Hay frases que, pronunciadas hace algunos años, habrían provocado una reacción inmediata. Hoy circulan en medios de comunicación, parlamentos, universidades y redes sociales como si fueran opiniones más dentro de una discusión política. “No hay inocentes en Gaza”. “Los niños palestinos son una amenaza”. “Hay que matar cada noche a 30 o 40 personas”. “Una universidad pública no puede proyectar una película porque en ella participa Hamás”. “Quien protesta contra Israel es antisemita”. Cada una de estas afirmaciones parece, aisladamente, un disparate. El problema político aparece cuando dejan de ser excepciones y comienzan a formar un lenguaje reconocible, repetido por actores diferentes y dirigido hacia un mismo objetivo: convertir la población palestina en una categoría humana sobre la que la violencia puede ejercerse sin límites.
La deshumanización cumple una función material en toda política de exterminio. Antes de que una población pueda ser asesinada masivamente, desplazada, privada de alimentos o expulsada de su territorio, debe ser presentada como una población que carece de los atributos morales que normalmente impedirían esas acciones. El niño deja de ser un niño y pasa a ser un “futuro terrorista”; el civil deja de ser civil y pasa a ser “cómplice”; el periodista deja de ser periodista y pasa a ser “propagandista”; quien denuncia los crímenes deja de ser un ciudadano que ejerce su libertad política y pasa a ser “antisemita” o “defensor del terrorismo”. La operación es sencilla y profundamente política: eliminar al sujeto humano para volver aceptable la violencia ejercida sobre él.
Esto explica por qué determinados discursos aparentemente absurdos merecen ser analizados con seriedad. No porque posean valor intelectual, sino porque producen efectos concretos en la conciencia social. La barbarie no necesita que todos crean que el genocidio es bueno. Le alcanza con conseguir que una parte de la sociedad considere que las víctimas no importan demasiado, que las cifras son discutibles, que toda denuncia contra Israel es sospechosa, que los palestinos son responsables colectivamente de las acciones de Hamás y que quienes se movilizan contra el genocidio constituyen un problema de seguridad o de orden público.
La estructura de este discurso puede observarse en distintos niveles. El Estado israelí dispone de una maquinaria militar y diplomática; sus aliados occidentales aportan respaldo político, financiero y militar; mientras tanto, una red de comunicadores, dirigentes políticos, organizaciones y operadores culturales interviene sobre el terreno ideológico. Cada actor cumple una función diferente. Unos justifican las operaciones militares, otros relativizan las víctimas, otros cuestionan a quienes protestan y otros consiguen que la discusión pública se desplace desde los crímenes cometidos hacia la supuesta peligrosidad de quienes los denuncian.
El viaje de una delegación parlamentaria uruguaya a Israel constituye un ejemplo particularmente significativo. Entre el 27 de julio y el 4 de agosto de 2026, catorce representantes, entre legisladores e intendentes, viajaron a Israel invitados a través de la embajada israelí. La delegación incluyó a los senadores Sebastián Da Silva, Graciela Bianchi, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy, Rodrigo Blás y Javier García; a los diputados Juan Martín Rodríguez, Walter Verri, Fernanda Auersperg y Álvaro Perrone, y al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez. La agenda incluyó encuentros con autoridades israelíes, la Knéset, Yad Vashem y lugares religiosos de Jerusalén. La cuestión política no reside en que un parlamentario viaje al extranjero. Reside en quién organiza el viaje, qué actores estatales reciben a los visitantes y qué realidad queda fuera del campo de observación. Una delegación parlamentaria que visita las instituciones del Estado responsable de la ocupación y del genocidio en Gaza, mientras no coloca en el centro de su agenda la situación de la población palestina, termina participando de una determinada construcción política de la realidad. La diplomacia también produce relatos.
En Uruguay, Felipe Schipani ocupa un lugar particularmente visible en esta disputa por los límites de lo decible. Su intervención alrededor de la Universidad de la República mostró cómo la acusación de antisemitismo puede convertirse en instrumento para trasladar una discusión política sobre el Estado de Israel hacia una discusión disciplinaria sobre estudiantes, docentes y organizaciones universitarias. En 2024, luego de que la agrupación de estudiantes “21 de junio” cuestionara la participación del politólogo uruguayo-israelí Alberto Spektorowski en un curso de Humanidades, Schipani solicitó la comparecencia de las autoridades universitarias ante la Comisión de Educación y Cultura de Diputados y planteó públicamente que podía existir una motivación antisemita detrás del episodio. El episodio resulta revelador porque la cuestión dejó de ser exclusivamente académica: una controversia surgida dentro de la Universidad pasó a la arena parlamentaria, con intervención directa de un legislador que se reivindica sionista. En noviembre de 2023, además, estudiantes de Humanidades habían organizado una actividad titulada “No es guerra, ES GENOCIDIO”, con participación de la embajadora de Palestina y organizaciones de solidaridad, mientras denunciaban el retiro sistemático de carteles que difundían la conferencia. En agosto de 2026, el mismo patrón reapareció con la proyección de La gran Palestina en la Facultad de Información y Comunicación. Schipani cuestionó públicamente la actividad, anunció que convocaría al decano a la Comisión de Educación y calificó al documental como propaganda de Hamás. Al día siguiente, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación canceló la exhibición. La película documenta desde dentro la vida de la población de Gaza entre enero y marzo de 2025. Cancelar su exhibición después de una presión política externa a la actividad universitaria significa, en los hechos, reducir las posibilidades de que la sociedad conozca precisamente aquello que el aparato propagandístico dominante procura mantener fuera de campo.
El caso Spektorowski también muestra la eficacia de este mecanismo. El profesor había sido invitado a dictar dos clases sobre laicidad. Estudiantes cuestionaron su participación debido a declaraciones en las que relativizaba la caracterización de las acciones israelíes en Gaza como genocidio. Humanidades suspendió temporalmente la actividad y luego el asunto fue llevado al Parlamento por Schipani. El debate podía haberse desarrollado en términos universitarios: libertad de cátedra, pertinencia de una invitación, posiciones políticas de un académico, derecho de los estudiantes a cuestionarlo. Sin embargo, la acusación de antisemitismo modificó el eje de la discusión. Criticar posiciones sionistas comenzó a ser presentado como una posible expresión de odio hacia los judíos. Esa identificación es políticamente funcional porque transforma la oposición a una ideología y a las políticas de un Estado en una supuesta agresión contra una comunidad religiosa o étnica. El resultado es conocido: quien denuncia la ocupación debe dedicar buena parte de su energía a demostrar que no es antisemita, mientras la discusión sobre Palestina queda desplazada.
La Hasbará constituye el marco más amplio en el que estas operaciones adquieren sentido. La propaganda estatal israelí no se limita a negar determinados hechos. Su función consiste también en producir categorías interpretativas: Israel aparece como una democracia amenazada, los palestinos como una amenaza permanente y toda acción militar como una respuesta defensiva inevitable. La propaganda semántica permite además presentar la violencia como seguridad, el desplazamiento como emigración, el castigo colectivo como defensa y la solidaridad con Palestina como apoyo al terrorismo. La estrategia ha sido analizada como un sistema de comunicación política y guerra psicológica que articula diplomacia, medios, redes sociales y producción cultural. El objetivo político es conseguir que la opinión pública no observe solamente los hechos, sino que los observe a través de categorías previamente construidas. Si cada palestino es potencialmente un terrorista, entonces cada muerte puede ser explicada. Si cada manifestante propalestino es potencialmente antisemita, entonces cada movilización puede ser deslegitimada. Si cada producción cultural que muestra Gaza es “propaganda de Hamás”, entonces resulta razonable impedir que sea exhibida.
Las declaraciones de Freddy Nieuchowicz Abramovich, conocido como Orlando Petinatti, muestran cómo esta lógica puede trasladarse desde los aparatos estatales y políticos hacia el espacio mediático. En 2025 fue denunciado penalmente por presunta incitación al odio a partir de declaraciones realizadas en televisión y posteriormente difundidas por YouTube. Entre las expresiones consignadas en la denuncia aparece una especialmente significativa: “No hay inocentes en Gaza”. También se registraron afirmaciones que responsabilizaban a los niños por las acciones de sus padres y vinculaban a quienes marchan por Palestina con el terrorismo. El problema de esa formulación no consiste únicamente en su brutalidad. Su función es establecer una responsabilidad colectiva. Si no existen inocentes, entonces ninguna muerte civil requiere explicación. Si un niño puede ser responsabilizado por las decisiones de Hamás, entonces la condición de infancia pierde relevancia moral. El individuo desaparece detrás de una identidad colectiva y esa identidad se convierte en fundamento de la violencia.
Lo que en boca de un comunicador puede presentarse como provocación o irreverencia adquiere otra dimensión cuando coincide con discursos provenientes del poder estatal. En octubre de 2025, hubo un intercambio en el programa de Petinatti en el que una participante llegó a plantear la necesidad de “matarlos a todos” y “hacerlos desaparecer”, mientras la conversación reproducía una caracterización de los palestinos como atrasados, peligrosos e incapaces de convivir. La cuestión deja entonces de ser la opinión individual de un conductor de radio. Se trata de observar cómo determinados medios de comunicación pueden contribuir a formar una sensibilidad social en la que la eliminación física de un grupo deja de generar rechazo y comienza a presentarse como una consecuencia lógica de su supuesta naturaleza.
Las declaraciones de Itamar Ben Gvir muestran hasta dónde puede llegar este proceso cuando el discurso de exterminio procede directamente de un funcionario estatal. El ministro israelí de Seguridad Nacional declaró este 17 de agosto que Israel debería realizar asesinatos selectivos cada noche en Gaza y matar entre 30 y 40 personas, incluso cuando no constituyan una amenaza inmediata. También defendió la expansión de los asentamientos israelíes en Gaza y la reducción de la población palestina mediante la emigración forzada, además de afirmar que algunos gazatíes “no merecen vivir”. Ya no se trata de una insinuación, de una metáfora ni de una declaración aislada de un comentarista. Un integrante del gobierno plantea públicamente una cuota cotidiana de asesinatos y sostiene que existen palestinos cuya vida no merece ser preservada. El lenguaje permite ver con una claridad brutal aquello que otras formas de propaganda intentan ocultar: la eliminación física de población palestina forma parte del horizonte político de sectores del poder israelí.
La normalización de estas expresiones tiene consecuencias concretas. Cada vez que se repite que “no hay inocentes”, se prepara el terreno para aceptar la muerte de civiles. Cada vez que una protesta contra el genocidio es convertida en una sospecha de antisemitismo, se debilita la capacidad de organización política de quienes denuncian los crímenes. Cada vez que un documental es presentado como “propaganda terrorista” antes de ser visto, se restringe el acceso a una fuente de información. Cada vez que una universidad es presionada desde el Parlamento para explicar qué estudiantes cuestionan a un académico sionista, se desplaza el centro de gravedad de la libertad académica hacia la vigilancia política. Cada vez que una delegación parlamentaria visita Israel sin colocar en el centro de su agenda la realidad palestina, se fortalece una representación parcial de la realidad.
La cuestión de fondo es quién tiene capacidad para definir qué vidas merecen ser lloradas, qué víctimas son consideradas legítimas, qué discursos pueden circular y cuáles deben ser censurados. Esa capacidad no se distribuye de manera igualitaria. Los Estados, los grandes medios, las instituciones diplomáticas y los sectores económicos con capacidad de influencia poseen recursos infinitamente superiores a los de una organización estudiantil que intenta organizar una conferencia o proyectar una película. Por eso resulta insuficiente analizar estas expresiones como una sucesión de exabruptos individuales. Forman parte de una correlación de fuerzas ideológica.
El genocidio requiere armas, financiación, territorio y estructuras estatales. También requiere una determinada relación social con las víctimas. Cuando una sociedad comienza a aceptar que un pueblo entero puede ser reducido a la categoría de terrorista, la violencia deja de aparecer como una transgresión y comienza a presentarse como política pública. Cuando los niños dejan de ser considerados niños y pasan a ser “amenazas futuras”, la matanza de menores puede ser incorporada al lenguaje de la seguridad. Cuando la solidaridad con las víctimas se transforma en sospecha, quienes podrían organizar la resistencia política son obligados a defender permanentemente su derecho a hablar.
Por eso hay que prestar atención a quienes cumplen la tarea de explicar el genocidio, justificarlo, relativizarlo o perseguir a quienes lo denuncian. Están en los gobiernos, en los parlamentos, en los medios de comunicación, en organizaciones de propaganda y también en espacios culturales y académicos. No todos ocupan el mismo lugar ni tienen la misma responsabilidad. Pero sus intervenciones convergen en un resultado: hacer que el sufrimiento palestino sea menos visible, que la resistencia palestina sea presentada únicamente como terrorismo, que la solidaridad sea sospechosa y que la violencia israelí aparezca como una respuesta inevitable.
La tarea política consiste precisamente en romper esa normalización. Defender la libertad de expresión, la libertad académica y el derecho a la protesta implica también defender la posibilidad de nombrar los crímenes, mostrar sus consecuencias y señalar las estructuras de poder que los producen. La discusión sobre Palestina no puede quedar reducida a una disputa entre relatos equivalentes. Existe una relación concreta de ocupación, dominación militar, desposesión territorial y destrucción material, sostenida por una correlación internacional de fuerzas que permite al Estado israelí actuar con un grado extraordinario de impunidad.
Cuando un ministro propone matar una cantidad determinada de palestinos cada noche y cuando esa afirmación puede ser presentada como una posición política más, el problema ya no es identificar algún “disparate” particularmente escandaloso. El problema es haber llegado a un punto en el que el disparate comenzó a funcionar como lenguaje normal del poder.
Y cuando parlamentarios presionan contra actividades universitarias, cuando la denuncia del sionismo es convertida en sospecha de antisemitismo, cuando un documental sobre Gaza es retirado después de una intervención política y cuando comunicadores sostienen que en Gaza no existen inocentes, queda expuesta una misma operación: perseguir la militancia propalestina, deslegitimar la solidaridad, demonizar a los palestinos como terroristas y producir las condiciones culturales necesarias para que la violencia extrema pueda ser aceptada. El genocidio no se sostiene únicamente con bombas. También necesita una sociedad preparada para mirar hacia otro lado cuando caen.