Tabla de contenidos
El reciente anuncio de que el gobierno entrante de Uruguay mantendrá la decisión de instalar una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Jerusalén representa una decisión que, lejos de ser un mero acuerdo académico o científico y ni siquiera entre universidades, constituye un acto de alineación política con un Estado responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Esta medida, iniciada por el gobierno saliente de derecha y respaldada por la administración entrante de izquierda, no solo vulnera los principios fundamentales del derecho internacional, sino que también legitima la ocupación ilegal y el genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino.
Una decisión ilegal según el derecho internacional
Desde 1947, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido con claridad que Jerusalén es un territorio de estatus especial, cuya soberanía es motivo de disputa y no puede ser unilateralmente adjudicada por ninguna nación.
La Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU y posteriores resoluciones del Consejo de Seguridad han condenado las anexiones israelíes y han declarado ilegales las decisiones de trasladar embajadas o instituciones oficiales a Jerusalén.
En este contexto, la decisión de Uruguay de establecer una oficina de la ANII en esta ciudad no es solo un desacierto diplomático, sino una acción contraria a las disposiciones del derecho internacional.
No es un acuerdo académico
Algunos defensores de la medida intentan justificarla bajo el argumento de que se trata de un acuerdo entre universidades (lo cual no es así porque la universidad de Uruguay, la UDELAR no está involucrada)y centros de investigación.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. La ANII es un organismo estatal, y su instalación en Jerusalén implica una toma de posición política, una validación implícita de la política expansionista y genocida del gobierno israelí.
Más aún, este tipo de acuerdos científicos han sido utilizados históricamente por Israel como una herramienta de diplomacia encubierta para legitimar su régimen de apartheid y su ocupación colonial.
La responsabilidad de un gobierno de izquierda
El Frente Amplio, como fuerza política que había defendido históricamente el derecho de los pueblos a su autodeterminación y ha condenado los crímenes de guerra, tiene la obligación ética y política de revertir esta decisión.
Un gobierno verdaderamente comprometido con los derechos humanos no puede, bajo ninguna circunstancia, mantener acuerdos con un Estado que hoy mismo está perpetrando un genocidio contra la población palestina.
En este sentido, la única posición coherente es la condena firme al sionismo como doctrina de opresión y la suspensión inmediata de todos los acuerdos comerciales, científicos y diplomáticos con Israel.
La instalación de una oficina de la ANII en Jerusalén es un acto de complicidad con el régimen de apartheid israelí y con el exterminio sistemático del pueblo palestino.
Uruguay, un país con una tradición diplomática de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, no puede permitirse legitimar crímenes de guerra.
El gobierno entrante tiene la oportunidad y la responsabilidad de rectificar esta medida, condenar el genocidio en Palestina y suspender todas las relaciones con el Estado sionista.
Cualquier otra acción significará estar del lado de los genocidas y traicionar los principios de justicia y dignidad que deben guiar a cualquier gobierno verdaderamente democrático y de izquierda.
