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Consolidación de la dependencia

Datacenters, Praxis y Solaris

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La propaganda oficial presenta cada anuncio de inversión tecnológica como un pasaporte a la modernidad. Detrás de los términos en inglés y las promesas de innovación, el modelo que se consolida en Uruguay reproduce la lógica extractivista clásica: entrega de territorio, renuncia fiscal, sobreexplotación de bienes comunes y subordinación de las empresas públicas a la rentabilidad del gran capital transnacional. Los proyectos recientes vinculados a megacentros de datos, el desembarco del proyecto Praxis en Colonia y el acuerdo con la multinacional Solaria exhiben con claridad los mecanismos materiales de esta transferencia de riqueza.

El proyecto de Solaria Energía y Medio Ambiente resume la orientación de la política económica estatal. La corporación española anunció una inversión proyectada de 5.700 millones de dólares para montar un campus de centros de datos de hasta 500 megavatios (MW) entre Canelones y San José, operando bajo el régimen de zona franca. Para abastecer una parte de esa demanda descomunal, prevé instalar 350 MW de energía solar fotovoltaica. El nudo del negocio radica en el papel que asume el Estado: UTE le facilita terrenos públicos en el departamento de Florida para que la corporación monte su parque privado y, al mismo tiempo, el ente estatal firma un contrato de compraventa de energía (Power Purchase Agreement o PPA) con un plazo de hasta 40 años.

El acuerdo profundiza la trampa montada hace una década con la publicitada “transformación de la matriz energética”. Durante más de una década se difundió el relato del Uruguay pionero en energías renovables, ocultando que el grueso de la generación eólica y solar quedó en manos de consorcios privados mediante contratos PPA leoninos a 20 y 30 años. Bajo cláusulas de compra obligatoria (take-or-pay), UTE quedó atada a pagar en dólares toda la energía que esos molinos y paneles inyectan a la red, se necesite o no, trasladando todo el riesgo de mercado a las finanzas públicas. Cuando sobran excedentes, el Estado los malvende al exterior a pérdida; cuando los contratos asfixian al ente, los generadores privados rechazan cualquier renegociación sustancial. Los costos fijos de ese esquema privatizador los paga la clase trabajadora en su factura mensual, sufriendo una de las tarifas eléctricas domiciliarias más caras de la región.

El desembarco de los megacentros de datos agrava esta estructura parasitaria. Estas instalaciones devoran energía en cantidades industriales para refrigerar y alimentar filas de servidores dedicados a la nube y a los modelos de inteligencia artificial de gigantes tecnológicos extranjeros. Mientras a la población se le cobra la electricidad a precios usureros, el capital financiero e inmobiliario que gestiona estos complejos accede a energía limpia garantizada por el tendido público. Además, el Estado se ve obligado a financiar con fondos propios las obras de infraestructura que demandan estos inversores: UTE debe acomodar partidas presupuestales por unos 120 millones de dólares para robustecer la red de alta tensión de 500 kV en nudos estratégicos como Cardal y Chamberlain para que el complejo privado pueda conectarse.

En el plano del régimen legal e impositivo, el despojo se institucionaliza mediante las zonas francas. Amparadas en la Ley 15.921 y las exoneraciones de la COMAP, estas corporaciones no pagan Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), importan equipamiento informático de millones de dólares libre de aranceles y se apropian de las fuentes de agua sin pagar por el impacto ambiental que generan. La contrapartida social es casi nula: superada la fase de obra civil, la operativa de un centro de datos deja un puñado de puestos de trabajo directos concentrados en vigilancia, mantenimiento básico y limpieza.

A esta matriz de enclaves se suma el proyecto Praxis, impulsado por Dryden Brown y financiado por círculos de capital de riesgo y criptomonedas de Silicon Valley. Tras fracasar en sus intentos internacionales de fundar un “network state” o ciudad autónoma extraterritorial, Praxis pactó una inversión de 1.000 millones de dólares dentro del megaproyecto +Colonia de Eduardo Bastitta, para erigir un vecindario tecnológico de 350.000 metros cuadrados habitables a partir de 2027. Los voceros corporativos se apresuran a declarar que la iniciativa se someterá a la legislación nacional para diferenciarse de los escándalos de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) en Honduras, donde compañías como Próspera privatizaron la justicia, la policía y el régimen tributario en enclaves corporativos que violentaron la soberanía de ese país. Sin embargo, el contenido de clase es equivalente: se trata de crear guetos dorados para una élite digital internacional, asentados sobre ventajas fiscales, especulación inmobiliaria y segregación socioespacial, completamente desvinculados de las urgencias de las familias trabajadoras del departamento de Colonia y del país.

El Uruguay dependiente consolida así su inserción en la división internacional del trabajo. Lejos de un salto industrializador soberano o del desarrollo científico al servicio de las mayorías, el país hipoteca sus tierras fiscales, compromete su red eléctrica nacional y cede soberanía tributaria para alojar las máquinas de almacenamiento de datos y los barrios privados del capital monopolista. La clase obrera pone los recursos, el territorio y la tarifa cara; el imperialismo digital se lleva las ganancias netas sin dejar nada a cambio.

Redacción En Marcha
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