La permanencia de Marcos Israel en la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) es un problema político e institucional que ya no puede ser reducido a una diferencia de opiniones sobre Palestina. Sus recientes declaraciones en defensa del sionismo y su ataque al movimiento antisionista expresan una posición política concreta, incompatible con la responsabilidad que implica integrar una institución dedicada a la defensa universal de los derechos humanos.
El 28 de agosto, durante la 15.ª Asamblea Nacional de Derechos Humanos realizada en Maldonado, Israel afirmó que era una “vergüenza” que existiera un movimiento antisionista en Uruguay y sostuvo que el antisionismo constituía reiteradamente una expresión de odio. También defendió el sionismo como el derecho del pueblo judío, al que definió como pueblo originario de Israel-Palestina, a la autodeterminación. Sus intervenciones provocaron una nueva escalada de las críticas y reforzaron el reclamo de numerosas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos para que sea removido de su cargo.
El problema central es que el director de derechos humanos sale a defender públicamente un proyecto estatal y colonial que hoy es responsable de una ocupación prolongada, de la colonización de territorios palestinos y un genocidio contra la población palestina.
¿Qué significa, en estas condiciones, presentar el sionismo como una mera expresión de autodeterminación y al antisionismo como una forma de odio?
Significa eliminar del análisis la realidad material e histórica de Palestina. Significa hablar de un supuesto derecho abstracto sin considerar que el Estado de Israel se constituyó mediante la expulsión y el despojo de la población palestina, y que su desarrollo posterior se sostuvo sobre la ocupación territorial, el régimen de apartheid denunciado por numerosas organizaciones internacionales y una estructura colonial que niega al pueblo palestino sus derechos nacionales.
El sionismo no puede analizarse como una identidad cultural o religiosa. Es un movimiento político nacionalista que, en su realización histórica concreta, se vinculó a la construcción de un Estado sobre un territorio habitado por otro pueblo. Marcos Israel pretende afirmar abstractamente el sionismo, y no explica qué relaciones sociales, militares y territoriales produjo su desarrollo histórico.
Por eso el antisionismo no equivale al antisemitismo.
El antisemitismo constituye una forma de racismo contra el pueblo judío y debe ser combatido sin ambigüedades. El antisionismo, en cambio, constituye una posición política frente a una ideología nacionalista y frente al carácter colonial del Estado israelí. Pretender identificar ambos conceptos tiene una consecuencia política evidente: transformar la crítica a un Estado y a una ideología política en una sospecha de racismo.
No se trata de una discusión terminológica. En las actuales condiciones internacionales, esa equiparación cumple una función concreta: deslegitimar la denuncia contra Israel y debilitar la solidaridad con el pueblo palestino.
Las organizaciones que cuestionan a Marcos Israel han señalado precisamente este problema. Un comunicado publicado en abril denunció que el director de la INDDHH había negado el genocidio contra el pueblo palestino y calificado como “noticias falsas” informaciones sobre crímenes de guerra ampliamente documentados. También cuestionó su pretensión de ampliar la categoría de antisemitismo para incluir la crítica al Estado de Israel.
Posteriormente, el conflicto se profundizó con la creación de un Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo dentro de la INDDHH. La integración y orientación de ese espacio generaron cuestionamientos incluso dentro de la propia institución. La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, expresó reparos sobre el enfoque inicial, mientras que organizaciones sociales y funcionarios cuestionaron la falta de pluralidad y la designación de Israel como una de las figuras centrales del grupo. La directora Jimena Fernández renunció posteriormente a integrarlo y la resolución institucional confirmó la permanencia de Marcos Israel y Juan Miguel Petit como representantes de la INDDHH en ese espacio.
La discusión adquiere una gravedad particular por el contexto internacional.
Mientras el pueblo palestino enfrenta una ofensiva que ha provocado una destrucción masiva de Gaza, decenas de miles de muertos y una situación humanitaria que ha llevado a organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos a denunciar graves violaciones del derecho internacional, un director de la principal institución uruguaya de derechos humanos decide concentrar su intervención pública en defender al sionismo y atacar a quienes se oponen a él.
No es una posición neutral.
Tampoco es una simple expresión individual desligada del cargo que ocupa.
La INDDHH existe para controlar al Estado, proteger a las víctimas de violaciones de derechos y defender principios universales frente a los intereses políticos y económicos de los poderes constituidos. Cuando uno de sus directores utiliza la autoridad institucional para intervenir públicamente en defensa de un Estado acusado de cometer crímenes de guerra y para desacreditar a quienes denuncian esos crímenes, se produce una incompatibilidad política que afecta la credibilidad de la institución.
El argumento de que las críticas a Marcos Israel constituyen un intento de “cancelación” evita deliberadamente el contenido del debate. Nadie está siendo cuestionado por su origen, su religión o su identidad. Marcos Israel es cuestionado por sus declaraciones y por la utilización política de una función pública.
Precisamente porque la lucha contra el antisemitismo es necesaria, no puede transformarse en un instrumento para silenciar la denuncia del genocidio palestino. Combatir el racismo contra el pueblo judío exige rechazar cualquier forma de antisemitismo. Pero esa lucha pierde legitimidad cuando sectores políticos intentan utilizarla como mecanismo de protección ideológica para un Estado y una estructura de dominación colonial.
El caso de Marcos Israel expresa además una contradicción más amplia dentro de la institucionalidad uruguaya. Durante décadas, la defensa de los derechos humanos en nuestro país se construyó sobre la denuncia de la impunidad, la solidaridad internacional y la defensa de los pueblos sometidos a la violencia estatal. Resulta políticamente inadmisible que una institución que tiene entre sus cometidos fundamentales la defensa de esos derechos pueda convivir con declaraciones que relativizan o niegan los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
La presión de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, colectivos feministas, organizaciones palestinas y también de Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio del Pueblo Palestino demuestra que esta discusión trasciende ampliamente cualquier división religiosa o comunitaria. El reclamo de cese se dirige contra una conducta política determinada y contra la incompatibilidad entre esa conducta y la función institucional que Israel ocupa.
La Asamblea General debe asumir su responsabilidad.
La cuestión no consiste en decidir si Marcos Israel tiene derecho a defender sus convicciones políticas. Como ciudadano, puede sostenerlas. La cuestión consiste en determinar si puede continuar integrando una institución de derechos humanos mientras utiliza esa investidura para defender públicamente al sionismo, negar o relativizar denuncias sobre los crímenes cometidos por Israel y presentar el antisionismo como una forma de odio.
La respuesta debe ser clara.
La defensa consecuente de los derechos humanos no admite una vara para las víctimas uruguayas y otra para las víctimas palestinas. No puede denunciarse el terrorismo de Estado cuando conviene a la memoria nacional y guardar silencio, justificar o relativizar la violencia estatal cuando ésta es ejercida por un aliado estratégico del imperialismo estadounidense en Medio Oriente.
Palestina no constituye una cuestión ajena a los derechos humanos. Es una de las expresiones más visibles de las relaciones contemporáneas de dominación imperialista, colonialismo y violencia estatal. Defender al pueblo palestino no exige ninguna excepción a los principios democráticos y humanitarios. Exige, precisamente, aplicarlos.
Por esa razón, las recientes declaraciones de Marcos Israel no deben ser tratadas como una polémica pasajera. Confirman un problema de fondo que compromete la independencia y la autoridad moral de la INDDHH.
Quien dirige una institución de derechos humanos no puede utilizar ese lugar para transformar la defensa del sionismo en una política institucional ni para presentar la oposición a un proyecto colonial como una forma de odio.
Marcos Israel debe dejar la dirección de la INDDHH. No por su condición personal ni por su identidad, sino por sus posiciones políticas y por la incompatibilidad que éstas han demostrado con las responsabilidades inherentes a su cargo.