El domingo 22 de noviembre se celebran las elecciones obligatorias para renovar los representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Más de un millón y medio de trabajadores activos, jubilados y pensionistas concurren a las urnas para elegir a los delegados que integrarán el máximo órgano del instituto previsional estatal. La correlación de fuerzas dentro del directorio incide de forma directa sobre la gestión del salario indirecto: el régimen de cálculo de las pasividades, los subsidios por enfermedad y desempleo, el control de las licencias y la orientación del sistema de salud y cuidados.
La derecha política y patronal busca expandir sus posiciones en los tres órdenes en pugna. Sectores vinculados al Partido Nacional, agrupaciones de grandes burgueses rurales como Un Solo Uruguay y operadores empresariales compiten para desplazar a las organizaciones sindicales y populares. Su objetivo histórico consiste en subordinar la administración del BPS a las metas de contención del gasto público, debilitar el rol protector del Estado y afianzar el terreno para el lucro privado. Frente a esa ofensiva patronal, el voto popular a las listas representativas de los trabajadores y de los pasivos resulta indispensable para impedir que los representantes directos del gran capital monopolicen el directorio.
En el orden de los trabajadores activos, la Lista 11, postulada por el Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT-PIT-CNT) y encabezada por Carlos Clavijo —dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA)—, defiende el principio de solidaridad intergeneracional y el carácter público del sistema. La plataforma de la Lista 11 prioriza la formalización de sectores precarizados, la cobertura para repartidores y choferes de plataformas digitales, el acceso al seguro de desempleo para peones zafrales y la actualización de las jubilaciones bonificadas en tareas de desgaste físico y mental prematuro. La presencia del movimiento sindical organizado en el BPS actúa como dique de contención ante la desregulación laboral y permite el seguimiento directo de los expedientes de miles de asalariados que enfrentan las trabas burocráticas del organismo.
El escenario en el orden de los pasivos presenta particularidades determinantes. Dos candidaturas con inserción en el movimiento social aspiran al cargo: la Lista 1, respaldada por la dirección de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), y la Lista 2, impulsada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (COJUPE) y encabezada por María Ángela Pereira, con Daniel Pereira como referente en la lista.
La evaluación de estas listas exige analizar su conducta práctica en momentos clave de la lucha de clases. Durante la recolección de firmas y la posterior campaña por el plebiscito contra la reforma de la seguridad social (ley 20.130), la conducción de ONAJPU resolvió otorgar «libertad de acción» a sus filiales. Esa postura frente a la enmienda constitucional fue cuestionada por gremios como la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y por la Agrupación de Jubilados por el Sí, encabezada por Adolfo Bertoni. La papeleta establecía la equiparación de las jubilaciones mínimas con el Salario Mínimo Nacional, lo que hubiera elevado de forma automática el ingreso de más de 308.000 pasivos que subsisten bajo retribuciones de indigencia. Al adoptar una posición prescindente, la dirección de la Lista 1 eludió una confrontación frontal contra la ley impuesta por el gobierno de coalición y resignó una palanca central de movilización de masas.
La Lista 2 concentra su intervención en la erradicación del lucro financiero de las AFAP y la restitución del aguinaldo a los jubilados, un derecho elemental confiscado en 1979 por la dictadura militar y postergado durante cuatro décadas por las distintas administraciones de gobierno. Los voceros de la Lista 2 denuncian que las AFAP extraen unos seis millones de dólares diarios de la masa salarial trabajadora para canalizarlos hacia títulos de deuda pública e inversiones forestales que no benefician al pueblo. Al mismo tiempo, la lista denuncia el desfinanciamiento estructural del BPS ocasionado por las exoneraciones a patronales agropecuarias, papeleras y grandes exportadores —que tributan aportes de entre el 7,5 % y el 0 %—, provocando una pérdida superior a los 200 millones de dólares anuales en la recaudación del instituto. Su propuesta enfatiza la necesidad de una representación que utilice la banca en el directorio para organizar la movilización en las calles, exigir la adjudicación de miles de viviendas del BPS que permanecen ociosas y garantizar la entrega oportuna de prótesis y medicamentos a los pasivos pobres.
Esta discusión sobre el rumbo de la seguridad social cobra fuerza en asambleas de base y comités, como el Comité El Galpón, donde la militancia debatirá el rumbo de la Seguridad Social este domingo 15 de noviembre a las 12:30hs, en Av. Uruguay 1710, con la presencia de Karina Sosa (Presidenta de ATSS) y Marita Rodríguez (Mondess).
