El Frente Amplio convocó a una movilización en solidaridad con el pueblo palestino para este jueves 8, a las 18:30 horas, en 18 de Julio y Germán Barbato. La resolución de su Mesa Política Nacional condena el genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamin Netanyahu, reclama el cese inmediato de las agresiones y el respeto del derecho internacional y los derechos humanos, y plantea una solución basada en dos Estados sobre las fronteras de 1967.
La movilización ocurre cuando la situación palestina continúa mostrando las consecuencias materiales de una política de ocupación, desplazamiento y violencia sostenida durante décadas. Desde el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud de Gaza registra 73.789 palestinos muertos y 174.798 heridos. Desde el alto el fuego del 11 de octubre, la misma fuente contabiliza 1.375 personas asesinadas y 4.686 heridas. Son cifras que continúan creciendo: solamente en las últimas horas, el derrumbe de un edificio residencial previamente dañado por ataques israelíes dejó al menos 21 muertos en Gaza City, entre ellos 12 niños.
La dimensión jurídica del problema tampoco admite reducirlo a una disputa diplomática entre dos partes. Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Israel por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En enero de 2024, la Corte dictó medidas provisionales jurídicamente vinculantes y ordenó a Israel adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir actos comprendidos en la Convención, incluyendo la matanza de integrantes del grupo, la provocación de daños físicos o mentales graves y la imposición deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial.
La Corte todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de Israel por genocidio. Esta precisión importa porque el procedimiento continúa abierto. Pero también importa recordar qué resolvió efectivamente el tribunal: existen obligaciones provisionales vinculantes mientras el caso sigue su curso. La cuestión jurídica no puede ser presentada como una opinión política más.
A esto se suma el dictamen consultivo de la propia Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024. Allí determinó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967 es ilegal y estableció que los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de esa presencia ni prestar ayuda o asistencia para mantenerla. También señaló la obligación de distinguir, en sus relaciones con Israel, entre el territorio del Estado israelí y los territorios palestinos ocupados.
Ese pronunciamiento coloca una cuestión concreta sobre la mesa para los Estados que sostienen el derecho internacional como principio de su política exterior: ¿qué consecuencias diplomáticas y económicas deben extraerse cuando una ocupación ha sido declarada ilegal por el máximo tribunal internacional?
La violencia tampoco termina en los bombardeos. En marzo de 2026, Israel aprobó una legislación que establece la pena de muerte como castigo por defecto para palestinos de Cisjordania condenados por matar israelíes en determinados actos definidos como terrorismo. La medida fue denunciada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos por su carácter discriminatorio: los palestinos sometidos a tribunales militares quedan sujetos a un régimen que no se aplica de la misma manera a extremistas judíos.
El ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir fue todavía más explícito. En agosto afirmó que las fuerzas israelíes deberían realizar asesinatos selectivos en Gaza todas las noches y matar entre 30 y 40 personas, incluyendo personas que no representaran una amenaza inmediata. En la misma intervención afirmó que había personas en Gaza que “no merecen vivir” y que “ni siquiera son personas”.
No se trata de una frase aislada del debate político israelí. Ben-Gvir ocupa un cargo central en el gobierno de Netanyahu, integra el gabinete de seguridad y controla la policía y el sistema penitenciario. Su discurso expresa una concepción política de la población palestina que resulta inseparable de las prácticas de violencia y deshumanización denunciadas durante estos años.
En Marcha ya había analizado esta cuestión en “De Felipe Schipani y Petinatti a Ben Gvir: Los funcionarios del sionismo que explican el genocidio”, donde se examinó cómo determinadas categorías discursivas convierten al conjunto de la población palestina en objeto legítimo de violencia. El problema vuelve a aparecer en la legislación sobre pena de muerte y en las declaraciones de funcionarios del gobierno israelí: la violencia necesita una construcción política que determine quién merece protección y quién puede ser eliminado.
La historia anterior al 7 de octubre tampoco puede desaparecer del análisis. Décadas de ocupación, control militar, desplazamiento, encarcelamientos, torturas, violencia sexual y ausencia de rendición de cuentas forman parte de las condiciones históricas en las que se desarrolló el conflicto. “Lo que sufrían los palestinos antes del 7 de Octubre de 2023” reconstruye precisamente esa dimensión histórica. Analizar la situación palestina únicamente desde el 7 de octubre significa comenzar el relato cuando ya están producidas buena parte de las relaciones de fuerza que explican el presente.
En Uruguay, la solidaridad también se expresa en el terreno concreto de la organización política y cultural. En el Comité de Base El Galpón se realizó la proyección de La Gran Palestina, con dos funciones a sala llena y participación de frenteamplistas. La experiencia tiene una importancia política sencilla: permitir que la población palestina aparezca como sujeto histórico, con su propia memoria y experiencia, frente a una maquinaria propagandística que procura reducirla permanentemente a una categoría de amenaza.
La discusión llega además directamente al VIII Congreso del Frente Amplio. El Capítulo I del Documento Base incorpora la situación internacional y reconoce la importancia del antiimperialismo como elemento estructurador de la identidad frenteamplista. La cuestión palestina aparece expresamente vinculada al problema del imperialismo. Antiimperialismo o Washington D.C. plantea una crítica a ese capítulo y señala que el reconocimiento del imperialismo pierde fuerza política cuando no se traduce en consecuencias concretas para la política exterior.
Palestina permite medir esa contradicción en un terreno concreto. Si el derecho internacional establece obligaciones, si la Corte Internacional de Justicia considera ilegal la presencia israelí en los territorios ocupados y si existe una causa abierta por la Convención contra el Genocidio, la política exterior de un país que se reivindica defensor del derecho internacional tiene necesariamente una dimensión práctica.
En ese marco, el Congreso del Pueblo ha planteado la necesidad de romper relaciones con el Estado ocupante. Esa posición parte de una consideración política concreta: las relaciones diplomáticas, comerciales, militares y económicas también forman parte de las relaciones materiales entre Estados y pueden contribuir a sostener o a aislar determinadas estructuras de poder.
La movilización convocada por el Frente Amplio coloca nuevamente Palestina en el espacio público uruguayo. La discusión que debe acompañarla excede la solidaridad declarativa. Incluye qué posición adopta Uruguay frente a una ocupación declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia, qué consecuencias extrae de las obligaciones derivadas del derecho internacional y qué relación establece entre su política exterior y la defensa efectiva del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Jueves 8, 18:30 horas. 18 de Julio y Germán Barbato.