El viernes 6 de noviembre, el Senado de Paraguay destituyó por unanimidad al presidente Santiago Peña tras un juicio político por «mal desempeño de funciones», ratificando la acusación que la Cámara de Diputados aprobó con el voto unánime de los 78 legisladores presentes. Minutos después de consumada la cesación de su mandato y de la toma de juramento del vicepresidente Pedro Alliana como nuevo jefe del Ejecutivo, la fiscalía ordenó el arresto domiciliario de Peña. Los agentes del Ministerio Público lo imputaron por los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en beneficio propio, en una causa penal que involucra a su círculo íntimo y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien debió renunciar y entregarse a las autoridades judiciales.
La caída del mandatario del Partido Colorado fue precipitada por la quiebra fraudulenta de Ueno Bank, una entidad financiera privada que experimentó una expansión meteórica bajo el amparo del gobierno. Ueno Bank multiplicó sus activos mediante la adjudicación directa de contratos estatales, exenciones administrativas y un entramado de empresas satélites cuyos paquetes accionarios conectaban con socios comerciales y familiares del propio Peña. La semana previa al juicio político, el BCP debió intervenir la entidad debido a una insolvencia terminal. La cesación de pagos clausuró las operaciones del banco, despidió a sus trabajadores y bloqueó los fondos de casi tres millones de clientes. Una multitud enfurecida rodeó el Congreso en Asunción al grito de «¡Santi Peña a Tacumbú!», en referencia a la principal penitenciaría del país. Peña intentó dimitir horas antes para acceder a los fueros constitucionales de senador vitalicio, pero el parlamento rechazó la maniobra y resolvió su remoción sumarísima.
El núcleo del fraude financiero se ejecutó mediante la captura de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS). El director jurídico del instituto, Pablo Morínigo, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra la cúpula de Ueno Bank y las autoridades reguladoras del BCP por el secuestro de 516.379.399 dólares pertenecientes al ente público de salud y pensiones.
El peritaje judicial detalla la apropiación premeditada del patrimonio obrero. Ueno Bank retenía 358.719.147 dólares correspondientes a inversiones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones y del Fondo de Contingencia. El saldo restante, estimado en 157.660.251 dólares, estaba distribuido en tres cuentas operativas destinadas al financiamiento de los servicios hospitalarios, la compra de insumos médicos y el pago periódico de haberes a los retirados. Más de medio billón de dólares, extraído del trabajo asalariado durante décadas, fue desviado hacia las arcas de una banca insolvente para apuntalar operaciones especulativas del bloque gobernante. La bancarrota sacudió la cúpula reguladora del Estado: tras la detención de Carvallo, la presidenta interina del BCP, Liana Caballero, presentó su renuncia irrevocable al directorio.
El colapso de Ueno Bank en Paraguay comprueba la incompatibilidad histórica entre la seguridad social y el negocio financiero privado. Cuando las cajas de retiro de la clase trabajadora son entregadas a la órbita de los bancos o a administradoras privadas de fondos —como las AFAP en Uruguay—, el salario diferido queda expuesto a los desfalcos y a la desvalorización del capital especulativo. La oligarquía utiliza el ahorro de los asalariados para oxigenar sus negocios particulares y transfiere el quebranto a las arcas estatales una vez estallada la burbuja. El desfalco del IPS paraguayo confirma que no existe seguridad para las pensiones populares bajo la gestión privada de los fondos de retiro.
