El 11 de noviembre la clase trabajadora del Estado español paralizó centros industriales, nudos logísticos, transporte y servicios en una jornada de huelga general. La convocatoria surgió al calor de la indignación popular desatada por el desahucio policial de Maricarmen Abascal, que condensó la desesperación de millones de familias obreras expulsadas de sus hogares o asfixiadas por alquileres impagables. La huelga articuló de inmediato el problema de la vivienda con el cuadro general de deterioro material que golpea al proletariado: la pérdida sostenida del poder adquisitivo salarial, el encarecimiento de la canasta básica, la precariedad contractual y la reivindicación de reducir la jornada laboral sin recorte salarial.
La iniciativa, impulsada en sus orígenes por el Sindicato de Inquilinas y diversas organizaciones gremiales combativas, sumó el respaldo legal de las dos grandes confederaciones sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), además de colectivos estudiantiles y asambleas barriales. Para sortear las restricciones del derecho de huelga, las organizaciones fundamentaron formalmente el paro en el perjuicio directo que el coste de la vivienda inflige sobre los salarios, dado que los trabajadores destinan frecuentemente más de la mitad de su sueldo al pago de la renta a bancos, inmobiliarias y fondos de inversión.
El pánico de la burguesía ante la convocatoria quedó reflejado en los medios económicos patronales. En vísperas del paro, el diario El Español alertó que la huelga general acarrearía una contracción mínima de 2.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB), cifra que podría trepar hasta los 5.000 millones de euros en caso de paralización plena de la actividad. La patronal presentó estas cifras como una catástrofe que amenazaba las ganancias y la «imagen internacional» de las empresas españolas.
Ese lamento empresarial expone la realidad material que rige las relaciones de producción: la riqueza no surge de las finanzas ni del capital ficticio, sino de la fuerza de trabajo asalariada. Son los obreros fabriles, los transportistas, los dependientes de comercio y los trabajadores de servicios quienes generan cada euro de valor contabilizado en el PIB. Cuando la clase obrera suspende sus tareas, el circuito de extracción de plusvalía colapsa. El cálculo de miles de millones de euros perdidos por el capital cuantifica de manera precisa la fuerza objetiva que detenta el proletariado frente a sus explotadores.
El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) intervino activamente en la jornada, desplegando a su militancia en piquetes y asambleas obreras. La posición del partido, formulada en el V Pleno extraordinario de su Comité Central y reafirmada en su llamado a la huelga del 11 de noviembre, subrayó que el éxito de una huelga reside de forma estricta en su capacidad para detener la producción y no en reducirse a marchas testimoniales de desahogo ciudadano. El PCTE criticó a las cúpulas de CCOO y UGT por la escasa preparación previa de asambleas en los tajos y la improvisación organizativa. Al mismo tiempo, denunció que la política de decretos del gobierno de coalición PSOE-Sumar elude tocar los cimientos del problema habitacional, pues preserva intactos los activos de los grandes tenedores y fondos buitre.
Frente a la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el PCTE advirtió contra el riesgo de subordinar la movilización obrera al tablero electoral socialdemócrata. Para los comunistas, la lucha contra los desahucios y la defensa de los salarios no puede supeditarse a las alternancias del parlamento burgués. La tarea planteada a la clase trabajadora consiste en forjar una oposición obrera independiente frente a la patronal y sus administraciones políticas, elevando los conflictos gremiales hacia la confrontación organizada contra el poder del capital.
