunta política no es cómo permanecer fuera de toda esfera de influencia, posibilidad inexistente para un país periférico dentro de la dinámica imperialista.
Esto implica asumir las contradicciones. La existencia de los BRICS y del Nuevo Banco de Desarrollo puede constituir una oportunidad para reducir la dependencia de las instituciones financieras dominadas por las potencias occidentales. La propia propuesta realizada a Uruguay por Dilma Rousseff para incorporarse al Nuevo Banco de Desarrollo señalaba que el país estaba en condiciones de acceder a financiamiento para infraestructura, salud, educación y tecnología.
No se trata de presentar al BRICS como una alternativa automáticamente emancipadora. China, Rusia, India y las demás potencias tienen intereses propios y relaciones económicas contradictorias. Una política marxista no sustituye el análisis del imperialismo estadounidense por una idealización de cualquier potencia emergente.
La orientación correcta consiste en otra cosa: aprovechar las contradicciones interimperialistas y las nuevas posibilidades de cooperación Sur-Sur para ampliar la autonomía de Uruguay y América Latina, sin subordinar la política exterior a ninguna potencia. La diversificación internacional solo adquiere contenido antiimperialista cuando forma parte de una estrategia consciente de superación de la dependencia.
La realidad actual demuestra la contradicción entre el discurso y la práctica. Mientras el documento reivindica la necesidad de ampliar los márgenes de autonomía, el gobierno mantiene una relación estrecha con los centros de poder económico y financiero norteamericanos. En abril de 2026, el ministro de Economía Gabriel Oddone desarrolló en Washington una agenda con empresas estadounidenses, inversores, organismos multilaterales, el Departamento de Estado, el Tesoro estadounidense, el FMI, el Banco Mundial y el BID, explícitamente orientada a consolidar a Uruguay como destino atractivo para la inversión.
En mayo, además, el presidente Yamandú Orsi visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz, desplegado por el Comando Sur, después de ser trasladado hasta la nave en una aeronave militar estadounidense. El propio presidente presentó la visita como expresión de una relación bilateral y de un diálogo permanente.
¿Cómo puede entonces sostenerse que Uruguay debe evitar las “zonas de influencia” sin analizar que ya existe una relación material de subordinación respecto del imperialismo norteamericano?
La propuesta debe ser clara: no sustituir una dependencia por otra, sino construir las condiciones materiales para dejar de depender. Eso implica profundizar la integración latinoamericana, desarrollar instrumentos financieros regionales, avanzar en mecanismos de compensación comercial en monedas nacionales (proceso de desdolarización), utilizar el Nuevo Banco de Desarrollo y otras instituciones del Sur Global cuando sean favorables a nuestros intereses, y desarrollar una política exterior de solidaridad con los pueblos.
3. La experiencia del Frente Amplio obliga a una autocrítica histórica
Existe aquí una diferencia importante con algunas críticas que aparecen actualmente dentro de la izquierda. El problema de la relación entre el Frente Amplio y el imperialismo no comienza con el gobierno de Yamandú Orsi. Tampoco comienza con la visita al USS Nimitz ni con la agenda de Oddone en Washington.
Es una contradicción presente en la experiencia de gobierno del Frente Amplio desde su primera llegada al Ejecutivo nacional.
El Documento Base recuerda correctamente el rechazo frenteamplista al ALCA en Mar del Plata y reivindica la construcción de espacios como CELAC y UNASUR. Pero una evaluación histórica completa debe incorporar también las contradicciones de los gobiernos frenteamplistas.
En 2006, Tabaré Vázquez se reunió con George W. Bush en la Casa Blanca. El propio archivo de Presidencia registra que ambos mandatarios acordaron trabajar para ampliar las relaciones comerciales y que Vázquez planteó avanzar en el intercambio comercial y en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Ese mismo proceso condujo posteriormente al TIFA con Estados Unidos, luego de que se descartara la firma de un TLC bilateral en las condiciones planteadas por Washington.
El acercamiento tuvo además una dimensión geopolítica vinculada al conflicto por las plantas de celulosa. Investigaciones periodísticas basadas en documentos diplomáticos estadounidenses muestran que el gobierno de Vázquez buscó respaldo de Washington frente al conflicto con Argentina.
En Haití, el Frente Amplio pasó de oponerse al envío de tropas durante el gobierno de Batlle a acompañar posteriormente la ampliación de la participación uruguaya en MINUSTAH durante el gobierno de Vázquez. La decisión produjo una fuerte crisis interna y la renuncia del diputado Guillermo Chifflet.
Estos hechos no invalidan la totalidad de la experiencia de los gobiernos frenteamplistas. El Frente Amplio impulsó reformas sociales importantes, fortaleció empresas públicas, rechazó el ALCA y participó en procesos de integración regional. Pero justamente por eso deben ser analizados en su contradicción.
La cuestión estratégica para el VIII Congreso es determinar por qué una fuerza política que se define antioligárquica y antiimperialista puede desarrollar, al mismo tiempo, políticas de acercamiento con el imperialismo, aceptar determinadas lógicas de inserción internacional y mantener una estructura económica dependiente.
La autocrítica debe alcanzar esta profundidad. Si solamente se analiza la desviación de los últimos años, se corre el riesgo de convertir un problema estructural en un problema de personas, estilos de gobierno o comunicación.
4. El imperialismo no puede analizarse sin la dependencia uruguaya
El capítulo describe extensamente el imperialismo en su dimensión internacional. El problema es que no desarrolla con la misma profundidad la forma concreta en que esas relaciones determinan la economía uruguaya.
El §68 reconoce que existe una lógica neocolonial en la que los países periféricos son convertidos en exportadores de materias primas. Pero el documento no realiza luego el paso indispensable: demostrar cómo esa estructura opera en Uruguay.
El país continúa inserto en una división internacional del trabajo caracterizada por la exportación de bienes primarios y productos con bajo grado relativo de elaboración. La carne bovina, la celulosa y la soja concentran una parte decisiva de la canasta exportadora. En 2025, esos tres productos representaron casi la mitad de las exportaciones de bienes. En 2026, los principales productos exportados continúan siendo carne bovina, celulosa y lácteos, mientras China, la Unión Europea y Brasil ocupan posiciones centrales como compradores.
Esta estructura debe ser analizada junto con la expansión del complejo forestal-celulósico, la producción sojera, las zonas francas, el ganado en pie, la dependencia tecnológica, la exploración de hidrocarburos, la prospección sísmica y la orientación de proyectos como el hidrógeno verde.
El patrón de acumulación nacional se organiza alrededor de la explotación y exportación de recursos y bienes primarios, mientras los segmentos de mayor valor agregado, tecnología, financiamiento y comercialización permanecen fuertemente vinculados al capital transnacional.
La discusión debe alcanzar entonces a las relaciones de propiedad y control. ¿Quién controla la tierra? ¿Quién controla las cadenas logísticas? ¿Quién financia las inversiones? ¿Quién controla la tecnología? ¿Quién captura la renta? ¿Qué parte del excedente permanece en Uruguay? ¿Qué capacidades industriales quedan en el país?
Sin responder estas preguntas, hablar de soberanía económica permanece en un plano declarativo.
La propuesta desde Congreso del Pueblo debe ser avanzar hacia una transformación de la matriz productiva orientada por las necesidades populares y no por las demandas del imperialismo. Esto supone recuperar capacidad de planificación estatal, desarrollar industrias nacionales, agregar valor a nuestros recursos, fortalecer empresas públicas, impulsar investigación científica y tecnológica, proteger sectores estratégicos, avanzar hacia una política nacional de soberanía alimentaria y energética y establecer condiciones mucho más exigentes para el capital transnacional.
La cuestión ambiental también debe ser incorporada desde esta perspectiva. La transición energética no puede significar simplemente una nueva fase del extractivismo orientada a abastecer las necesidades tecnológicas y energéticas de los negocios extranjeros con agua y electricidad gratis. El hidrógeno verde, el litio regional, la producción de energía y los recursos naturales deben ser considerados estratégicamente desde las necesidades de los pueblos y desde la propiedad y control sobre los procesos productivos.
5. El acuerdo Mercosur-Unión Europea profundiza la inserción dependiente
El problema señalado anteriormente adquiere una expresión concreta en el tratamiento que el capítulo realiza del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El §54 lo define como “un hito para la inserción internacional del país” y destaca las oportunidades comerciales, de inversión y cooperación que generaría.
La caracterización es unilateral. El acuerdo puede ampliar mercados, pero eso no determina por sí mismo una transformación progresiva de la estructura económica. La pregunta central para una fuerza de izquierda debe ser qué tipo de producción será estimulada por esa apertura y qué lugar ocupará Uruguay dentro de esa relación comercial.
Los propios datos oficiales muestran el carácter dependiente de la inserción. En 2025 la Unión Europea fue el tercer destino de las exportaciones uruguayas de bienes, y la celulosa representó 37% de las ventas uruguayas al bloque, seguida por la carne bovina con 32%.
El acuerdo se presenta entonces como oportunidad para profundizar una estructura exportadora que ya está basada en recursos naturales y productos agroindustriales. La reducción de aranceles puede beneficiar determinados sectores exportadores, pero no constituye por sí misma una política de desarrollo soberano.
La cuestión fundamental es quién se beneficia de la apertura comercial y qué consecuencias tiene sobre la estructura productiva. Un acuerdo de libre comercio entre economías profundamente asimétricas puede consolidar ventajas existentes. Europa posee capacidades industriales, tecnológicas, financieras y empresariales muy superiores a las de Uruguay y del Mercosur. Si el resultado es aumentar las exportaciones de carne, celulosa, soja y otros productos primarios mientras crece la penetración de bienes industriales y servicios de mayor valor agregado europeos, la estructura dependiente se profundiza.
Por eso el acuerdo no debería ser celebrado como un objetivo en sí mismo. Debe ser sometido a una evaluación desde los intereses de la clase trabajadora, de los pequeños productores y de la industria nacional.
La política correcta consiste en defender una integración regional que permita modificar la posición de América Latina en la división internacional del trabajo. Mercosur debe ser concebido como instrumento de planificación económica regional, complementación productiva, desarrollo industrial, soberanía energética, infraestructura común, ciencia y tecnología, y no solamente como plataforma para negociar mejores condiciones de acceso de nuestras exportaciones a los mercados centrales.
La integración que necesitamos no es la integración comercial subordinada. Es la integración de los pueblos y de sus capacidades productivas.
6. El problema del capítulo es que identifica la contradicción internacional, pero no define una estrategia de clase
El capítulo llega a conclusiones importantes. Denuncia el imperialismo norteamericano, reconoce el neocolonialismo, cuestiona el endeudamiento, reivindica la integración regional, condena el genocidio contra el pueblo palestino, denuncia la militarización y reconoce la disputa entre grandes potencias.
Pero el análisis queda incompleto porque la contradicción internacional no es vinculada suficientemente con la estructura de clases nacional.
¿Quién se beneficia de la inserción dependiente de Uruguay? ¿Quién se beneficia de las zonas francas? ¿Quién se beneficia de la concentración de la tierra? ¿Quién obtiene las principales rentas de la expansión forestal? ¿Quién tiene capacidad para decidir inversiones y orientar la producción? ¿Qué sectores sociales presionan por mantener determinadas condiciones fiscales y laborales? ¿Qué intereses materiales se encuentran detrás de la defensa de determinadas políticas de apertura comercial?
Estas preguntas llevan directamente al problema de la oligarquía y su relación con el capital transnacional.
El imperialismo no opera exclusivamente desde Washington, Bruselas o los organismos financieros internacionales. Encuentra en las clases dominantes nacionales aliados materiales que se benefician de la reproducción de la dependencia. Una política antiimperialista consecuente debe reconocer esa articulación entre capital transnacional, capital financiero, grandes propietarios y sectores exportadores dominantes.
Por eso el antiimperialismo es inseparable del principio antioligárquico. La soberanía nacional no puede construirse sin disputar el poder económico de quienes obtienen beneficios de la dependencia.
7. Palestina: frente al genocidio
El §21 sostiene que “el genocidio sobre el pueblo palestino ha sido denunciado por nuestra fuerza política en reiteradas oportunidades”, mientras que el §22 afirma que Uruguay “ha sostenido históricamente la propuesta de solución de dos Estados”. El §23 agrega que el Frente Amplio “ha definido la masacre en Gaza […] como un genocidio”.
Esta afirmación requiere una precisión política que el documento evita. Durante buena parte de los dos primeros años del genocidio, el Frente Amplio como fuerza política no asumió con claridad la definición de genocidio como eje de su posicionamiento público. La declaración del Secretariado Ejecutivo de mayo de 2024, por ejemplo, describía la situación como una “catástrofe” y señalaba que había una denuncia por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, pero no asumía todavía de forma propia y categórica esa definición. Recién en junio de 2025 el Frente Amplio resolvió explícitamente convocar a la militancia y al pueblo a condenar “los crímenes de lesa humanidad y genocidio” cometidos contra Palestina.
Esto importa porque durante ese período el movimiento popular uruguayo no permaneció indiferente. Organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y de solidaridad desarrollaron movilizaciones, campañas, concentraciones y reclamos concretos para que Uruguay reconociera el genocidio y adoptara medidas contra Israel. Incluso cuando el Frente Amplio comenzó a incorporar la definición de genocidio, la respuesta institucional continúa estando por detrás de la movilización popular.
El Documento Base reconoce parcialmente esta contradicción cuando el §23 señala que la posición del Frente Amplio generó “legítimas valoraciones éticas negativas por parte de colectivos de la izquierda social y política”. La salida propuesta es “abrir canales de diálogo e intercambio para generar consensos”. Aquí aparece nuevamente un problema de concepción. Ante un genocidio, el problema no es la falta de consenso. Una fuerza política debe tomar posición. La búsqueda de consensos puede ser necesaria para construir una correlación de fuerzas, pero no puede convertirse en el fundamento de la definición política.
La distancia entre discurso y práctica también debe ser evaluada respecto del gobierno. El Poder Ejecutivo mantuvo una política basada fundamentalmente en el reclamo de cese del fuego, ayuda humanitaria y respeto al derecho internacional, mientras las organizaciones de solidaridad reclamaban medidas de presión más contundentes. El propio presidente Orsi sostuvo públicamente el énfasis en el “multilateralismo” y en una “solución pacífica” para Gaza. En octubre de 2025 volvió a plantear la necesidad de “ayudar” y de trabajar con organismos multilaterales frente a la situación de Gaza.
El problema es que una política fundada exclusivamente en el multilateralismo termina colocando en el mismo plano al pueblo agredido, al Estado ocupante y a las instituciones internacionales que durante décadas han sido incapaces de impedir la ocupación, la colonización y el exterminio. El antiimperialismo exige identificar las relaciones materiales de poder que permiten que Israel continúe actuando con impunidad y que Estados Unidos y otras potencias continúen brindándole respaldo político, diplomático y militar.
También debe analizarse la relación del gobierno con las organizaciones que construyeron la solidaridad con Palestina. Mientras sectores populares reclamaban ser recibidos y exigían medidas concretas, el Poder Ejecutivo mantuvo una política de interlocución que priorizó determinadas expresiones institucionales de “paz” y “diálogo”. En agosto de 2025 Orsi recibió a una delegación de mujeres israelíes y palestinas vinculadas a iniciativas de paz. Una instancia de diálogo no es en sí misma cuestionable. El problema político aparece cuando el gobierno encuentra canales institucionales para determinados actores mientras no ofrece una recepción equivalente a quienes desde el movimiento popular reclaman una posición de condena al genocidio y medidas concretas contra el Estado de Israel.
Esta diferencia es especialmente importante porque no estamos ante un conflicto simétrico entre dos comunidades. Estamos ante una estructura de ocupación, colonización y apartheid, cuyo resultado más extremo se expresa actualmente en el genocidio contra el pueblo palestino.
La misma discusión aparece en la Universidad de la República. La solidaridad con Palestina ha sido objeto de conflictos y episodios de persecución que el Frente Amplio no puede ignorar. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se inició un sumario contra un estudiante a partir de carteles que denunciaban al sionismo, en el contexto de actividades estudiantiles contra el genocidio en Gaza. Posteriormente, el caso fue utilizado como fundamento para una sanción y prohibición de ingreso a la facultad a seis estudiantes de la misma agrupación.
No corresponde equiparar la denuncia del sionismo con el antisemitismo. El antisemitismo es una forma de racismo que debe ser combatida sin concesiones. El sionismo es una corriente política y, como tal, debe poder ser objeto de crítica política. La defensa de la libertad académica y de expresión exige proteger ambas cosas: combatir el antisemitismo y garantizar el derecho a denunciar la ocupación, el apartheid y el genocidio perpetrados por el Estado de Israel.
La propia Universidad de la República ha desarrollado una posición institucional crítica frente a la situación palestina. En abril de 2025, su Consejo Directivo Central resolvió por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo el cierre de la Oficina de Innovación instalada en Jerusalén y, en caso de no accederse al pedido, decidió no participar en proyectos vinculados a ella. La resolución se produjo además en un contexto de movilización de organizaciones de solidaridad con Palestina y de la FEUU. Es significativo que una institución autónoma haya llegado a adoptar una posición más concreta que el gobierno nacional frente a los vínculos institucionales con Israel.
Por eso no puede reducirse a la existencia de distintas opiniones dentro de la izquierda. Existe una contradicción entre una parte importante del movimiento popular, que reclama medidas concretas contra el genocidio, y una orientación de gobierno que continúa privilegiando el lenguaje diplomático y multilateral.
El §22 introduce además una cuestión estratégica que debemos discutir de fondo: “Uruguay ha sostenido históricamente la propuesta de solución de dos Estados”. Esta posición debe ser revisada.
La fórmula de “dos Estados” presenta el problema como si se tratara fundamentalmente de una disputa territorial entre dos partes equivalentes que deben alcanzar un acuerdo. Esa formulación pierde de vista la relación material entre ocupante y ocupado, entre un Estado dotado de una enorme superioridad militar y económica y un pueblo sometido a ocupación, colonización, desplazamiento y apartheid.
Después de décadas de expansión de los asentamientos, apropiación territorial, fragmentación de Cisjordania y destrucción sistemática de Gaza, mantener la solución de dos Estados como horizonte político exclusivo corre el riesgo de transformar una fórmula diplomática en una forma de postergar la cuestión fundamental: ¿qué estructura política garantiza efectivamente la igualdad y los derechos del pueblo palestino?
No alcanza con afirmar que algún día deberán existir “dos Estados” mientras continúan las condiciones materiales que hacen inviable esa solución y mientras el pueblo palestino es sometido a nuevas formas de expulsión y destrucción. La fórmula puede funcionar como una promesa diplomática indefinida mientras la realidad territorial continúa transformándose.
Desde Congreso del Pueblo proponemos discutir una salida diferente: un único Estado laico, democrático e igualitario en toda Palestina histórica, donde convivan palestinos y judíos, musulmanes, cristianos, ateos, agnósticos y personas de cualquier otra confesión religiosa o de ninguna, con igualdad plena de derechos políticos, civiles, sociales, nacionales y religiosos.
Esta propuesta no desconoce los derechos de la población judía ni su existencia histórica. Los garantiza sobre una base universal. El derecho de una persona judía a vivir en seguridad no requiere un Estado que le otorgue privilegios políticos por su origen religioso o étnico. Del mismo modo, la autodeterminación palestina no puede reducirse a la administración de un territorio fragmentado y subordinado.
La cuestión central es construir una estructura política en la que ningún grupo tenga privilegios estatales por razones religiosas o étnicas y en la que todos sus habitantes puedan ejercer plenamente sus derechos. Esto debe incluir el derecho al retorno de los refugiados palestinos, la reparación de las consecuencias de la expulsión y la ocupación, el fin del apartheid y la construcción de mecanismos políticos y sociales que permitan una convivencia efectiva.
La solución de dos Estados se convierte en una posición dilatoria cuando es presentada como horizonte suficiente sin una estrategia inmediata para desmontar la ocupación y detener el genocidio. No puede pedirse al pueblo palestino que espere una negociación futura mientras continúa la destrucción de sus condiciones materiales de existencia.
El Frente Amplio debería revisar entonces una concepción errada que coloca el problema fundamental en la búsqueda de un acuerdo entre dos Estados. La cuestión central es la igualdad de derechos de quienes habitan Palestina y la superación de las relaciones coloniales que producen la desigualdad. La paz no puede significar simplemente la administración permanente de una relación de dominación.
Por eso, la posición frente a Palestina debe pasar de la declaración a la acción. El gobierno frenteamplista debe reconocer inequívocamente el genocidio, exigir el fin de la ocupación y del apartheid, apoyar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno, revisar los acuerdos comerciales, tecnológicos, académicos y militares que contribuyan a sostener al Estado de Israel y promover medidas de aislamiento político y económico mientras continúe la ocupación y el genocidio.
La fuerza política debe, además, asumir una relación distinta con el movimiento popular que lucha por Palestina. Las organizaciones que sostienen la solidaridad internacionalista no deben ser consideradas un actor incómodo al que se recibe cuando las circunstancias políticas lo permiten. Deben ser parte de la construcción de una política antiimperialista. La fuerza política debe acompañar sus movilizaciones, recibir sus planteos, defender a quienes sean perseguidos por denunciar el sionismo y contribuir a ampliar la capacidad de lucha popular.
Palestina constituye una prueba concreta del antiimperialismo que el Frente Amplio declara reivindicar. No alcanza con condenar las consecuencias humanitarias de una guerra ni con reclamar que los organismos internacionales actúen. Es necesario identificar al Estado ocupante, denunciar el respaldo imperialista que permite su impunidad y adoptar medidas políticas consecuentes.
La solidaridad con Palestina no puede ser una cuestión de oportunidad diplomática. Frente a un genocidio, una fuerza política de izquierda debe definir de qué lado está y actuar en consecuencia.
8. Una orientación alternativa para el VIII Congreso
Desde Congreso del Pueblo entendemos que el VIII Congreso debe avanzar desde una caracterización del mundo hacia una definición estratégica de soberanía popular.
La primera definición debe ser que el imperialismo no es un fenómeno externo a Uruguay. Se expresa en nuestra economía, en nuestra matriz productiva, en el sistema financiero, en la estructura de propiedad, en la dependencia tecnológica, en los mecanismos de endeudamiento y en las relaciones comerciales.
La segunda es que la autonomía no se construye permaneciendo equidistantes de todas las potencias. Se construye modificando las condiciones materiales de la dependencia. Uruguay debe aprovechar las contradicciones internacionales y diversificar sus relaciones económicas, financieras, comerciales, científicas y tecnológicas para ampliar su margen de acción. Eso supone relacionarse con China, con los BRICS y con otras experiencias de cooperación Sur-Sur sin idealizarlas y sin subordinarse a ellas.
La tercera es que la integración latinoamericana debe constituir una herramienta de transformación económica y no únicamente diplomática. Mercosur, CELAC y los demás espacios regionales deben servir para avanzar hacia mecanismos de financiamiento autónomo, infraestructura común, complementación productiva, soberanía energética y alimentaria, desarrollo científico y tecnológico e industrialización regional.
La cuarta es que la política exterior debe estar subordinada a un proyecto nacional de desarrollo soberano. No alcanza con diversificar mercados si seguimos exportando fundamentalmente materias primas. No alcanza con atraer inversiones si esas inversiones reproducen la dependencia. No alcanza con obtener financiamiento si las condiciones de ese financiamiento condicionan las políticas nacionales.
La quinta es que el gobierno debe apoyarse en la movilización organizada de las mayorías populares para enfrentar los intereses que bloquean las posiciones solidarias y soberanas. Enfrentar al lobby sionista y proyanqui requiere un gran pueblo movilizado apoyando las decisiones del gobierno.
La sexta es que el VIII Congreso incorpore una definición inequívoca del genocidio palestino, condene la ocupación, colonización y apartheid israelí, defienda el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno, revise la posición de dos Estados como única salida política y asuma como horizonte una estructura estatal única, laica, democrática e igualitaria, donde palestinos y judíos, musulmanes, cristianos, ateos, agnósticos y todas las demás personas puedan vivir con iguales derechos.