Yamandú Orsi fue a Naciones Unidas y eligió comenzar su discurso saludando al pueblo de Estados Unidos por los 250 años de su independencia. Habló de la vida, la libertad y la felicidad como principios fundacionales de aquella república. Dijo que Uruguay, junto con los pueblos del sur de América, se sentía heredero de esos valores.
La frase tiene un peso político que supera largamente el protocolo. Estados Unidos no ocupa en América Latina el lugar de una democracia extranjera cuyos valores puedan ser recibidos sin más. Es una potencia imperialista que construyó su dominio continental mediante expansión territorial, guerras, ocupaciones, golpes de Estado y subordinación económica. La Doctrina Monroe fue desde el siglo XIX una doctrina de dominación hemisférica. Después vino el corolario de Roosevelt, las intervenciones en el Caribe y Centroamérica, el apoyo a dictaduras y, durante la Guerra Fría, una política sistemática contra los movimientos populares y los gobiernos que intentaban avanzar en soberanía nacional.
El Instituto Tricontinental recuerda que la Doctrina Monroe fue utilizada para impedir procesos de autodeterminación y preservar el poder de las oligarquías latinoamericanas, mientras Estados Unidos intervenía militarmente en la región. La misma publicación ubica en esa historia los golpes de Estado de República Dominicana, Chile, Uruguay y Argentina y la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Uruguay no necesita estudiar esta historia como algo ajeno. El Plan Cóndor se organizó bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y contó con apoyo estadounidense. Una investigación académica publicada por la Facultad de Humanidades señala que la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en Montevideo en octubre de 1975, fue una de las instancias que prepararon el terreno para la coordinación represiva del Cono Sur.
El propio expediente histórico sobre Cóndor en Uruguay registra la participación del Servicio de Información de Defensa en la reunión fundacional de Santiago de Chile, la existencia de un aparato uruguayo específico dentro de la operación y la utilización del mecanismo para secuestrar y trasladar prisioneros políticos.
Por esas razones, cuando un presidente frenteamplista habla de los Estados Unidos como referencia de libertad, el pasado pesa. También pesa el presente.
El 28 de febrero de este año comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ese mismo día fue atacada la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab. Peoples Dispatch informó que 120 niñas murieron en el ataque.
Ciento veinte niñas muertas en una escuela. Ese episodio debería bastar para ubicar la guerra en términos políticos concretos. Estados Unidos participa de una agresión militar junto a Israel contra otro Estado soberano. Las bombas caen sobre infraestructura civil. Los muertos son trabajadores, familias y niños.
En ese contexto Orsi habló ante la ONU de la libertad y de la felicidad, denunció las guerras y sostuvo que ningún sufrimiento debería importar más que otro. Pero en su discurso no nombró a Estados Unidos como responsable de la agresión contra Irán. Tampoco nombró a Israel por el genocidio en Palestina.
La omisión fue particularmente significativa porque el Frente Amplio tenía una posición política anterior y muy concreta. La Mesa Política Nacional había condenado expresamente el “Genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu” y había exhortado al gobierno a continuar promoviendo acciones internacionales contra esa situación.
Unos días después, la Coordinación por Palestina Uruguay llevó una carta a Presidencia. Allí organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos pidieron que Uruguay reclamara ante Naciones Unidas el acceso de la Cruz Roja a las cárceles israelíes y denunciaron la situación de miles de presos palestinos. La carta recogía cifras de 9.400 prisioneros políticos palestinos, 3.244 bajo detención administrativa, 350 niños y 99 mujeres.
Orsi no llevó esa denuncia a la tribuna de Naciones Unidas.
Tampoco habló de Gaza. No utilizó la palabra genocidio. No mencionó a los presos políticos palestinos ni reclamó públicamente el ingreso de la Cruz Roja a las cárceles israelíes. Un partido que pocas semanas antes había pedido a su gobierno actuar internacionalmente frente al genocidio terminó escuchando en Nueva York un discurso presidencial donde Palestina quedó fuera.
Ese silencio tiene una fuerza política mayor porque Israel no está solamente desarrollando un genocidio en Gaza. Benjamin Netanyahu llegó a Nueva York después de la expansión regional de la guerra, defendió ante la Asamblea General los ataques contra Irán y volvió a negar que Israel hubiera cometido genocidio. Decenas de delegaciones abandonaron el recinto cuando comenzó su intervención. Uruguay no acompañó ese retiro. La explicación posterior de Orsi fue que la delegación uruguaya no había tomado una resolución de permanecer o retirarse y que, después de su propio discurso, algunos integrantes se fueron a reunirse con él y no volvieron al hemiciclo.
En términos políticos, el resultado fue sencillo: Uruguay permaneció entre los gobiernos que escucharon a Netanyahu mientras buena parte de las delegaciones abandonaba la sala.
Hay una diferencia importante con lo ocurrido durante la intervención de otros dirigentes latinoamericanos. Lula se reunió en Nueva York con Zohran Mamdani, el alcalde socialista de la ciudad, y discutió con él cuestiones como vivienda, pobreza, trabajo y costo de vida. Orsi, que también estaba en Nueva York, desestimó una invitación de Mamdani por razones de agenda. Búsqueda informó que dentro del entorno presidencial se evaluó que el encuentro podía afectar la relación con la administración Trump, aunque desde Presidencia se negó que esa fuera la razón.
Ese mismo viaje tuvo tiempo para otras prioridades. Orsi participó de una actividad organizada por José Antonio Kast sobre seguridad regional y se reunió con el CEO de Praxis, Dryden Brown, empresario estadounidense vinculado al proyecto de una comunidad tecnológica privada que proyecta instalarse en Colonia con una inversión estimada en mil millones de dólares. La propia Praxis agradeció públicamente al presidente por su apoyo.
La agenda internacional también es una expresión de relaciones sociales. Los interlocutores importan. Un gobierno que encuentra tiempo para empresarios tecnológicos estadounidenses, para una iniciativa impulsada por la derecha regional y para una agenda de inversiones, pero no encuentra espacio político para reunirse con Mamdani o para llevar Palestina a Naciones Unidas, está mostrando un orden de prioridades.
Cuba fue la excepción más evidente.
Orsi denunció en la ONU el “férreo bloqueo económico” que padece el pueblo cubano. Esa referencia fue correcta. El bloqueo es una herramienta de presión imperialista que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace décadas y que tiene efectos económicos y sociales concretos.
Después, ante las críticas de la derecha uruguaya, Orsi aclaró que no había defendido al gobierno cubano. Dijo, incluso, que había hablado con elogios del único sistema político que mencionó favorablemente: Estados Unidos.
La aclaración es políticamente reveladora. El presidente estuvo dispuesto a denunciar el bloqueo norteamericano sobre Cuba, pero quiso dejar claro que esa denuncia no suponía una defensa de la Revolución Cubana. En cambio, la referencia elogiosa a Estados Unidos quedó intacta.
Esto ayuda a entender el carácter general del discurso. Orsi intenta construir una política exterior de equilibrio, con buenos vínculos comerciales y diplomáticos con Washington, acercamiento a los países de la región, defensa del multilateralismo y una retórica de paz. Ese equilibrio tiene límites. Cuando la guerra exige identificar al agresor, el lenguaje se vuelve abstracto. Cuando Palestina exige nombrar un genocidio, aparece la prudencia diplomática. Cuando Estados Unidos aparece como potencia agresora, los nombres desaparecen.
No se trata de imaginar que Uruguay puede modificar por sí solo la correlación mundial de fuerzas. Un país dependiente dispone de márgenes estrechos y necesita comercio, inversiones y relaciones diplomáticas. Precisamente por eso importa la dirección política con la que utiliza esos márgenes. Una cosa es comerciar con la potencia dominante. Otra es convertir su sistema político en referencia moral mientras esa misma potencia desarrolla guerras y pretende recuperar un control directo sobre América Latina.
El Instituto Tricontinental viene señalando desde hace años la recuperación de la Doctrina Monroe por parte de Washington. Su análisis de la nueva estrategia estadounidense identifica un “Corolario Trump” destinado a preservar el control estratégico de Estados Unidos sobre América Latina, impedir la presencia de otras potencias y asegurar el acceso a recursos del continente. En una publicación del 1.º de octubre de 2026, el Instituto vuelve a señalar que detrás de la nueva doctrina existe una ofensiva para reorganizar los minerales estratégicos de América del Sur y ponerlos al servicio del capital y de la industria militar estadounidense.
Eso ocurre ahora, durante este gobierno.
La Doctrina Monroe vuelve con otro lenguaje, con empresas tecnológicas, cadenas de suministro, minerales críticos, seguridad, inteligencia artificial y tratados comerciales. La estructura de fondo sigue siendo la misma: una potencia central que busca mantener subordinada a una región dependiente y una burguesía local que necesita negociar con esa potencia para reproducir sus negocios.
Por eso el antiimperialismo nunca fue una cuestión ornamental para el Frente Amplio. Formó parte de su razón de ser. Estuvo en la solidaridad con Cuba, en la defensa de la soberanía latinoamericana, en la condena a las dictaduras, en la memoria de los compañeros asesinados y desaparecidos por el Plan Cóndor.
Hay algo que se está perdiendo cuando esa tradición queda reducida a recordar viejas posiciones.
El mundo que recibió a Orsi en Nueva York tiene a Estados Unidos bombardeando Irán, a Israel ejecutando una guerra de exterminio contra el pueblo palestino, a Washington reorganizando su estrategia sobre América Latina y a las grandes corporaciones disputando recursos estratégicos del continente. No hace falta inventar una conspiración. Está escrito en las relaciones de poder y está ocurriendo ahora.
Frente a eso, la izquierda tiene que recuperar una premisa elemental: los pueblos tienen enemigos concretos y los gobiernos deben decidir de qué lado se paran cuando esos intereses chocan.
Orsi eligió no nombrarlos.
El Frente Amplio puede aceptar esa orientación como parte de una política exterior moderada y administrable. También puede discutirla desde su propia historia. Ahí está el sentido de esta crítica. No para reclamarle al gobierno una estética más radical, sino para recordar que el antiimperialismo pierde contenido cuando sirve para recordar el pasado y no para intervenir sobre el presente.
La libertad que importa para los pueblos de América Latina no se encuentra en una declaración de 1776. Se construye con soberanía nacional, independencia económica, integración continental y capacidad popular para decidir sobre los recursos, la producción y el rumbo político.
Eso era parte del patrimonio histórico frenteamplista.
Es hora de volver a defenderlo con nombres propios.
