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El intento de femicidio ocurrido el 1.º de setiembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República debe ser analizado como lo que es: la expresión extrema de una violencia sistemática contra las mujeres, sostenida por relaciones sociales de dominación que las instituciones siguen siendo incapaces de enfrentar con la urgencia y los recursos necesarios. La joven de 19 años fue atacada con un cuchillo por un compañero, Federico Lamaita, dentro de un salón de clase. La Policía investiga el hecho como tentativa de femicidio y los testimonios recogidos indican que existía una conducta previa de persecución y obsesión del agresor hacia la víctima, que había rechazado sus avances.
La reacción posterior también resulta significativa. Las estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria se movilizaron, realizaron un paro y marcharon hasta el Palacio Legislativo para reclamar respuestas frente a lo ocurrido. Las organizaciones de mujeres colocaron en el centro de la protesta la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y protección. El conflicto adquirió así una dimensión política que excede ampliamente las circunstancias particulares del ataque: ¿qué capacidad tienen las instituciones educativas para reconocer una situación de violencia antes de que llegue a su expresión extrema?
La pregunta adquiere todavía mayor gravedad cuando aparecen los antecedentes del agresor.
Excompañeras, excompañeros y madres de estudiantes del Liceo Nº 1 de Salinas hicieron públicas denuncias sobre situaciones que habrían ocurrido durante su etapa de secundaria. El relato difundido públicamente incluye acusaciones de acoso, amenazas y tocamientos sin consentimiento, además de advertencias reiteradas realizadas ante docentes y autoridades. Los denunciantes sostienen que no recibieron una respuesta suficiente y que, en determinadas situaciones, se les pidió incluso tener empatía con el joven debido a su condición de salud mental. Secundaria comenzó posteriormente un informe de inspección sobre esos antecedentes.
La existencia de una patología psiquiátrica, cuando está acreditada, requiere atención sanitaria y garantías jurídicas. Esa circunstancia tampoco permite borrar la dimensión de género de una conducta concreta ni convertir las denuncias de las víctimas en un problema secundario. La salud mental necesita políticas públicas específicas; la violencia contra las mujeres necesita mecanismos específicos de prevención y protección.
En este caso existe además una discusión sobre la actuación de la Universidad. Tras el ataque, las primeras declaraciones institucionales transmitieron la idea de que las actividades continuarían con normalidad, como si lo ocurrido no exigiera una respuesta inmediata y excepcional. Solo después de la movilización contundente de las mujeres y de la presión de la comunidad universitaria se anunciaron medidas de reflexión, suspensión de actividades y fortalecimiento de las políticas institucionales contra la violencia de género.
Emergencia Nacional
Durante los primeros diez meses de 2025 se registraron en Uruguay 35.443 denuncias vinculadas a violencia de género, un promedio de 117 por día, aproximadamente una cada doce minutos. El 61% correspondió a situaciones desarrolladas en relaciones de pareja o expareja.
El registro oficial también contabilizó 18 homicidios de mujeres por violencia basada en género durante 2025, frente a 22 en 2024 y 24 en 2023. Los estudios oficiales muestran además que una proporción muy elevada de los asesinatos de mujeres ocurre en contextos de violencia basada en género.
Una emergencia supone modificar prioridades materiales. Requiere presupuesto, equipos interdisciplinarios, servicios de atención con capacidad suficiente, mecanismos de seguimiento de las denuncias, protección efectiva de las víctimas, coordinación entre educación, salud, justicia y seguridad, y procedimientos claros para intervenir cuando aparecen señales de riesgo.
La Ley Nº 19.580 estableció un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres basada en género. La existencia de una ley constituye una herramienta jurídica indispensable. Su eficacia depende de las capacidades estatales destinadas a aplicarla. Las organizaciones feministas vienen señalando desde hace años problemas de recursos, listas de espera y falta de equipos suficientes.
Una declaración de emergencia que no modifique esas condiciones tendría un alcance limitado. La emergencia tiene sentido cuando permite concentrar recursos y capacidad institucional en una situación que amenaza de manera persistente la vida y la integridad de una parte de la población.
El caso de Medicina muestra además la necesidad de incorporar la prevención dentro de las instituciones educativas. Una denuncia realizada durante la adolescencia puede contener información relevante sobre situaciones posteriores. Cada institución debe disponer de mecanismos capaces de registrar, evaluar y comunicar adecuadamente esas situaciones dentro del marco legal correspondiente.
Cuando diferentes instituciones reciben fragmentos de una misma trayectoria de violencia, el Estado necesita mecanismos para evitar que cada organismo observe únicamente su pequeño segmento del problema.
Manósfera
En torno al caso de Lamaita comenzó a circular también información sobre su adhesión a contenidos y referentes políticos vinculados con Gustavo Salle. Las imágenes difundidas muestran al joven junto al dirigente de Identidad Soberana.
¿qué concepción sobre las mujeres y sobre la violencia de género expresan determinados discursos de la nueva derecha?
El programa de Identidad Soberana plantea derogar la Ley Nº 19.580, la legislación que despenalizó el aborto y otras normas vinculadas a derechos sexuales, reproductivos y de género. También propone derogar las leyes que considera vinculadas con la llamada “ideología de género”.
En la retórica de Salle, las políticas de género aparecen asociadas a una supuesta operación internacional impulsada por élites globales. La perspectiva de género es presentada como una amenaza contra la familia y contra valores tradicionales. El conflicto social queda desplazado hacia una explicación conspirativa en la que organismos internacionales, movimientos feministas y supuestas élites operarían sobre la sociedad para destruir determinados valores.
Si la violencia de género se presenta como una construcción ideológica inventada por determinadas élites, las instituciones destinadas a combatirla aparecen como parte del problema. Las leyes de protección pasan a ser interpretadas como instrumentos de una conspiración. Las denuncias de las mujeres pueden ser presentadas como exageraciones producidas por una determinada agenda política. La ultraderecha encuentra aquí una herramienta política eficaz porque convierte problemas reales en enemigos imaginarios.
Un joven que enfrenta precariedad laboral, aislamiento, dificultades para establecer vínculos afectivos, incertidumbre económica o pérdida de expectativas puede encontrar en ese discurso una explicación inmediata de su frustración. La responsabilidad se desplaza hacia las mujeres, el feminismo o determinados grupos sociales.
La manósfera reúne comunidades digitales dirigidas principalmente hacia hombres y jóvenes, con espacios y subculturas diversas: Red Pill, incels, movimientos de “derechos de los hombres”, comunidades de seducción y contenidos de autoayuda masculina. Existen diferencias entre ellas, pero comparten en muchos casos una interpretación de las relaciones entre hombres y mujeres basada en la competencia, la dominación y la victimización masculina.
La expresión Red Pill designa dentro de este universo una especie de “despertar”: el joven cree haber descubierto que la sociedad le ocultó una verdad sobre las mujeres, las relaciones y la masculinidad. El contenido suele presentarse como conocimiento prohibido o como una ruptura con el discurso dominante.
El mecanismo resulta eficaz porque empieza por cuestiones que parecen completamente alejadas de la política.
Entrenamiento físico. Dinero. Éxito personal. Consejos para conseguir pareja. Disciplina. Autoayuda.
Después aparecen las explicaciones sobre por qué determinados hombres fracasan. En ese punto puede comenzar la introducción de conceptos antifeministas. La mujer pasa a ser presentada como manipuladora, hipergámica, interesada o responsable de la frustración masculina. El feminismo aparece como el movimiento que habría destruido las relaciones tradicionales y privado a los hombres de su lugar social.
El paso siguiente consiste en convertir ese resentimiento en identidad política.
Investigaciones sobre comunidades de la manósfera encontraron vínculos significativos entre la participación en estos espacios y la adopción de rasgos discursivos asociados con procesos de radicalización. Otros estudios observaron un solapamiento entre comunidades antifeministas y espacios de la extrema derecha, aunque el recorrido varía según las plataformas y las comunidades.
Las redes sociales agregan una condición material decisiva: el algoritmo necesita retener la atención.
Un experimento reciente sobre Instagram y TikTok encontró diferencias marcadas en los contenidos ofrecidos a perfiles adolescentes según su género. En el caso del perfil masculino utilizado en el experimento, aparecieron contenidos vinculados a extrema derecha, misoginia y teorías conspirativas.
El adolescente puede entrar buscando entrenamiento físico y terminar consumiendo contenido político. Puede comenzar viendo un influencer que habla de disciplina y terminar escuchando explicaciones sobre por qué el feminismo sería responsable de su fracaso afectivo. Puede llegar desde un video humorístico y terminar en comunidades que presentan a las mujeres como enemigas.
El proceso de radicalización adquiere una apariencia cotidiana.
La cuestión de clase permite comprender por qué el antifeminismo puede convertirse en una herramienta de radicalización política.
El capitalismo produce desigualdad y competencia. Los jóvenes trabajadores ingresan a un mercado laboral marcado por la precarización, los salarios insuficientes, la dificultad de acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el futuro. Las formas tradicionales de integración social pierden fuerza. Las redes sociales ofrecen comunidades inmediatas y discursos capaces de otorgar una explicación sencilla a problemas complejos.
La ultraderecha interviene allí.
Construye un enemigo reconocible y cercano. Las mujeres pueden convertirse en ese enemigo porque las transformaciones producidas por el movimiento feminista modificaron relaciones históricas de autoridad dentro de la familia, el trabajo y la vida social. El joven recibe entonces una explicación política de su frustración: perdió privilegios que supuestamente le correspondían.
Ese razonamiento oculta las relaciones de producción.
Un trabajador precarizado puede ganar menos, trabajar más horas y tener enormes dificultades para acceder a una vivienda. La explicación reaccionaria le ofrece culpar a las mujeres que ingresaron al mercado laboral, al feminismo que cuestionó los roles tradicionales o a las políticas públicas que buscan garantizar derechos.
El capital permanece protegido.
El odio funciona como mecanismo de desplazamiento del conflicto de clase. La frustración social se orienta hacia otros sectores de las clases populares mientras las relaciones económicas que producen precariedad quedan fuera del debate.
La ultraderecha consigue así algo políticamente valioso: convertir una parte del malestar social en fuerza electoral propia.
La respuesta de las mujeres
La tradición revolucionaria ofrece herramientas para comprender esta cuestión porque coloca la emancipación de las mujeres dentro de una transformación social mucho más amplia.
Clara Zetkin comprendió que la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado había generado condiciones nuevas para su organización política y económica. La emancipación requería independencia material y participación activa en la lucha de clases. El trabajo doméstico, la familia y la subordinación económica formaban parte de una estructura social que el movimiento obrero debía transformar.
Alexandra Kollontai profundizó especialmente sobre la reproducción social, el trabajo doméstico, la maternidad y las relaciones familiares. Su planteo de socializar tareas de cuidado apuntaba a liberar a las mujeres de funciones que la sociedad burguesa había convertido en responsabilidades privadas, gratuitas y predominantemente femeninas.
Nadezhda Krupskaya desarrolló una dimensión fundamental desde la educación. La construcción de una sociedad nueva exigía transformar las formas de educación, las relaciones entre las personas y la formación cultural de las nuevas generaciones. La lucha contra las concepciones heredadas del viejo orden tenía una dimensión pedagógica concreta.
Estas elaboraciones siguen siendo útiles porque permiten superar dos reducciones frecuentes.
La primera reduce la emancipación femenina a una cuestión cultural desvinculada de la economía. La segunda reduce la cuestión de la mujer a una consecuencia automática de la explotación de clase. La experiencia histórica del movimiento comunista muestra la necesidad de trabajar sobre ambas dimensiones.
Una mujer trabajadora puede sufrir explotación capitalista y violencia machista simultáneamente. La abolición de una forma de explotación no elimina automáticamente todas las relaciones patriarcales. La lucha revolucionaria necesita comprender esas relaciones y enfrentarlas conscientemente.
Por eso la lucha contra el femicidio forma parte de la lucha por el poder de las clases trabajadoras y populares.
Garantizar una vivienda digna, ampliar los servicios públicos de cuidados, asegurar independencia económica, reducir la precarización laboral, fortalecer la educación pública, desarrollar políticas de salud mental y construir instituciones capaces de prevenir la violencia son medidas que inciden sobre las condiciones materiales de vida.
La política feminista revolucionaria también debe disputar la formación cultural de los jóvenes.
La izquierda no puede dejar ese terreno abandonado mientras la derecha digital produce diariamente contenidos destinados a explicarles a miles de adolescentes qué significa ser hombre, qué deben desear, cómo deben relacionarse con las mujeres y quién tiene la culpa de sus frustraciones.
La disputa política también ocurre allí.
La marcha hacia el Palacio Legislativo mostró una capacidad de organización que debe ser tomada en serio. Las estudiantes transformaron el dolor y la indignación en una demanda política concreta. La protesta colocó sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones, la necesidad de prevención y la exigencia de recursos.
Esa organización constituye una fuerza social real.
El Estado debe responder con medidas concretas. La Universidad debe garantizar protocolos efectivos y recursos suficientes para prevenir y atender situaciones de violencia. La educación secundaria debe contar con mecanismos adecuados para intervenir frente a denuncias de acoso y violencia. El gobierno debe fortalecer las políticas de prevención, atención y protección. El Parlamento debe discutir la declaración de Emergencia Nacional y asociarla a un programa presupuestal verificable.
Cada denuncia debe poder activar mecanismos de protección.
Cada institución debe saber qué hacer.
Cada situación de riesgo debe contar con seguimiento.
Cada política debe disponer de recursos.
Y la prevención tiene que comenzar mucho antes de que aparezca la agresión.
Eso implica intervenir también sobre las formas en que los adolescentes construyen sus relaciones y su identidad. Las instituciones educativas tienen que disputar los contenidos reaccionarios que circulan en las redes. Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y el movimiento popular tienen una responsabilidad política en esa tarea.
La izquierda tiene además que hablarle a los varones jóvenes.
Tiene que explicarles que su frustración existe, que sus problemas materiales son reales y que el feminismo no constituye la causa de la precarización laboral, la crisis de la vivienda, la inseguridad económica o la pérdida de expectativas. Es necesario construir una respuesta colectiva frente a esas condiciones y ofrecer una concepción de masculinidad liberada de la competencia permanente y de la necesidad de ejercer dominio sobre otras personas.
Ese trabajo requiere organización política, educación y presencia social.
El intento de femicidio de la Facultad de Medicina ocurrió después de advertencias y denuncias que, según los testimonios difundidos, habían llegado a instituciones educativas. La violencia apareció finalmente dentro de un espacio universitario, frente a otros estudiantes, en el lugar donde una joven debía poder estudiar.
Ese recorrido obliga a discutir qué significa realmente prevenir.
Prevenir significa actuar cuando todavía existe la posibilidad de hacerlo.
La Emergencia Nacional por femicidios debe partir de esa definición. Necesita presupuesto, equipos, coordinación institucional, protección y evaluación permanente. Necesita también una política educativa capaz de enfrentar la expansión de discursos misóginos entre adolescentes.
La movilización de las mujeres frente al Palacio Legislativo señaló una dirección política concreta: organización, denuncia y exigencia de responsabilidades.
El movimiento comunista revolucionario tiene una tradición teórica y práctica para intervenir en esa lucha. Zetkin, Kollontai y Krupskaya entendieron que la emancipación de las mujeres necesitaba transformar las condiciones materiales de existencia y formar sujetos capaces de construir nuevas relaciones sociales.
Esa tarea mantiene plena vigencia.
Cada femicidio expresa una violencia extrema. Cada denuncia ignorada revela una falla institucional. Cada adolescente captado por comunidades misóginas muestra un terreno político que la derecha está ocupando. Cada trabajador convencido de que su enemigo es una mujer precarizada en lugar de quien controla los medios de producción representa una derrota en la lucha por organizar el malestar social desde sus causas reales.
La respuesta tiene que construirse en todos esos terrenos simultáneamente.
Porque el problema que llegó al aula de Medicina comenzó mucho antes. En una relación de poder, en una institución que no respondió a tiempo, en una cultura que todavía tolera formas de violencia contra las mujeres y en un ecosistema digital donde el resentimiento puede transformarse rápidamente en identidad política.
La tarea consiste en disputar esas condiciones antes de que vuelvan a producir otra víctima.