El 24 de agosto de 1994, hace 32 años, miles de uruguayos se concentraron en las inmediaciones del Hospital Filtro para defender el derecho de asilo de tres ciudadanos vascos que se encontraban internados luego de una huelga de hambre y de sed. La respuesta del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera fue una operación represiva de enorme magnitud. La Policía atacó la movilización, dejó cientos de heridos y Fernando Morroni murió como consecuencia de los disparos recibidos durante la represión. Roberto Facal murió horas después, en circunstancias que continúan siendo objeto de controversia y reclamo de investigación.
La masacre del Filtro constituye uno de los episodios más graves de violencia estatal ocurridos durante el período posterior a la dictadura.
Los antecedentes se remontaban a 1992, cuando ciudadanos vascos residentes en Uruguay fueron detenidos y el Estado español solicitó su extradición bajo la acusación de pertenecer a Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Finalmente, la Justicia uruguaya autorizó la extradición de Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Mari Lizarride. Ante la inminencia de su traslado, los tres iniciaron una huelga de hambre y posteriormente de sed, hasta que fueron internados en el Hospital Filtro.
La movilización que se desarrolló alrededor del hospital expresaba una tradición política profundamente arraigada en la sociedad uruguaya: la defensa del derecho de asilo y la solidaridad internacional con quienes sufrían persecución política. El movimiento sindical, organizaciones sociales, sectores políticos de izquierda y miles de personas participaron de las concentraciones. No se trataba únicamente de la situación jurídica de tres personas. Estaba en discusión qué posición adoptaría Uruguay frente a la presión de un Estado extranjero y frente al principio histórico de protección a los perseguidos políticos.
La dimensión internacional del conflicto tampoco puede ser ignorada. El gobierno de Felipe González presionaba por la entrega de los ciudadanos vascos, mientras el gobierno de Lacalle Herrera asumía la decisión de garantizar la extradición. La política exterior y la política interna convergieron en una misma operación: asegurar el cumplimiento de una decisión judicial que respondía a un proceso de extradición solicitado por España y contener mediante la fuerza la movilización popular que intentaba impedirla.
La noche del 24 de agosto mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno. El operativo involucró a distintas unidades policiales y fue dirigido por el Ministerio del Interior, encabezado entonces por Ángel María Gianola. La Policía utilizó fuerzas de choque, caballería y armas de fuego. La investigación judicial posterior estableció que no existían elementos suficientes para sostener que los manifestantes hubieran efectuado disparos contra los efectivos policiales, una cuestión central para comprender la magnitud de la respuesta represiva.
Fernando Morroni tenía 24 años. Murió después de recibir disparos de escopeta. La investigación periodística realizada sobre los hechos estableció que la autopsia constató disparos por la espalda y a corta distancia.
Su muerte quedó asociada para siempre a la lucha de su madre, Norma Morroni, quien durante décadas sostuvo el reclamo de verdad y justicia. La persistencia de esa lucha tiene una importancia que excede el caso individual. La impunidad transforma un crimen político en un precedente.
Roberto Facal también forma parte de esta memoria. Trabajador de la Universidad de la República y fotógrafo, había registrado durante aquellos días la concentración y el despliegue represivo. Murió durante la madrugada del 25 de agosto, después de regresar a su domicilio. Su asesinato fue investigado judicialmente como un hecho separado y dos personas fueron condenadas por su muerte, mientras persiste el reclamo de quienes sostienen que debe esclarecerse su relación con los acontecimientos del Filtro.
La extradición finalmente se concretó. Cerca de la medianoche, los tres ciudadanos vascos fueron trasladados al aeropuerto y enviados a España. La movilización había sido reprimida y el objetivo del gobierno había sido cumplido. Quedaron los muertos, los heridos y una sociedad que había asistido a una demostración brutal de los límites que el poder estaba dispuesto a imponer a la movilización popular.
La masacre ocurrió durante el último año del gobierno de Lacalle Herrera, en un período marcado por la consolidación de las políticas neoliberales y por la reorganización de las fuerzas políticas y sociales después de la dictadura. La década de 1990 estuvo atravesada por una ofensiva contra conquistas sociales, por la reestructuración del Estado y por una fuerte presión hacia la subordinación de las relaciones económicas y políticas nacionales a las necesidades del capital. En ese escenario, la cuestión del orden público adquiría una función política concreta: garantizar las condiciones para la aplicación de determinadas decisiones de gobierno frente a la resistencia organizada.
Una multitud se movilizó contra una decisión del Estado, el gobierno respondió mediante un operativo policial de gran escala y dos jóvenes murieron en el marco de aquellos acontecimientos. El Estado ejerció su monopolio de la violencia en defensa de una decisión política concreta. La pregunta histórica fundamental consiste en determinar quién tomó las decisiones, qué intereses políticos estaban en juego y por qué, 32 años después, continúa sin existir una respuesta suficiente sobre las responsabilidades de aquella represión.
También es necesario recordar el papel de los medios de comunicación. Durante la jornada, Radio Panamericana transmitió desde las inmediaciones del hospital y posteriormente dejó de operar. El episodio formó parte de una disputa por el control de la información en un momento de fuerte conflictividad política.
Treinta y dos años después, la memoria del Filtro continúa viva. La Coordinación 24 de Agosto volvió a movilizarse este año bajo la consigna “Solidaridad sin transas, memoria y resistencia”, reivindicando la continuidad de una lucha que atravesó generaciones y que mantiene como una de sus principales referencias a Norma Morroni y su reclamo de justicia.
Recordar el Filtro significa asumir una conclusión política concreta: la democracia institucional no elimina por sí misma las estructuras de coerción del Estado ni garantiza que quienes las conducen respondan por sus actos. La experiencia histórica demuestra que, cuando determinados intereses políticos son considerados prioritarios por las clases dominantes, las instituciones pueden utilizarse para contener la organización y la protesta de los sectores populares.
La memoria tiene entonces una función política. No consiste en conservar una imagen estática del pasado, sino en reconstruir las relaciones de fuerza que produjeron aquellos acontecimientos. Fernando Morroni y Roberto Facal no pueden quedar reducidos a nombres pronunciados una vez al año. Sus muertes forman parte de la historia del movimiento popular uruguayo y de la historia de la represión estatal durante la democracia.
A 32 años del Filtro, la exigencia de verdad y justicia continúa vigente. También permanece vigente la solidaridad internacionalista que llevó a miles de uruguayos a las calles aquel 24 de agosto. La memoria del Filtro pertenece al pueblo que se movilizó, a quienes fueron heridos, a quienes sostuvieron durante décadas el reclamo de justicia y a las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de conocer esta historia.
Porque la impunidad también es una forma de política de Estado cuando permite que los responsables desaparezcan detrás del tiempo. Recordar el Filtro es impedir que eso ocurra.