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Flávio Bolsonaro quedó primero por menos de dos puntos. Lula enfrenta un balotaje ajustado mientras Brasil vuelve a concentrar una disputa que atraviesa a toda América Latina.
La primera vuelta de las elecciones brasileñas terminó con una diferencia pequeña entre los dos candidatos que definirán la presidencia el 25 de octubre. Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos y Lula 45,16%. Fueron poco más de dos millones de votos de diferencia sobre más de 110 millones de sufragios válidos. La participación también dejó un dato político relevante: 33,4 millones de personas no concurrieron a votar, el 21,08% del electorado, el nivel de abstención más alto en una elección general desde 1998.
El resultado muestra la capacidad de la derecha brasileña para conservar una base social amplia y reorganizarse alrededor del apellido Bolsonaro. Flávio recibió la transferencia política construida por su padre durante años y logró convertirla en una candidatura nacional competitiva. El bolsonarismo, además, obtuvo una representación parlamentaria considerable y conserva posiciones importantes en los estados.
La disputa presidencial debe leerse dentro de esa correlación de fuerzas. El próximo gobierno encontrará un Congreso con una presencia fuerte de la derecha, un empresariado organizado, un agronegocio con enorme capacidad política, estructuras religiosas con implantación territorial y una oposición que ya demostró su capacidad para movilizar millones de personas. El resultado electoral no modifica esas relaciones de poder.
Lula llega a esta segunda vuelta con una base social construida durante más de cuatro décadas. El Partido dos Trabalhadores conserva una implantación significativa entre trabajadores urbanos, sectores populares, movimientos sociales y buena parte del electorado del Nordeste. Esa fuerza tiene una explicación concreta: durante los primeros gobiernos de Lula millones de brasileños experimentaron una mejora efectiva de sus condiciones materiales.
Entre 2003 y 2010 el salario mínimo acumuló un aumento real cercano al 80%. Bolsa Família alcanzó una escala inédita de protección social y las políticas de empleo, crédito, vivienda y expansión del mercado interno modificaron la vida cotidiana de millones de familias. El propio Brasil de Fato ha documentado que el salario mínimo y las políticas de transferencia contribuyeron decisivamente a reducir la desigualdad durante los gobiernos petistas.
Ese proceso tuvo una base económica precisa. Brasil aprovechó el crecimiento mundial impulsado por China y el aumento de los precios de las materias primas. El país incrementó sus exportaciones, acumuló reservas y amplió el mercado interno. El Estado contó con mayores recursos para financiar políticas sociales y programas de inversión.
La distribución de una parte mayor del ingreso permitió mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras, pero la estructura económica permaneció prácticamente intacta. La propiedad de la tierra continuó concentrada, el capital financiero conservó una posición dominante y el agronegocio incrementó su peso económico y político. El lulismo administró una contradicción propia de las experiencias progresistas latinoamericanas: amplió derechos y consumo popular mientras preservaba buena parte de las relaciones de poder que sostienen la acumulación capitalista brasileña.
Esa experiencia explica una parte importante de la fuerza electoral de Lula. Para millones de trabajadores, su gobierno está asociado a empleo, salario, acceso a alimentos, vivienda, educación y capacidad de consumo. El recuerdo tiene una dimensión material y política que no puede reducirse a la identificación partidaria.
El gobierno de Jair Bolsonaro dejó una orientación diferente. La reforma previsional, la flexibilización laboral, el debilitamiento de políticas públicas y la reducción de la capacidad estatal acompañaron una política económica favorable a los intereses empresariales y financieros. Un balance del Inesc publicado por Outras Palavras registró que los recursos ejecutados para enfrentar la pandemia cayeron 79% entre 2020 y 2021 y que la ejecución presupuestaria en educación cayó en términos reales durante los primeros años del gobierno.
La pandemia profundizó las consecuencias sociales de esa orientación. Bolsonaro enfrentó las medidas sanitarias, difundió posiciones negacionistas y sostuvo una confrontación permanente con las autoridades científicas y sanitarias. La crisis dejó cientos de miles de muertos y una fuerte caída de los ingresos de amplios sectores populares.
La política ambiental también expresó intereses económicos concretos. El debilitamiento de los controles sobre la Amazonia favoreció la expansión de actividades vinculadas al agronegocio, la minería ilegal y la apropiación privada de territorios. La defensa de esos intereses se combinó con una política de liberalización económica y con el ataque sistemático a organizaciones sindicales, movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones ambientales.
El bolsonarismo avanzó además sobre el terreno institucional. Después de perder las elecciones de 2022 se desarrolló una trama destinada a impedir la asunción de Lula. La investigación judicial estableció la participación de militares de alto rango, funcionarios y dirigentes políticos en distintos niveles de la conspiración. Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por delitos vinculados con el intento de golpe.
El 8 de enero de 2023 fue la expresión pública de esa ofensiva. La invasión de las sedes de los tres poderes tuvo detrás una estructura organizada, financiamiento, movilización territorial y sectores militares y policiales comprometidos con el proyecto de ruptura institucional. El dato fundamental es político: el bolsonarismo no abandonó la disputa cuando perdió las elecciones de 2022. Intentó modificar por la fuerza una correlación electoral que le era adversa.
La elección de 2026 demuestra que aquella derrota no destruyó su base social.
La religión como estructura de poder
La relación entre evangelicalismo y derecha brasileña tampoco apareció con Bolsonaro. Tiene una historia más larga y debe ubicarse dentro de la lucha ideológica desarrollada durante la Guerra Fría.
Estados Unidos utilizó organizaciones religiosas, medios de comunicación y redes sociales anticomunistas como parte de su política de influencia en América Latina. Una investigación publicada por Brasil de Fato reconstruyó la intervención de la CIA en la organización y promoción de la Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movilización que precedió al golpe de Estado de 1964. La operación combinó anticomunismo, organizaciones religiosas, sectores empresariales y redes políticas vinculadas a la conspiración contra João Goulart.
Ese antecedente importa porque muestra una cuestión más amplia: el imperialismo comprendió tempranamente que la lucha política latinoamericana también se desarrollaba en el terreno ideológico. La religión podía funcionar como espacio de organización social y como vehículo de anticomunismo.
La expansión posterior de las iglesias evangélicas brasileñas tuvo causas propias. Las transformaciones urbanas, la precarización laboral, la fragmentación de las comunidades populares y la ausencia del Estado en grandes territorios permitieron que las iglesias construyeran redes de asistencia, sociabilidad y autoridad. Una parte de ellas terminó convirtiendo esa implantación territorial en fuerza electoral.
Durante el bolsonarismo se produjo una articulación entre dirigentes evangélicos, sectores militares, policías, empresarios, propietarios rurales y la derecha parlamentaria. El anticomunismo volvió a ocupar un lugar central. La defensa de la familia tradicional, el discurso contra la izquierda, la criminalización de los movimientos sociales y la defensa de las armas fueron incorporados a una misma plataforma política.
No existe un bloque evangélico homogéneo. Hay trabajadores evangélicos que votan por la izquierda, iglesias comprometidas con los movimientos populares y organizaciones cristianas que enfrentaron al bolsonarismo. El fenómeno que importa políticamente es la construcción de una dirección conservadora capaz de utilizar una parte de esa estructura religiosa como organización electoral.
La derecha consiguió allí una ventaja organizativa. Mientras muchas estructuras partidarias tradicionales se limitan a funcionar durante los períodos electorales, determinadas iglesias disponen de locales, dirigentes, medios de comunicación, redes territoriales y mecanismos permanentes de movilización.
Lula y el giro hacia la soberanía
La campaña de Lula en 2026 incorporó con mucha mayor fuerza una cuestión que durante sus primeros gobiernos tenía un lugar secundario: la soberanía nacional.
El programa presentado para la elección menciona la soberanía en 21 de sus 84 páginas. El desarrollo industrial, la defensa de los recursos naturales, la reducción de las desigualdades y la ampliación de la capacidad internacional de Brasil aparecen vinculados a ese eje.
El cambio tiene una relación directa con la situación internacional. La disputa entre Estados Unidos y China, la expansión de los BRICS y la competencia por minerales críticos, energía, tecnología y mercados colocaron a Brasil ante una presión creciente de las grandes potencias.
Lula ha respondido reivindicando el control brasileño sobre sus recursos. En septiembre afirmó que Brasil no debe someterse a las potencias extranjeras y vinculó la soberanía con las tierras raras, el petróleo, el agua y la capacidad tecnológica.
El BRICS ocupa un lugar central en esa orientación. La declaración aprobada en Nueva Delhi en septiembre defendió la soberanía sobre los minerales críticos, una mayor autonomía tecnológica para los países del Sur Global y una ampliación del uso de monedas nacionales.
Esto no convierte al gobierno brasileño en una fuerza socialista ni elimina su dependencia de las relaciones capitalistas internacionales. Brasil continúa integrado al mercado mundial y necesita comerciar con Estados Unidos, Europa, China y otros centros de acumulación. La política exterior de Lula busca ampliar el margen de maniobra del Estado brasileño dentro de esa disputa.
Ahí aparece una contradicción central del proceso. La defensa de la soberanía puede ampliar la capacidad de Brasil para negociar frente al imperialismo, pero esa capacidad permanece condicionada por una estructura económica dependiente y por una burguesía brasileña profundamente integrada al capital internacional.
La campaña de Lula ha colocado esa contradicción en el centro del debate. En septiembre difundió una pieza electoral que denunciaba las presiones estadounidenses y defendía el control brasileño de sus recursos estratégicos.
Del otro lado, el bolsonarismo mantiene vínculos estrechos con la derecha estadounidense y con el trumpismo. La elección brasileña está atravesada por esa disputa internacional y por el intento de Washington de conservar posiciones en una región donde China ganó peso económico y político durante las últimas décadas.
Brasil y la correlación de fuerzas continental
El resultado del 25 de octubre tendrá consecuencias que exceden las fronteras brasileñas.
Brasil es el principal país de América Latina por población, territorio y peso económico. Su política exterior condiciona al Mercosur, la integración sudamericana y las relaciones regionales con China, Estados Unidos y Europa. Una modificación profunda de su orientación internacional tendría efectos sobre todo el continente.
La primera vuelta ya produjo reacciones en gobiernos de derecha y de izquierda. Javier Milei celebró públicamente el resultado de Flávio Bolsonaro y dirigentes conservadores de la región identificaron la elección brasileña como parte de una disputa continental. Brasil de Fato caracterizó el proceso como una expresión de la disputa geopolítica entre la agenda de Washington y las fuerzas que reivindican mayor soberanía regional.
La ofensiva de las derechas latinoamericanas no se desarrolla de manera aislada en cada país. Existen vínculos políticos, empresariales, religiosos y mediáticos que atraviesan las fronteras. El trumpismo funciona como referencia internacional para una parte de estas fuerzas, mientras los BRICS y la cooperación Sur-Sur ofrecen a los gobiernos progresistas un espacio de negociación frente a Washington.
El problema de fondo vuelve a ser la correlación de fuerzas.
Lula tiene detrás una historia política vinculada a las luchas sindicales y populares y conserva una base electoral considerable. También carga con los límites de un proyecto que durante sus primeros gobiernos mejoró la distribución del ingreso sin alterar las bases de la estructura capitalista brasileña. El bolsonarismo, por su parte, representa intereses empresariales, agrarios, financieros y conservadores que consiguieron construir una organización política de masas alrededor de un discurso anticomunista, nacionalista y autoritario.
El resultado de la primera vuelta dejó esa disputa prácticamente abierta. Flávio obtuvo una ventaja de 1,87 puntos y Lula mantiene una base electoral apenas inferior. La abstención incorpora otro elemento: más de 33 millones de electores no participaron en la primera vuelta.
Brasil llega al 25 de octubre con dos fuerzas capaces de movilizar grandes sectores de la sociedad y con una correlación parlamentaria que seguirá condicionando al próximo gobierno. La elección definirá la presidencia, pero las relaciones de fuerza que atraviesan al país continuarán existiendo después de las urnas.
Para América Latina, el resultado tendrá una importancia inmediata. Para Uruguay también. La orientación de Brasil puede ampliar o reducir los márgenes de autonomía regional frente al imperialismo, modificar las condiciones del Mercosur y afectar la capacidad de los gobiernos sudamericanos para coordinar políticas propias.
La respuesta se definirá en las urnas, pero la correlación de fuerzas que emerja de ellas dependerá también de la capacidad de la clase trabajadora, los movimientos populares y las organizaciones políticas para intervenir sobre esas relaciones de poder. El balotaje es un momento de esa disputa. No la agota.
