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La caja oleosa de Pandora
La reciente autorización para avanzar en prospecciones sísmicas petroleras en la plataforma marítima uruguaya no puede entenderse aisladamente como un asunto técnico o ambiental. Se trata de un fenómeno inserto en la estructura mundial de acumulación de capital, la jerarquía de potencias y la competencia imperialista por recursos estratégicos. En Uruguay ‒un país con escasos recursos energéticos propios y una histórica dependencia de combustibles fósiles importados‒ la decisión del Estado de promover la exploración de hidrocarburos en aguas jurisdiccionales expresa contradicciones profundas entre intereses de clase que no han sido abordadas desde una perspectiva soberana del desarrollo económico y energético.
El proceso de prospección sísmica 3D, iniciativa promovida por el Estado a través de ANCAP y autorizada por el Ministerio de Ambiente, contempla campañas de relevamiento sísmico en áreas que totalizan unos 51 000 km² de la Zona Económica Exclusiva uruguaya, con participación de firmas como APA Exploration, PGS y CGG Services. Estas campañas no son inocuas: implican la introducción de fuentes acústicas de alta energía en el subsuelo marino buscando estructuras favorables para posibles yacimientos de hidrocarburos. Si bien el Ejecutivo afirma que somete el proyecto a fuertes controles, la discusión pública y jurídica que se desató –como los recursos de amparo impulsados por la Institución Nacional de Derechos Humanos y grupos sociales– demuestra que el foco ambiental —aunque legítimo— no puede ser el único eje interpretativo de las implicancias reales de esta política.
Este impulso ocurre en un contexto donde Uruguay sigue importando casi la totalidad de sus derivados de petróleo, con impactos negativos en su balanza comercial y vulnerabilidad energética. El Gobierno justifica la exploración petrolera como una posible sustitución de importaciones y una fuente de ingresos para ANCAP y el Estado, así como una manera de financiar la transición energética. Sin embargo, bajo las reglas imperialistas, el problema no es solo si se halla petróleo o no, sino quién lo controla, bajo qué condiciones y con qué correlación de fuerzas externa e interna eso se traduce en autonomía económica o simple extracción de rentas con transferencia de plusvalía al capital extranjero.
La experiencia histórica moderna ofrece ejemplos elocuentes de la forma en que la industria petrolera ha sido instrumento de dependencia y subordinación económica. En Argentina, la Batalla del Petróleo de 1958 intentó autoabastecerse sin renunciar a la concertación con capitales privados extranjeros, generando fuertes resistencias y debilitamientos políticos al gobierno de Arturo Frondizi, pese a su retórica soberanista. En Venezuela, la larga historia de control extranjero, nacionalización parcial y posterior intervención estadounidense ejemplifica cómo los hidrocarburos —el recurso estratégico por excelencia del siglo XX— se convierten en pieza angular de la política mundial, tanto económica como militar. La intervención estadounidense de 2026 en Venezuela, que incluye bloqueos, decomiso de buques y acciones directas sobre activos petroleros, reitera el lugar que el acceso y control de fuentes de energía tienen en la estrategia geopolítica de Washington.
En términos de política mundial, las grandes potencias han reconfigurado sus estrategias alrededor de la seguridad energética y el control de recursos. Aunque documentos oficiales recientes como la National Defense Strategy de Estados Unidos no lo articulan explícitamente en términos de “petróleo”, la praxis geopolítica de Washington en América Latina y el Caribe —como la reactivación de bases militares, acuerdos de seguridad multilateral y una nueva interpretación ampliada de la doctrina Monroe— apuntan a garantizar que los recursos estratégicos de la región permanezcan accesibles a sus intereses hegemónicos. Este reflujo del “imperialismo clásico” hacia formas renovadas de influencia dura se expresa en campañas diplomáticas y, cuando es necesario, en intervenciones abiertas con argumentos de “seguridad” o “lucha contra el narcotráfico”, funcionales a la reproducción de dominación estructural.
El caso uruguayo se inserta en esta lógica: empresas transnacionales con sede en economías centrales vienen a relevar datos sísmicos cuya concreción de explotación dependerá en gran parte del precio internacional del petróleo, de la disponibilidad de capital para perforar y de la geopolítica de inversiones, no de una “estrategia soberana” uruguaya autónoma. El capital transnacional extrae plusvalía no solo del recurso en sí, sino de la dependencia de tecnología, financiamiento y mercados fijados fuera de la esfera nacional. La historia de explotación de materias primas en América Latina es, en esencia, la historia de cómo los países periféricos exportan recursos estratégicos con valor agregado mínimo y terminan hipotecando su futuro económico a los vaivenes del mercado y a las condiciones impuestas por oligopolios energéticos.
En contraste a una mirada tecnocrática o ambientalista, una perspectiva de soberanía energética y nacional exige reponer el papel del Estado como eje rector de la acumulación de fuerzas interna, priorizando el control de recursos estratégicos para el desarrollo autónomo. Eso implica no solo discutir el impacto ambiental, sino también cómo el valor producido por la extracción se redistribuye y quién lo decide. Países como Noruega, con un modelo de empresa estatal petrolera robusta y un fondo soberano, han logrado internalizar parte significativa de la renta petrolera en la economía nacional, aunque incluso estos casos se mueven dentro de la dinámica capitalista y no son disociables de relaciones de dependencia tecnológica y financiera globales.
Uruguay enfrenta así una encrucijada estructural: asimilar, resistir o reconfigurar su inserción en el sistema mundial de producción, donde el imperialismo —en su fase contemporánea— usa tanto incentivos económico-financieros como presión geopolítica para mantener o ampliar su acceso a recursos estratégicos. La discusión sobre prospección sísmica debe situarse en ese marco: más allá de las medidas de mitigación ambiental, el problema de fondo es si esta política reproduce la subordinación del país a cadenas globales de valor dominadas por el capital transnacional o si puede articularse en torno a un proyecto soberano de largo plazo que reorganice las relaciones de producción en función de las necesidades populares y de un desarrollo verdaderamente independiente.
La cuenca tiene la canilla abierta
Cuando se habla de soberanía en Uruguay, el debate suele concentrarse en la política exterior o en la defensa. Sin embargo, en una economía dependiente, la soberanía se juega ante todo en el control material de las condiciones de reproducción social. El agua es una de esas condiciones. No es simplemente un bien ambiental: es un insumo estratégico para la producción, un componente esencial del territorio y un factor que define la orientación del desarrollo.
Uruguay posee una disponibilidad relativa de agua dulce superior al promedio mundial. Esa abundancia, lejos de ser garantía de autonomía, lo convierte en un espacio atractivo para capitales cuya lógica responde al imperialismo. El país se ha consolidado como plataforma agroexportadora y forestal, con fuerte presencia de conglomerados vinculados a la producción de celulosa, como UPM y Montes del Plata. Estos emprendimientos no se instalan por razones filantrópicas ni por afinidad política: lo hacen porque encuentran condiciones naturales y normativas favorables, entre ellas acceso estable a grandes volúmenes de agua.
En ese marco, la reforma constitucional de 2004 representó un punto de inflexión al establecer el carácter público del agua y su gestión estatal, revirtiendo el ciclo privatizador de los años noventa impulsado bajo la tutela de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquella victoria popular limitó la apropiación directa del servicio por parte de empresas transnacionales. No obstante, dejó intacto un problema estructural: la utilización del recurso en función de un patrón productivo orientado a la exportación de materias primas.
La crisis hídrica que afectó al área metropolitana en 2023 expuso esa contradicción. Mientras el consumo humano enfrentaba restricciones y deterioro en la calidad del agua, el esquema productivo no fue puesto en cuestión de fondo. El Estado actuó sobre la emergencia, pero no alteró la jerarquía económica que prioriza la generación de divisas a través del complejo agroindustrial y forestal. La tensión no es moral ni técnica; es económica. En una estructura dependiente, la obtención de dólares para sostener la balanza de pagos condiciona la política interna, incluso cuando ello entra en conflicto con necesidades sociales inmediatas.
La dimensión internacional profundiza el problema. El agua se ha convertido en un recurso estratégico en la planificación de las grandes potencias. Documentos de defensa y seguridad de Estados Unidos incluyen la protección de recursos críticos dentro de su agenda geopolítica. América Latina, con grandes reservas de agua dulce —entre ellas el sistema acuífero Guaraní—, aparece como territorio de interés permanente. La historia regional muestra que la presencia económica suele preceder o acompañar dispositivos de influencia política y militar.
Experiencias comparadas ayudan a comprender los riesgos. En Bolivia, la privatización del servicio en Cochabamba, bajo control de un consorcio extranjero, derivó en una confrontación social que evidenció cómo la mercantilización del agua afecta directamente la soberanía estatal. En Chile, el régimen de propiedad privada de derechos de agua consolidó una estructura donde grandes empresas controlan el recurso en detrimento de comunidades y pequeños productores. En ambos casos, la subordinación jurídica del agua a la lógica del mercado limitó la capacidad del Estado para planificar su uso conforme a criterios sociales.
Más extremo aún es el caso de Mekorot, empresa estatal israelí encargada de la gestión del agua en Israel y en los territorios palestinos ocupados. Diversos informes de organismos internacionales y de derechos humanos han documentado cómo el control de infraestructuras hídricas en Cisjordania y la Franja de Gaza ha sido utilizado para restringir el acceso de la población palestina al agua, mientras se garantiza abastecimiento prioritario a asentamientos israelíes. En el contexto de genocidio en Gaza, el suministro de agua ha sido interrumpido o severamente limitado, agravando el exterminio. En este caso, el agua deja de ser solo un recurso económico para convertirse en instrumento directo de coerción política y militar.
En Uruguay no existe un mercado de derechos tan explícito, pero sí hay una apropiación diferencial del recurso a través de concesiones, contratos y prioridades implícitas en la planificación. La cuestión central es quién decide el destino del agua y bajo qué racionalidad. Si el criterio predominante es sostener un modelo primario-exportador intensivo en recursos naturales, la soberanía queda subordinada a la reproducción de ese esquema. La renta generada por dichas actividades, además, no se traduce automáticamente en diversificación productiva ni en fortalecimiento tecnológico interno; una parte sustantiva se transfiere al capital extranjero o a sectores concentrados asociados a él.
Defender la soberanía del agua implica entonces más que reafirmar su carácter público. Supone integrar su gestión en una estrategia nacional de desarrollo que priorice el abastecimiento de la población, la industrialización y la reducción de la dependencia externa. Esto requiere planificación de cuencas, regulación estricta del uso industrial y una revisión del régimen de incentivos otorgado a grandes inversores.
La discusión no puede eludir ese dato. En una economía periférica, la soberanía es siempre relativa y disputada. Si el control del agua permanece formalmente en manos del Estado pero materialmente condicionado por la necesidad de atraer y retener inversión extranjera, la autonomía será limitada. El desafío es transformar esa estructura, no sólo administrar sus efectos. La soberanía hídrica, en ese sentido, es inseparable de una estrategia más amplia de transformación productiva.