La aprobación en el Senado del Acuerdo logístico entre Uruguay y Estados Unidos que abre las puertas a la instalación de BASES militares estadounidenses en territorio uruguayo, ocurrió en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó la Prisión Domiciliaria para mayores de 65 años, de la que se beneficiarán particularmente los militares presos por violaciones a los derechos humanos y hechos vinculados al terrorismo de Estado.
Es sorprendente que no forme parte de la discusión pública la simultaneidad de la media sanción de ambos proyectos. Asombra especialmente que no se interrogue acerca de si existió una relación causal en la aprobación al mismo tiempo de ambos proyectos. ¿O acaso se trató de una mera casualidad, puramente azarosa? Es necesario preguntar si hubo una negociación entre el Partido Nacional -acompañado por el Partido Colorado- y Cabildo Abierto, relacionando ambos textos. Un canje de Bases militares yanquis por prisión domiciliaria para militares presos, por violaciones de derechos humanos, mayores de 65 años.
Recordemos que el “Acuerdo para la Adquisición de Suministros y la Prestación Recíproca de Servicios (US – UY – 02) entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América”, incluye en el literal e. sobre Apoyo Logístico, Suministros y Servicios, la siguiente explícita referencia a Bases militares: “apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)”.
Esa referencia a las Bases (junto con otros aspectos del proyecto) dio lugar al rechazo de la bancada del Frente Amplio. A la vez también algunos integrantes de la coalición multiconservadora de gobierno, en particular de Cabildo Abierto -el partido del general Manini- expresaron sus dudas sobre la referencia a las Bases. Así lo manifestó el senador Domenech, en una de las sesiones del plenario del Senado que trató el tema. En consecuencia el proyecto sobre el Acuerdo militar con Estados Unidos volvió a la Comisión de Asuntos Internacionales, en la ocasión integrada con Defensa Nacional.
Se abrió así un cierto margen de duda acerca de si Cabildo aprobaría el Acuerdo que incluye las Bases. A pesar de que la senadora Irene Moreira ya había votado a favor en la anterior sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales (como también lo había hecho algún senador frentista, por ejemplo Mario Bergara, quien luego se alineó con la posición contraria del FA).
Parecía claro que el viceministro de Defensa Nacional, el coronel retirado Rivera Elgue, integrante de Cabildo Abierto, compartía la posición favorable al Acuerdo que sostuvo siempre el Ministro Javier García.
Finalmente quedó claro, al aprobarse en el Senado, que la posición de Cabildo Abierto es favorable al Acuerdo militar con Estados Unidos y por ende a las Bases. Hay presuntos “artiguistas” que inequívocamente no tienen nada de artiguistas. Sin embargo es muy posible que los cabildantes hayan obtenido algunos de sus otros objetivos durante las negociaciones.
La larguísima sesión extraordinaria del Senado, del pasado 19 de diciembre de 2023, en la que se aprobaron los dos proyectos, permitió que se conocieran públicamente algunos aspectos de la larga negociación entre los partidos de la coalición del gobierno conservador.
El proyecto que modifica el Código del Proceso Penal para habilitar la prisión domiciliaria de los mayores de 65 años, lo elaboró esencialmente la senadora nacionalista Carmen Asiaín, en sustitución del proyecto inicialmente presentado por Cabildo Abierto, el cual era mucho más preceptivo respecto de la prisión domiciliaria que beneficiará a los militares presos.
Durante la negociación del proyecto alternativo, entre los partidos del gobierno, se incluyeron normas también modificatorias del Código del Proceso Penal en la pasada Rendición de Cuentas. Normas a las que hace referencia explícita el proyecto de prisión domiciliaria recién aprobado.
Casualmente, como todos recordarán, Cabildo Abierto amenazó públicamente con no votar la Rendición de Cuentas, pero finalmente la votó cuando obtuvo 13 millones de dólares destinados a aumentos salariales para los militares.
Puede así apreciarse que el “quid pro quo”, el toma y daca, tuvo varios aspectos a lo largo de meses. Sin embargo, a nuestro entender, lo esencial desde el punto de vista estratégico fue el intercambio de Bases yanquis por prisión domiciliaria para militares presos vinculados al terrorismo de Estado.
No nos sorprende la ausencia de polémica pública sobre el tema de las Bases. El antimperialismo ha casi desaparecido del lenguaje político así como del discurso académico y mediático. Incluso entre los militantes es notoria la escasez de conciencia antimperialista. El inducido alzheimer colectivo ha logrado imponerse en gran medida.
En cambio, afortunadamente, se mantiene la vigencia del tema de los derechos humanos y las violaciones a los mismos durante la pasada dictadura militar. Sin embargo no hay discusión pública, notoria y visible, acerca de la concatenación de los dos proyectos con media sanción: el Acuerdo militar con Estados Unidos por las Bases y la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, pensada para militares presos.
La feroz historia muy bien documentada del recientemente fallecido Henry Kissinger demuestra que no existe ninguna posibilidad de continuar eliminando nuestra conciencia antimperialista y a la vez defender realmente los derechos humanos y sociales de nuestros pueblos.
