Frente al relato de persecución política que difunden los voceros de la ultraderecha, los hechos confirman que el senador abandonó el país cuando la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal estrecharon el cerco sobre sus operaciones financieras no declaradas.
Días antes de abandonar Brasil, el excandidato y primogénito del expresidente aseguró públicamente que permanecería en el territorio nacional para enfrentar los cargos y que entregaría sus documentos de viaje si una autoridad lo requería. Sin embargo, cuando el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó la retención de sus pasaportes y le otorgó un plazo de 24 horas para entregarlos, el senador desobedeció la intimación. La Policía Federal canceló sus documentos brasileños, pero Flávio Bolsonaro ya había concretado su salida: cruzó la frontera terrestre hacia Argentina a través del paso internacional de Misiones y desde allí abordó un vuelo con destino final a Estados Unidos, apoyándose en su ciudadanía italiana para sortear los controles migratorios.
La causa que precipitó su salida reúne pruebas materiales sobre maniobras financieras incompatibles con sus ingresos declarados. La justicia investiga el desvío sistemático de salarios de empleados parlamentarios —el esquema conocido como rachadinha— montado durante su paso por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ). En esta trama, administrada por su exasesor Fabrício Queiroz, se retenía una porción obligatoria de los sueldos públicos para transferirla al patrimonio personal del legislador o lavarla mediante negocios comerciales, como una franquicia de chocolates y compras inmobiliarias saldadas en dinero en efectivo. A este expediente se añadieron pesquisas por lavado de activos a través de plataformas de apuestas en línea y giros vinculados a cuentas del operador Willer Tomaz. El proceso reúne registros bancarios oficiales y levantamientos del secreto bancario que el senador nunca pudo justificar.
El accionar de Flávio replica el antecedente directo de su padre, Jair Bolsonaro, quien viajó a Florida a finales de diciembre de 2022 para evitar el traspaso de mando presidencial y postergar las citaciones por la asonada golpista del 8 de enero de 2023, la apropiación ilegal de joyas de Estado y la adulteración de certificados sanitarios. La derecha brasileña suele recurrir al discurso de la victimización judicial para disimular delitos comunes vinculados a la apropiación de la renta pública. Cuando pierden el control directo del aparato estatal o la inmunidad que brindan ciertos cargos, sus dirigentes buscan cobijo en Estados Unidos para preservar sus privilegios y evitar el banquillo de los acusados.
Esta estrategia de encubrimiento choca con la realidad del proceso electoral en el que fueron derrotados. En la primera vuelta, el bolsonarismo contó con la complicidad de las corporaciones tecnológicas internacionales. El consorcio Meta (propietario de Facebook e Instagram) aplicó restricciones sobre cuentas y pautas publicitarias de las fuerzas populares encabezadas por Luiz Inácio Lula da Silva, recortó de manera deliberada el alcance de sus publicaciones, mientras sus algoritmos continuaban viralizando la desinformación de las redes reaccionarias.
Para quebrar ese cerco corporativo, la campaña popular adoptó una táctica de agitación digital directa. Coordinada por el diputado André Janones, la movilización se canalizó hacia redes de mensajería cifrada. El llamado “Ejército de Lula”, articulado en grupos masivos de WhatsApp, eludió los filtros algorítmicos de Meta organizando a millones de trabajadores y activistas para desmentir falsedades en tiempo real, intervenir en conversaciones locales y distribuir materiales informativos directamente de teléfono a teléfono. Esta acción capilar arrebató la iniciativa digital al bolsonarismo y resultó determinante para asegurar la victoria en las urnas.
La salida clandestina de Flávio Bolsonaro evidencia la descomposición política de la dirección bolsonarista. Tras cuatro años de retórica de mano dura y disciplina militar, sus principales figuras eligen el cruce fronterizo no declarado y el amparo en territorio estadounidense para blindar sus patrimonios frente a la acción judicial.
