El Plan Estratégico 2025-2030 del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), aprobado por Resolución N.º 3958/2025, reconoce formalmente las carencias crónicas de la institución: déficits de recursos humanos, deterioro edilicio, saturación residencial y fallas de articulación interinstitucional. Frente a este cuadro, el documento define como prioridades el abordaje de las violencias, la atención en salud mental, la desinternación de menores de tres años y el desarrollo territorial. Sin embargo, su planteo elude la contradicción central: formula metas de intervención y modernización de la gestión sin comprometer partidas presupuestales incrementales ni alterar las condiciones materiales que producen la vulneración masiva de derechos.
La pobreza infantil en Uruguay expresa la forma en que el régimen de acumulación distribuye la riqueza producida. Según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras la pobreza general ronda el 10% y en adultos mayores de 65 años se sitúa en torno al 6%, en la primera infancia —menores de 6 años— trepa al 29,1%. Prácticamente uno de cada tres niños uruguayos nace en hogares que no cubren la canasta básica. Esta concentración no deriva de conductas individuales ni de déficits pedagógicos en las familias, sino del nivel de explotación salarial, la desocupación, la informalidad y la precariedad de la vivienda que sufre la clase trabajadora. Cuando el salario no alcanza el valor de la canasta familiar y el Estado restringe el gasto social, el costo de la subsistencia recae sobre la niñez y las mujeres trabajadoras. El INAU absorbe los efectos terminales de este régimen de explotación; sin modificar la base económica que precariza los hogares populares, la acción estatal queda reducida a mitigar daños ya consumados.
El presupuesto público sintetiza la correlación de fuerzas de clase y define qué necesidades sociales se atienden prioritariamente. El Plan Estratégico no detalla las partidas presupuestales necesarias, las metas de ingreso de funcionarios ni los cronogramas de inversión en infraestructura requeridos para materializar sus directrices. Proponer estándares de calidad sin financiamiento estatal genuino traslada la carga a los equipos de atención directa y somete el cumplimiento de los derechos a los topes de gasto fijados por el gobierno. Para financiar la cobertura integral de la infancia no alcanza la apelación a la austeridad y la eficiencia administrativa: se requiere disputar la renta acumulada por los sectores dominantes mediante gravámenes directos a la gran propiedad y las ganancias empresariales, como la propuesta de un impuesto del 1% sobre los patrimonios del 1% más rico del país.
Esta restricción de recursos convive con una orientación privatizadora del gasto institucional. Una porción mayoritaria del presupuesto del INAU se deriva al sostenimiento de convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas tercerizadas para gestionar servicios de cuidados, alimentación, centros diurnos y tareas de apoyo. Este modelo no resuelve las carencias del sistema: fragmenta la intervención estatal, genera lucro privado con fondos públicos y precariza a los educadores y trabajadores del ámbito no oficial mediante convenios colectivos sumergidos e inestabilidad laboral. Al mismo tiempo, los centros oficiales de 24 horas soportan la mayor demanda de medidas judiciales en condiciones de sobrepoblación, con carencias edilicias y sin recursos para sostener intervenciones especializadas.
La meta de erradicar la atención residencial de menores de tres años y promover el egreso de adolescentes ilustra los riesgos de disociar las pautas técnicas de las condiciones socioeconómicas. El derecho a crecer en el entorno familiar se transforma en un mecanismo de ajuste administrativo si el Estado no garantiza trabajo remunerado, acceso a la vivienda, asignaciones familiares suficientes y atención en salud a las familias de origen. Desinstitucionalizar sin transferir recursos materiales a los hogares empobrecidos traslada el costo del cuidado a familias que ya están desbordadas. En el caso de los adolescentes, cesar la tutela institucional sin asegurar inserción laboral productiva ni soluciones habitacionales los arroja a la marginalidad. La desinternación no puede computarse como un éxito por la reducción estadística de plazas residenciales; su único indicador válido radica en la garantía material de una trayectoria de vida autónoma y digna.
La capacidad operativa del Estado descansa sobre los trabajadores. En la práctica cotidiana, las demoras burocráticas y el congelamiento en el ingreso de personal conspiran contra la atención directa, multiplicando la sobrecarga sobre planteles reducidos y deteriorando la salud laboral de los equipos. La planificación centralizada no puede imponer transformaciones a espaldas de quienes ejecutan las medidas en el territorio. Los trabajadores deben ejercer el control sobre los diagnósticos, los presupuestos y la gestión de los centros, exigiendo la presupuestación de las vacantes necesarias y el cese de la precarización.
El Plan Estratégico 2025-2030 del INAU se encuentra ante una disyuntiva. O convalida la administración de la escasez a través de convenios privados, precarización laboral y metas administrativas de desinternación sin respaldo económico, o se convierte en un terreno de disputa política donde la clase trabajadora y los sectores populares impongan a través de la lucha los recursos presupuestales, el ingreso de personal y las transformaciones estructurales indispensables para asegurar la vida de las infancias.
