Tabla de contenidos
- Un balance que mide la política desde el resultado electoral
- El problema de definir la acumulación
- La “mística” y la desaparición de las determinaciones materiales
- El antecedente que el balance deja fuera: quince años de gobierno y continuidad estructural
- ¿Qué clase de acumulación?
- Una alternativa para el balance
El capítulo II del Documento base del VIII Congreso del Frente Amplio presenta una dificultad política de fondo: construye un balance cuyo recorrido argumental comienza reconociendo que la fuerza política atravesaba una situación crítica, atribuye a la etapa posterior a 2019 un proceso fuertemente positivo de “reconstrucción, renovación y acumulación” y termina reconociendo nuevamente problemas profundos de estructura, militancia, vínculo social, orientación política y popularidad del gobierno. La contradicción no es un detalle de redacción. Determina qué se considera una explicación válida de la derrota de 2019, cómo se interpreta la victoria de 2024 y, sobre todo, qué consecuencias políticas deben extraerse de ese recorrido.
El documento fue aprobado por el Plenario Nacional el 8 de agosto de 2026 y será discutido en el VIII Congreso, convocado para octubre. En ese mismo contexto, el Plenario resolvió proponer que Fernando Pereira continúe en la Presidencia del Frente Amplio, mientras las elecciones internas de la fuerza política quedaron previstas para 2027. Esta coincidencia temporal vuelve particularmente relevante la forma en que se cierra el balance: un balance positivo funciona políticamente como confirmación de la estrategia desarrollada desde 2021; un balance crítico en sentido fuerte abre la discusión sobre la orientación de la dirección y sobre las condiciones que hicieron posible recuperar el gobierno pero no necesariamente reconstruir una fuerza política con capacidad de impulsar transformaciones profundas.
No se trata aquí de realizar un nuevo balance del Frente Amplio. El propio Congreso 50 Años de Unidad requiere una revisión mucho más rigurosa de la que hace este documento y habrá tiempo para desarrollarla. El problema consiste en observar qué método utiliza el capítulo II para determinar qué fue un acierto, qué fue un error y qué debe hacerse hacia adelante.
Un balance que mide la política desde el resultado electoral
El párrafo 72 establece la tesis central del capítulo:
“La recuperación del Gobierno nacional por el Frente Amplio en 2024 [...] fue la culminación de un proceso político de reconstrucción, renovación y acumulación”. (§72)
La afirmación contiene una definición política importante: la victoria electoral de 2024 aparece como la verificación del proceso iniciado después de 2019. El problema surge cuando se observa cómo se construye ese proceso.
El capítulo sostiene que 2019 obligó al Frente Amplio a revisar críticamente su actuación (§73), pero inmediatamente transforma esa revisión en una secuencia cuya culminación es la recuperación del gobierno. El Congreso 50 Años de Unidad aparece como punto de inflexión (§72), “El FA te escucha” como instrumento extraordinario (§92-96), la ampliación de los comités como resultado exitoso (§96) y el ciclo electoral de 2024 como confirmación de la acumulación (§99-100).
Ese razonamiento contiene una dificultad metodológica: confunde categorías diferentes. Una cosa es determinar si una orientación política produjo acumulación electoral. Otra consiste en determinar si esa orientación fortaleció la organización popular, revalorizó sus principios antiimperialistas y antioligárquicos y permitió modificar la correlación de fuerzas entre las clases. Una elección puede ganarse en condiciones de continuidad de determinadas relaciones económicas, sociales e ideológicas. Una organización puede aumentar votos y simultáneamente debilitar sus estructuras militantes. Un gobierno puede alcanzar el poder estatal y conservar intactos mecanismos fundamentales de dominación económica.
El propio capítulo registra parte de esa contradicción. En el §101 reconoce que, pese al “ciclo exitoso”, el gobierno comenzó en marzo de 2025 con niveles de popularidad inferiores a los registrados por los gobiernos anteriores. En el §102 admite que la campaña electoral “no logró convencer ni conmover plenamente” a una parte significativa de la militancia. Y en los §§111-112 reconoce “una enorme carencia anímica” en comités y direcciones intermedias, problemas de coordinación gubernamental, malestar, desorientación, dudas y disconformidades.
La propia lógica del documento, entonces, deja planteada la pregunta decisiva: si la acumulación fue tan consistente, ¿por qué una parte significativa de la militancia aparece desorientada inmediatamente después de alcanzar el gobierno?
La respuesta del capítulo se desplaza hacia problemas de comunicación, funcionamiento, estado de ánimo y ofensiva ideológica. Ese desplazamiento resulta insuficiente para explicar contradicciones que tienen un caracter político y material.
El problema de definir la acumulación
El §80 afirma que la tarea de la etapa era construir “una nueva síntesis de izquierda, progresista y popular”, mientras el §81 plantea la necesidad de “recrear y dinamizar el bloque social y político de los cambios”.
Son formulaciones importantes. Pero el balance debería establecer con mayor precisión sobre qué fuerzas sociales, qué intereses representan y en torno a qué elementos políticos se produjo esa acumulación.
Aquí aparece uno de los problemas centrales del capítulo: el bloque social y político de los cambios es tratado principalmente como una relación de vínculos, diálogo, escucha, alianzas y reconstrucción de confianza. La categoría aparece mucho menos definida como articulación concreta de clases, organizaciones e intereses enfrentados a otros intereses sociales.
El episodio de la reforma constitucional sobre seguridad social es particularmente revelador. El propio documento reconoce que la reforma fue impulsada por organizaciones sociales encabezadas por el PIT-CNT y sectores integrantes del Frente Amplio (§103). Al mismo tiempo, sostiene que la fuerza política procesó esa discusión con “gran madurez y realismo” porque el Plenario Nacional estableció la “libertad de acción” y posteriormente incorporó el Diálogo Social a las bases programáticas. (§103)
Sin embargo, la caracterización omite la contradicción principal del proceso. Yamandú Orsi y Carolina Cosse manifestaron públicamente su oposición al plebiscito, mientras 111 economistas y profesionales, entre ellos integrantes relevantes del entorno programático del FA, difundieron argumentos contra la reforma. Fernando Pereira planteó públicamente como alternativa un diálogo con trabajadores, jubilados, OIT, academia y otros actores para discutir el sistema de protección social.
La discusión puede analizarse sin caricaturizar ninguna de las posiciones. Pero el balance congresal debería preguntarse qué efecto tuvo políticamente aquella orientación. ¿Fortaleció al bloque social y político de los cambios o expuso una fractura entre una parte importante del movimiento sindical y sectores de la conducción frenteamplista? ¿Contribuyó a construir una posición política común o trasladó el conflicto hacia una fórmula institucional posterior?
Los resultados agregados del plebiscito permiten afirmar que la propuesta obtuvo un respaldo considerable, aunque no permiten establecer por sí mismos qué proporción de votantes frenteamplistas la respaldó. Ese límite estadístico importa. Pero también importa el hecho político de que la cuestión atravesó directamente a la fuerza política y al movimiento sindical, y que el propio capítulo reconoce que durante la campaña electoral existieron polémicas entre militantes y bases.
La discusión posterior vuelve todavía más concreto el problema. En abril de 2026 el gobierno había acordado en el Diálogo Social una fórmula para retirar a las AFAP de la administración de las cuentas individuales; en julio el Ministerio de Economía y la OPP comunicaron que las AFAP continuarían administrándolas y que incluso se ampliaría el margen de inversión en el exterior. Desde el PIT-CNT se cuestionó públicamente que el proceso terminara preservando el papel de las AFAP.
Por eso, el §124, cuando califica el Diálogo Social como “gran logro” y vuelve a presentar sus acuerdos como expresión de la recomposición del bloque social y político de los cambios, merece un examen más profundo. El problema no radica en dialogar. El problema político es qué relaciones de fuerza entran al diálogo, qué intereses tienen capacidad para imponer condiciones y cuáles son los resultados concretos de ese proceso.
El diálogo no reemplaza la lucha política. En determinadas condiciones puede procesarla. En otras puede diluirla.
La “mística” y la desaparición de las determinaciones materiales
Otro aspecto particularmente débil aparece en el §95:
“Esta tarea habría sido imposible [...] sin la existencia de aquello que podría definirse como la mística frenteamplista.”
Y el §96 sostiene que la combinación de la condición de coalición-movimiento y esa “mística” permitió maximizar los resultados de “El FA te escucha” y alcanzar el objetivo de 500 comités.
La noción de identidad política tiene indudablemente importancia. Una organización no existe únicamente mediante estatutos, comités y protocolos. Pero convertir esa dimensión subjetiva en una explicación causal central del desarrollo político desplaza el análisis histórico.
¿De dónde surge esa mística? ¿Qué experiencias sociales la producen? ¿Qué intereses materiales la sostienen? ¿Qué organizaciones la reproducen? ¿Qué procesos de lucha permiten que una identidad se convierta en conciencia política organizada?
La historia del Frente Amplio puede analizarse precisamente desde esas preguntas. La identidad frenteamplista no apareció como una propiedad cultural autónoma. Surgió de luchas sociales, sindicales, estudiantiles, territoriales, intelectuales y políticas, de la convergencia de organizaciones y partidos con bases sociales concretas y de una determinada lectura de las contradicciones uruguayas.
Cuando el análisis llega al presente, esa determinación histórica desaparece y queda una categoría abstracta: la “mística”. De allí es sencillo pasar de las causas materiales de una crisis a explicaciones sobre el estado de ánimo.
El problema vuelve a aparecer en los §§107-108, donde el documento describe una ofensiva ideológica de la derecha que produciría “un humor social adverso” y sostiene que las redes sociales, el inmediatismo y la desinformación inciden sobre militantes, adherentes y votantes.
La existencia de campañas de desinformación y de mecanismos de manipulación comunicacional es una cuestión verificable y relevante. El propio documento dedica una parte importante del capítulo I a esa disputa. Pero una explicación materialista debe formular una pregunta adicional: ¿por qué determinados discursos encuentran condiciones sociales para ser recibidos?
La misma publicación reconoce en otros pasajes que el capitalismo genera precarización, fragmentación del mundo del trabajo, debilitamiento de las organizaciones colectivas e individualización de las relaciones sociales (§160). Esa observación es mucho más fértil que reducir el deterioro del vínculo político a las redes sociales.
Una persona puede recibir desinformación durante años sin modificar sus posiciones. Una organización puede atravesar décadas de propaganda adversa sin perder su cohesión cuando existe una práctica política capaz de demostrar cotidianamente la correspondencia entre su programa, su lucha y sus intereses concretos. Por eso la cuestión decisiva no es solamente quién comunica mejor. Es qué relación existe entre lo que se dice, lo que se hace y las condiciones materiales en las que vive la clase trabajadora.
La formulación del §111 es particularmente significativa. El documento habla de una “carencia anímica” que afecta a militantes y direcciones intermedias y la vincula con problemas de “gestión de la política”, errores de comunicación y una estrategia percibida como contradictoria con el “ser frenteamplista”. (§111)
El §112 profundiza el diagnóstico: falta de coordinación dentro del gobierno, descenso de popularidad, malestar, desorientación y dudas entre la militancia.
Aquí aparece una inversión del problema. El documento reconoce que existe una disconformidad política y luego busca resolverla principalmente mediante comunicación, coordinación, rendición de cuentas y escucha.
Ese razonamiento está expresado con claridad en el §114, que define el nuevo “El FA te escucha” como una acción destinada a “escuchar” y principalmente “rendir cuentas e informar”.
Pero el problema de una organización política puede ser precisamente que sus militantes conozcan perfectamente las medidas que adopta el gobierno y tengan críticas políticas sobre ellas. Una reunión informativa no transforma una crítica sustantiva en coincidencia.
El actual Frente Amplio “te escucha” puede ser observado incluso en su propia definición institucional. La estructura continúa impulsando recorridas, reuniones y actividades territoriales, mientras el plan político 2025-2026 presenta ese mecanismo como parte del fortalecimiento de la organización y la recomposición del vínculo social.
¿Qué función cumplen los Comités de Base en “El FA te escucha”? ¿Son espacios de comunicación gubernamental? ¿Son estructuras electorales permanentes? ¿Son ámbitos deliberativos? ¿Son organizaciones capaces de intervenir en las luchas sociales de su barrio?
El propio documento reconoce en el §97 “dificultades de funcionamiento” en direcciones departamentales, mesas políticas y plenarios, y admite la persistencia de esas dificultades. El tono utilizado, “persisten obstinadamente”, incluso revela la distancia entre la gravedad del problema y el tratamiento político que recibe.
La creación de 500 comités es, por sí misma, un dato organizativo. No determina su actividad política. Una estructura partidaria puede multiplicar locales y mantener una baja capacidad de organización cotidiana. La existencia formal de un comité no equivale a la existencia de una organización política arraigada.
El antecedente que el balance deja fuera: quince años de gobierno y continuidad estructural
Esta discusión conduce al problema más profundo: el capítulo presenta 2019 como un quiebre que obliga a revisar la actuación de quince años de gobierno, pero esa revisión no alcanza a formular una explicación estructural acerca de las relaciones entre el Frente Amplio y las clases dominantes durante ese período.
El texto de Ruiz Pereyra Faget de 2005 resulta particularmente útil para esta discusión porque advertía precisamente sobre el riesgo de que las llamadas “políticas de Estado” terminaran expresando acuerdos entre el gobierno frenteamplista y la oligarquía. Faget caracterizaba esa posibilidad como una conciliación entre “el pueblo triunfante y la oligarquía” y vinculaba el problema a la economía, la educación y las relaciones exteriores.
La cuestión empírica es verificable: varios instrumentos jurídicos construidos durante los gobiernos anteriores permanecieron vigentes durante los gobiernos frenteamplistas, mientras se ampliaron mecanismos de promoción de inversión y participación privada. Las zonas francas, por ejemplo, siguieron siendo una pieza central del régimen económico; las zonas francas, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones y la Ley de Participación Público-Privada como mecanismos de “promoción de inversiones”.
La expansión del complejo forestal constituye otro ejemplo de una transformación estructural que el balance actual debería discutir con mayor profundidad. En 2018 la cadena forestal exportó US$ 1.660 millones y que UPM, Montes del Plata y otras empresas extranjeras se instalaron en el país dentro de un marco de promoción de la inversión extranjera. En el mismo período, se registraba que las empresas extranjeras tenían una participación particularmente alta en exportaciones de carne bovina y celulosa.
¿Qué modificación produjo el Frente Amplio sobre la estructura económica de un país en el cual la propiedad de la tierra, la inversión extranjera, los complejos agroindustriales y las cadenas exportadoras conservan un peso decisivo?
El documento congresal afirma que Uruguay enfrenta el desafío histórico de superar su condición de proveedor de materias primas y modificar su lugar en la división internacional del trabajo (§90). Pero esa afirmación pierde fuerza cuando el balance sobre el período anterior no examina sistemáticamente qué sectores del capital se fortalecieron, qué niveles de concentración económica se mantuvieron y qué modificaciones reales se produjeron en la estructura productiva.
El problema histórico del Frente Amplio, desde esta perspectiva, no puede reducirse al alejamiento de una “base social”. Debe incluir la relación entre gobierno, capital nacional, capital transnacional, imperialismo y el pueblo.
¿Qué clase de acumulación?
El propio capítulo ofrece una pista interesante en el §132 cuando define como rasgo histórico del Frente Amplio la capacidad de “producir acuerdos, ordenar las diferencias y orientar el debate hacia la resolución de los problemas colectivos sobre la base de la participación y la movilización”.
La pregunta política es qué tipo de acuerdos, entre quiénes y dentro de qué relación de fuerzas.
La política de alianzas constituye una necesidad para cualquier proyecto de transformación. El Frente Amplio histórico fue capaz de construir una alianza social extremadamente amplia. Pero esa amplitud tenía un contenido: existía una contraposición entre sectores populares, trabajadores, pequeños productores, capas medias y sectores nacionales de la burguesía frente a las fracciones dominantes del capital y al imperialismo. El “bloque social y político de los cambios” de ese momento tenía una materialidad aun sin ser definido así.
El problema de la conciliación comienza cuando la alianza deja de ser una herramienta para modificar la correlación de fuerzas y se convierte en un mecanismo para administrar contradicciones sin alterar sus fundamentos.
La advertencia de Faget de 2005 puede ser recuperada precisamente en este punto. Su propuesta partía de un programa que colocaba en el centro el control nacional de los recursos financieros, el fortalecimiento de empresas estatales, la participación de trabajadores en áreas económicas y sociales, el planeamiento económico y una política exterior independiente. Esa orientación permite formular una pregunta mucho más concreta sobre la actual idea de “bloque social y político de los cambios”: ¿qué intereses sociales concretos deberían integrarlo y qué transformaciones estructurales deberían defender?
Desde la perspectiva política que propone el Partido Congreso del Pueblo, esa discusión lleva nuevamente al problema de clase. La reconstrucción del Frente Amplio no puede agotarse en recuperar pertenencia, entusiasmo o comunicación. Una organización popular necesita construir capacidad de intervención sobre las relaciones sociales donde se produce y distribuye la riqueza.
Una alternativa para el balance
Una propuesta de izquierda, popular y orientada a transformaciones profundas tiene que empezar por discutir qué entendemos por acumulación política. El resultado electoral de 2024 importa, pero no alcanza para demostrar que existió una acumulación política exitosa. Una fuerza puede recuperar el gobierno y al mismo tiempo llegar a él con organizaciones debilitadas, con comités vaciados, con vínculos sociales deteriorados y con una militancia que empieza a preguntarse para qué sirve la herramienta política.
Eso obliga a revisar también el período 2020-2024 y, particularmente, la idea de “oposición responsable” que se convirtió en una de las marcas de la actuación del Frente Amplio durante el gobierno de la coalición. La expresión podría parecer razonable hasta que se pregunta responsable ante quién y para qué. La oposición frenteamplista se presentó muchas veces como una fuerza encargada de moderar, corregir y negociar las políticas de un gobierno que impulsaba un programa profundamente regresivo. Se negociaron artículos, se introdujeron modificaciones, se buscaron acuerdos y se reivindicó la capacidad de reducir daños. Esa lógica termina ocupando el lugar de una estrategia política.
La oposición de una fuerza de izquierda no puede quedar reducida a administrar los márgenes de una política definida por la derecha. Si el gobierno avanza contra derechos laborales, contra las empresas públicas, contra la educación pública, contra las condiciones de vida de los trabajadores o contra las organizaciones populares, la tarea política no puede consistir fundamentalmente en sentarse a negociar cuánto de ese retroceso resulta tolerable. Ese método termina trasladando el centro de gravedad de la política al Parlamento y convierte a la movilización popular en una especie de apoyo externo a una negociación que ya tiene sus reglas fijadas.
La experiencia de la LUC muestra el problema. El Frente Amplio la denunció como una ley regresiva y, al mismo tiempo, destacó su actuación parlamentaria para modificar parte de sus contenidos. La disputa terminó llegando a un referéndum impulsado por las organizaciones sociales y sindicales. Allí quedó expuesto algo que el balance debería considerar con mucha mayor seriedad: la principal fuerza capaz de enfrentar políticamente una ofensiva de este tipo no estaba dentro del Parlamento. Estaba en la organización de cientos de miles de personas, en los sindicatos, en los barrios, en los comités de base, en los estudiantes, en los jubilados y en las organizaciones sociales.
Eso cambia la discusión sobre qué significa acumular.
Acumular no es solamente conseguir votos, mantener bancas o negociar modificaciones parciales a los proyectos de la clase dominante. Acumular es organizar. Es elevar el nivel de conciencia política. Es construir estructuras capaces de sostener una lucha cuando desaparecen las cámaras de televisión y cuando ya no hay elecciones a la vista. Es conseguir que una reivindicación concreta de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes o de un barrio deje de ser un reclamo aislado y se convierta en fuerza política.
La “oposición responsable” tuvo además otro problema: contribuyó a instalar la idea de que gobernar y luchar eran cosas que debían mantenerse cuidadosamente separadas. La fuerza política podía acompañar una protesta, el Parlamento podía presentar una alternativa, un senador podía denunciar una medida y un comité podía organizar una actividad. Pero la línea general quedaba encerrada dentro de los límites de la institucionalidad. La política aparecía como administración de lo posible y la lucha social como una presión legítima, siempre que no desbordara demasiado el marco establecido.
Para una fuerza que se reivindica de izquierda, ese límite debería ser discutido abiertamente.
La lucha popular no existe para ayudar a un diputado a negociar mejor. El Parlamento es una tribuna y un terreno de disputa. No es el centro de la transformación social. El centro está en la capacidad de los trabajadores y del pueblo organizado para alterar la correlación de fuerzas.
Esto también permite revisar críticamente una de las afirmaciones centrales del capítulo II. Si después de 2019 existió realmente una “reconstrucción, renovación y acumulación”, habría que mostrar dónde quedó esa acumulación más allá del resultado electoral. ¿Qué organismos se fortalecieron? ¿Qué reivindicaciones fueron capaces de conducir los frenteamplistas? ¿Qué vínculos nuevos se construyeron con la clase trabajadora? ¿Qué sectores populares quedaron más organizados? ¿Qué intereses del capital fueron enfrentados? ¿Qué posiciones se conquistaron fuera de las instituciones?
El documento tiene muy poco para responder esas preguntas.
En cambio, dedica mucho espacio a mecanismos de escucha, recorridas, diálogo y recuperación del vínculo. “El FA te escucha” aparece como un instrumento central. El problema es que escuchar a la militancia no sustituye una política con la que esa militancia pueda estar de acuerdo. Se pueden hacer mil reuniones, recoger miles de opiniones y llenar una planilla de Excel con las quejas de los comités. Si la conducción cree que la orientación adoptada es esencialmente correcta, entonces el problema no es de escucha. El problema es político.
Lo mismo ocurre con el llamado Diálogo Social. Dialogar puede servir para construir acuerdos cuando existen fuerzas organizadas capaces de sostenerlos. Pero el diálogo también puede convertirse en un mecanismo para postergar definiciones, diluir responsabilidades y trasladar conflictos hacia espacios institucionales donde nadie termina de hacerse cargo. La experiencia reciente de la seguridad social debería alcanzar para discutir esto sin eufemismos.
Una política de izquierda necesita construir fuerza social. Y la construcción de fuerza social requiere conflicto. No existe organización política popular sin contradicciones, sin enfrentamientos y sin capacidad de sostener posiciones incluso cuando esas posiciones generan presión desde arriba.
Aquí vuelve a aparecer el problema de los Comités de Base. El capítulo celebra la ampliación de la estructura territorial, pero al mismo tiempo reconoce problemas persistentes en su funcionamiento. (§§96-97). La cuestión no es cuántos locales existen. La pregunta es qué hacen. Un comité que abre durante una campaña electoral y vuelve a cerrarse después puede servir para ganar una elección. Difícilmente sirva para construir una fuerza política capaz de disputar poder durante cinco años.
El Frente Amplio no puede transformarse en una red de clubes electorales que aparecen cuando hay que juntar votos y desaparecen cuando toca organizar trabajadores, vecinos o estudiantes. La organización territorial tiene que recuperar capacidad de intervención sobre los conflictos concretos. El comité debería estar allí donde aumentan los alquileres, donde falta un médico, donde cierran una fábrica, donde se precariza el empleo, donde se deteriora una escuela, donde una cooperativa reclama tierras o donde los trabajadores enfrentan el avance patronal. Ese es el terreno donde una fuerza política demuestra para qué sirve.
El problema también alcanza la relación con el movimiento sindical. El Frente Amplio no puede pretender dirigir administrativamente al movimiento sindical, pero tampoco puede limitarse a escucharlo cuando hay un conflicto y volver luego a la institucionalidad. Tiene que existir una estrategia política para convertir reivindicaciones parciales en fuerza popular general. Y eso significa asumir que muchas veces habrá diferencias con el gobierno, incluso cuando el gobierno sea del Frente Amplio.
La autonomía de las organizaciones populares no es un problema para la izquierda. Es una necesidad.
El propio documento reconoce que el capitalismo actual profundiza la precarización, fragmenta a la clase trabajadora y debilita las formas tradicionales de organización (§160). Frente a eso, la respuesta no puede limitarse a mejorar la comunicación del gobierno. Se necesita más organización, más conflicto y más capacidad de intervención colectiva.
La dimensión antiimperialista tampoco puede quedar como una formulación general sobre la división internacional del trabajo. Si el documento reconoce que Uruguay sigue inserto en una economía dependiente, entonces tiene que responder quién controla las cadenas productivas, quién captura la renta, qué sectores estratégicos están en manos del capital extranjero, cuánto del excedente sale del país y qué capacidad tiene el Estado para intervenir sobre esas estructuras.
Así aparece la discusión que falta.
La reconstrucción del Frente Amplio no puede consistir solamente en volver a tener gobierno, abrir comités, hacer recorridas y mejorar la comunicación. Todo eso puede ser necesario. Pero una fuerza política de izquierda tiene que preguntarse qué quiere hacer con el poder estatal, a quién quiere afectar con sus decisiones y qué relaciones sociales pretende modificar.
La experiencia anterior de gobierno dejó una cuestión pendiente que este balance esquiva: durante quince años el Frente Amplio gobernó manteniendo buena parte de las estructuras económicas construidas por los partidos tradicionales y, en algunos casos, profundizando mecanismos de promoción del capital extranjero, zonas francas, participación privada y concentración económica. El problema de fondo no fue solamente perder en 2019. Fue llegar a 2019 después de haber administrado durante tres períodos una estructura económica que seguía otorgando un peso enorme al capital concentrado, al capital extranjero y a los sectores vinculados al modelo agroexportador.
Ese problema no desaparece porque en 2024 se haya ganado la elección.
Por eso, el verdadero balance debería comenzar por otra pregunta: ¿qué acumulación política estamos construyendo?
Porque una acumulación basada fundamentalmente en resultados electorales puede devolvernos al gobierno. Una acumulación basada en organización popular, lucha sindical, inserción territorial y confrontación con los intereses dominantes puede permitir que ese gobierno haga otra cosa.
La diferencia es enorme.
Una fuerza política que se propone transformar la sociedad tiene que construir las condiciones para enfrentar al capital concentrado, disputar la renta, fortalecer las empresas públicas, avanzar sobre los sectores estratégicos de la economía, ampliar el control democrático sobre la producción y orientar el desarrollo nacional de acuerdo con los intereses de las mayorías trabajadoras.
Para eso necesita una militancia organizada y con iniciativa propia. Necesita comités vivos. Necesita sindicatos fuertes. Necesita movimiento estudiantil. Necesita organizaciones sociales autónomas. Necesita una dirección política capaz de asumir el conflicto y no solamente administrarlo.
La llamada “oposición responsable” puede haber servido para atravesar una coyuntura parlamentaria. Convertirla en modelo de acumulación política es otra cosa. Cuando la principal virtud de una oposición pasa a ser demostrar que puede negociar razonablemente con quienes gobiernan contra los intereses populares, la fuerza política empieza a medir su madurez por su capacidad de administrar los límites existentes. La izquierda necesita discutir precisamente esos límites.
Ese debería ser uno de los puntos centrales del balance: no solamente cuánto se votó, cuántos comités se abrieron o cuántos acuerdos se alcanzaron, sino cuánto poder organizado ganó el pueblo en el proceso.
Una herramienta política creada para organizar una alianza social amplia en torno a un programa antioligárquico y antiimperialista puede conservar su unidad, conquistar gobiernos y ampliar su presencia electoral mientras modifica progresivamente su relación con las clases y con las estructuras económicas. La historia no se detiene en la victoria electoral. La cuestión decisiva consiste en qué fuerzas sociales quedan fortalecidas después de cada etapa y qué relaciones de poder permanecen intactas.
Por eso, un balance verdaderamente político tiene que comenzar por las relaciones de fuerza y terminar en las tareas de organización. Recuperar el gobierno constituye un resultado. Construir poder popular organizado, disputar la renta y la propiedad, ampliar el control público sobre los sectores estratégicos, fortalecer al movimiento sindical y social, desarrollar soberanía económica y confrontar las presiones del capital y del imperialismo constituyen problemas de otra naturaleza.
El Congreso tiene delante esa discusión. El capítulo II ofrece una interpretación de la etapa. Sus propias contradicciones proporcionan elementos suficientes para abrir una discusión más profunda sobre ella. Y esa discusión difícilmente pueda resolverse con más escucha, más comunicación o mejores relatos cuando lo que está en cuestión es el rumbo político de una fuerza que gobierna un país cuya estructura económica continúa determinada por relaciones de dependencia y concentración de la riqueza.