Tabla de contenidos
Fukuyama ha muerto
La tradición hegemónica del pensamiento político occidental ha estado impregnada de dos conceptos aparentemente antitéticos pero profundamente convergentes: por un lado, la noción de Aeternitas —la percepción de un orden eterno, inmutable y superior— y, por otro, su encarnación política concreta, Aeternitas Imperii, la creencia de que un determinado imperio —sus instituciones, su doctrina y su hegemonía— posee una duración infinita. Los emperadores romanos tallaban en sus bustos las inscripciones SPQR como si la república-monárquica fuera un sol que nunca se pondría; más tarde, las potencias europeas del siglo XVIII y XIX aplicaron la misma lógica al capitalismo colonial. Esa auto-percepción de eternidad impulsa a las clases dominantes a concebir su posición no como un estado contingente de relaciones de fuerza históricas, sino como un destino natural del progreso humano.
Francis Fukuyama cristalizó ese impulso moderno en su famosa tesis sobre el fin de la historia: la idea de que la democracia liberal y el capitalismo no sólo constituyen la forma más avanzada de organización social, sino que marcan la culminación irreversible del desarrollo político humano. Durante un breve momento histórico, esa narrativa articuló el sentimiento de triunfo liberal tras la desintegración de la URSS: la historia, según Fukuyama, había concluido porque el capitalismo liberal había “arrasado” el espectro de alternativas sistémicas. La historia, sin embargo, no es un plano estático ni lineal; es un proceso dialéctico, conflictivo y contradictorio. Así como Aeternitas Imperii —la ilusión de imperio eterno— sucumbe ante la materialidad de las fuerzas sociales, también la tesis de Fukuyama ha muerto por la propia historia.
Todo lo sagrado se profana
La tesis que sobrevive por su rigor histórico es la de Marx, precisamente porque no parte de una ilusión de estabilidad sino de la identificación de una dinámica contradictoria inscrita en el propio corazón del capitalismo. Allí donde Fukuyama ve culminación, Marx observa movimiento; donde el liberalismo proclama orden definitivo, el materialismo histórico reconoce una forma social obligada a transformarse incesantemente para poder existir. “La burguesía no puede existir sin constantemente revolucionar los instrumentos de producción”, afirma el Manifiesto Comunista, y con ello señala un rasgo decisivo: el capitalismo no se reproduce conservando, sino destruyendo y recreando permanentemente las condiciones de su dominación. Esa revolución constante de la producción implica, al mismo tiempo, una perturbación continua de todas las relaciones sociales, una inestabilidad estructural que convierte a la crisis en un componente normal del sistema y no en una anomalía externa. Todo aquello que se presenta como fijo —instituciones, jerarquías, consensos, incluso hegemonías internacionales— está condenado a disolverse bajo la presión de la acumulación ampliada del capital.
Esta lógica no opera únicamente en el plano interno de las formaciones sociales, sino que se proyecta a escala mundial mediante el imperialismo y la exportación de capitales. Estados Unidos, en su proceso de expansión hegemónica posterior a la Segunda Guerra Mundial, encarnó de manera ejemplar esa dinámica: para asegurar su reproducción como potencia dominante, impulsó la internacionalización de la producción, la relocalización industrial, la transferencia tecnológica y la inversión masiva en infraestructura y desarrollo científico más allá de sus fronteras. China fue uno de los principales beneficiarios de ese proceso. Desde su apertura controlada a partir de fines de los años setenta, combinó inversión extranjera, planificación estatal, desarrollo industrial acelerado e inversión sostenida en investigación y desarrollo, convirtiéndose en pocas décadas en el principal polo manufacturero del planeta y, progresivamente, en una potencia tecnológica y financiera. De modo similar, Rusia, tras la restauración capitalista de los años noventa, fue integrada como proveedor energético estratégico del mercado europeo, con grandes proyectos de infraestructura —como los gasoductos Nord Stream— que reforzaban una interdependencia funcional al capital occidental.
Sin embargo, el desarrollo de estas fuerzas productivas alteró la correlación de fuerzas global. China, apoyada en una fuerte presencia del Estado y en un horizonte declarado de transición al socialismo, comenzó a disputar no solo mercados, sino reglas, instituciones y narrativas del orden mundial, promoviendo iniciativas como la Franja y la Ruta y fortaleciendo mecanismos financieros y comerciales alternativos. Simultáneamente, la respuesta de Estados Unidos a la crisis financiera global de 2008 y las posteriores sanciones contra Rusia tras 2014 y especialmente desde 2022 aceleraron la reorientación estratégica de Moscú hacia Asia, profundizando su asociación con Beijing en comercio, energía e inversión, mientras el retiro de corporaciones occidentales abrió espacios para empresas chinas y de otros Estados emergentes. Esta recomposición no se limita a la esfera económica: el agrupamiento de potencias en torno a los BRICS, ampliado recientemente con nuevas adhesiones de estados como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, apunta a reducir la dependencia del dólar y a construir estructuras económicas alternativas a las instituciones tradicionales dominadas por Washington y Bruselas.
El reordenamiento duele
En los grandes reordenamientos económicos del capitalismo, la violencia no aparece como un desvío sino como un mecanismo estructural de resolución de contradicciones. Cuando las relaciones de acumulación existentes dejan de garantizar la reproducción ampliada del capital, la política cede espacio a la fuerza, y la guerra emerge como instrumento privilegiado para destruir valor, redistribuir territorios, disciplinar a las clases trabajadoras y reconfigurar jerarquías internacionales. En ese marco, el belicismo no es una patología moral del sistema, sino su continuación por otros medios. A escala interna, esa misma lógica adopta con frecuencia formas violentas y reaccionarias: el fascismo surge históricamente como respuesta de las clases dominantes ante crisis sistémicas profundas, cuando el consenso liberal resulta insuficiente para contener el conflicto social.
La Primera Guerra Mundial fue la expresión más acabada de un reordenamiento territorial entre imperialismos rivales. Las potencias europeas, en pleno auge de la fase monopolista del capitalismo, chocaron por colonias, rutas comerciales, materias primas y zonas de influencia. No se trató de una guerra “nacional”, sino de una guerra interimperialista, en la que cada bloque buscó redefinir el reparto del mundo en función de sus necesidades de acumulación. La carnicería de 1914–1918 no resolvió las contradicciones de fondo, pero sí modificó violentamente el mapa político, sentando las bases de nuevas tensiones y de una crisis aún más profunda.
La Segunda Guerra Mundial respondió a una lógica distinta, aunque igualmente estructural. El desplome financiero de 1929 marcó el agotamiento del ciclo de acumulación precedente y desató una crisis general del capitalismo. En ese contexto, el fascismo en Alemania, Italia y Japón no fue una anomalía ideológica, sino una forma extrema de reorganización capitalista, orientada a destruir al movimiento obrero, centralizar el capital y relanzar la expansión mediante la guerra. La conflagración mundial funcionó como un reordenamiento financiero y productivo: la destrucción masiva de fuerzas productivas, combinada con la victoria del bloque encabezado por Estados Unidos, permitió reconfigurar el sistema monetario internacional, consolidar el dólar como moneda de referencia y establecer nuevas instituciones de gobernanza económica al servicio del capital estadounidense.
Aquí radica una diferencia decisiva con el escenario actual. Hasta 1945, el sistema mundial estaba compuesto por múltiples imperialismos en pugna, relativamente equivalentes en su capacidad de proyección. La posguerra inauguró, en cambio, una forma inédita de dominación: Estados Unidos logró subordinar a los antiguos imperialismos europeos, integrándolos en un esquema jerárquico en el que actuaban como aliados menores o vasallos, mientras se presentaba a sí mismo como garante del “orden internacional”. Desde una lectura leninista, no desapareció el imperialismo; se concentró. La hegemonía estadounidense combinó poder financiero, control tecnológico, supremacía militar y una red institucional global que aseguraba la reproducción de su dominio.
Esa hegemonía no se ejerce solo mediante los Estados, sino a través de tentáculos financieros transnacionales. Fondos como BlackRock y Vanguard encarnan una forma avanzada de centralización del capital, con participaciones decisivas en sectores estratégicos, empresas clave y cadenas de valor a escala planetaria. A ello se suma una arquitectura militar sin precedentes históricos: más de 800 bases distribuidas por todo el mundo, capaces de intervenir, presionar o desestabilizar cualquier proceso que cuestione la primacía estadounidense. La guerra, en este esquema, no es excepcional; es una herramienta permanente de administración del orden global.
Sin embargo, la crisis actual no reproduce mecánicamente las del pasado. El reordenamiento en curso ya no es, en sentido clásico, una disputa entre imperialismos equivalentes por un nuevo reparto del mundo. Es, cada vez más, el enfrentamiento entre un imperialismo en decadencia relativa, que se resiste a perder su posición dominante, y una constelación heterogénea de pueblos, Estados y procesos que buscan romper —en distintos grados y con distintas estrategias— la subordinación económica, financiera y política. La violencia creciente, el retorno de la guerra como horizonte estructural y la proliferación del fascismo no expresan fortaleza, sino crisis. Y como enseña la historia del capitalismo, cuando la dominación ya no puede sostenerse mediante la integración y el consenso, intenta hacerlo mediante la fuerza.
El imperialismo se saca la máscara
En la coyuntura actual, la escena de reordenamiento que describíamos a nivel estructural adquiere una manifestación explícita y cruda bajo la actual administración de Estados Unidos. Desde el ascenso de Donald Trump al poder en 2025, se abrió un capítulo de reajuste agresivo de prioridades geopolíticas y económicas que ilustra cómo, cuando el imperialismo dominante enfrenta su propia crisis de legitimidad y acumulación, recurre a la fuerza y a la redefinición unilateral de reglas del juego. Esta dinámica no es un simple volantazo táctico, sino la expresión contemporánea de una lógica que Lenin articuló al definir el imperialismo como la fase del capitalismo monopolista en la que los grandes capitales fusionan con el aparato estatal y militar para asegurar mercados, recursos y posición hegemónica a escala mundial.
Una de las primeras señales de este reordenamiento fue la pausa y reconfiguración masiva de la ayuda exterior estadounidense: con el inicio del mandato, Trump firmó la Executive Order 14169, una orden ejecutiva que suspendió por 90 días la mayor parte de la asistencia internacional gestionada por USAID, dejando en suspenso programas de salud, educación y desarrollo y trasladando prerrogativas enteras hacia prioridades de seguridad nacional y militarizadas. La agencia de cooperación quedó prácticamente desmantelada como instrumento de diplomacia suave, marcando un quiebre respecto a la política exterior tradicional de Estados Unidos y orientando la ayuda hacia fines estratégicos específicos en lugar de cooperación amplia.
En el plano geopolítico, Trump también impulsó intentos de negociación sobre el conflicto en Ucrania que entendían el conflicto no tanto como una cuestión de equilibrios europeos sino de recalibración de la preeminencia estadounidense frente a Rusia. Esto incluyó propuestas de conversaciones directas con Moscú que, sin embargo, fueron rechazadas por Kiev y sus aliados europeos.
En paralelo con esta tensión euro-asiática, el repliegue estadounidense de Afganistán se consolidó no como una rendición ingenua sino como parte de una reorientación de fuerzas hacia teatros de importancia estratégica directa para los intereses de Washington, liberando recursos para concentrarlos en otras regiones que percibe como prioritarias para su seguridad y acumulación de poder.
Las tensiones más agudas, sin embargo, se despliegan en el propio hemisferio occidental. Bajo la administración Trump, la política hacia América Latina ha sido reconfigurada explícitamente en documentos estratégicos de seguridad nacional que sitúan a la región como un foco esencial de “seguridad e intereses vitales” de Estados Unidos. La apropiación de narrativa de seguridad ha justificado, según este marco, acciones que van desde presiones económicas e intervención diplomática hasta el uso directo de la fuerza.
Este giro explica la intervención de la administración Trump en los procesos electorales de Argentina, Chile y Honduras, que no asumió necesariamente la forma de una injerencia directa, pero sí de un conjunto de presiones políticas, económicas y diplomáticas orientadas a condicionar los resultados y, sobre todo, los márgenes de acción de los gobiernos electos. En Argentina, el respaldo a programas de ajuste, la centralidad del vínculo con el FMI y los mensajes explícitos sobre “confianza de los mercados” funcionaron como un mecanismo de alineamiento previo, donde la amenaza de aislamiento financiero operó como factor de disciplinamiento. En Chile, la insistencia en la estabilidad institucional y la seguridad económica actuó como límite externo al debate político, señalando qué transformaciones eran tolerables y cuáles no dentro del marco del modelo heredado. En Honduras, en cambio, la presión fue más evidente: la cooperación en seguridad, el reconocimiento internacional y el peso de la experiencia del golpe de 2009 configuraron un escenario electoral formalmente soberano, pero estrechamente vigilado. En los tres casos, el objetivo fue el mismo: asegurar gobiernos previsibles y funcionales a la estrategia regional de Estados Unidos, reduciendo la política a una administración sin sobresaltos del orden existente.
Y también, en ese mismo marco debe entenderse como se materializó de forma aguda, el 2 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una agresión militar directa conocida como Operación Resolución Absoluta, que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas clave de Venezuela, dejando más de cien muertos, y el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. El propio gobierno estadounidense declaró su intención de gestionar la producción petrolera venezolana y supervisar las ventas de su crudo a escala global, señalando sin ambages que la explotación de recursos estratégicos pasa por encima de los principios de soberanía.
Aun cuando existió una respuesta internacional que subrayó la violación del derecho internacional y la imposibilidad de imponer soluciones desde el exterior, sectores del poder estadounidense han defendido públicamente estas medidas como necesarias para la seguridad hemisférica y para “asegurar estabilidad”. Los recientes debates legislativos en el Senado para limitar el uso de poder militar sin autorización del Congreso ilustran, además, una tensión interna sobre el alcance de la política exterior impulsada desde la Casa Blanca.
Las amenazas explícitas contra países como México, Cuba y Colombia, incluidas la posibilidad de “ataques terrestres” o de ampliar operaciones militares en sus territorios bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, no son meras declaraciones aisladas: forman parte de un marco discursivo e institucional que reubica a la región como escenario de intervención directa y competencia estratégica, subordinando procesos soberanos a la lógica de aseguramiento de intereses norteamericanos.
Este escenario nos sitúa frente a un punto de inflexión: ya no se trata simplemente de manejar tensiones entre imperios —como era común en la primera mitad del siglo XX—, sino de la gestión de un orden global en el que el imperialismo norteamericano, en crisis de acumulación y legitimidad, intenta detener su declive imponiendo su voluntad sobre pueblos subordinados que, en muchos casos, buscan justamente independizar sus estructuras económicas, políticas y sociales del dominio externo. Este choque no es una simple disputa geopolítica; es el choque de una contradicción entre el imperialismo en descomposición y una multiplicidad de procesos emancipadores que pugnan por recuperar soberanía y autodeterminación.
Uruguay: ¿qué tan neutra es la neutralidad?
Las declaraciones de Yamandú Orsi, frente a la situación en Venezuela no solo resultan políticamente inconsistentes, sino que rozan la banalización irresponsable de un conflicto de extrema gravedad. En su intento por ocupar una posición de aparente “equilibrio”, Orsi terminó encadenando afirmaciones confusas, con alusiones desproporcionadas a escenarios de escalada bélica global —incluyendo referencias a armamento “atómico”— que no aportan comprensión ni prudencia, sino ruido y desorientación. Esa retórica errática, más cercana al gesto vacío que al análisis político, no expresa neutralidad sino vaciamiento: cuando se elude nombrar al agresor y se diluye la relación de fuerzas real, el resultado no es moderación sino alineamiento pasivo con el poder dominante. Desde una perspectiva de izquierda, no se trata solo de un problema de forma, sino de contenido: un gobierno que no es capaz de sostener una posición clara frente a una agresión imperial termina naturalizándola, y al hacerlo abdica de cualquier pretensión de política exterior soberana.
Sin embargo, ese discurso diplomático de “equilibrio” choca frontalmente con la práctica del propio gobierno en el terreno nacional y regional. Mientras se pronuncia retóricamente contra la intervención militar externa, el Ejecutivo uruguayo ha abierto las puertas a proyectos que entregan los recursos naturales y estratégicos a intereses privados y transnacionales. La autorización de exploraciones petroleras en aguas profundas de la costa uruguaya por parte del Ministerio de Ambiente, que ha otorgado permisos a empresas como APA, PGS, CGG y Searcher para realizar estudios sísmicos en bloques offshore, moviliza a organizaciones civiles que reclaman la protección del ecosistema marino frente a la posible llegada de petroleras a nuestros mares.
De manera paralela, la gestión de Orsi ha promovido la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú con la empresa HIF Global, la cual, pese a generar miles de millones en inversiones prometidas y empleo, ha suscitado oposición local y regional por sus impactos ambientales y su primacía de lógica extractivista sobre las necesidades de comunidades y ecosistemas. Esta orientación extractivista se inserta en un modelo de desarrollo que prioriza la captación de capital y recursos en función de la rentabilidad internacional, antes que la gestión soberana y autóctona de nuestros bienes comunes.
En lo laboral, el gobierno no ha estado a la altura de las demandas sociales. Los conflictos crecientes, como la huelga de hambre de trabajadores de empresas como Claldy, que reclamaban condiciones dignas ante la ausencia de respuestas eficaces de las autoridades, ponen de manifiesto la incapacidad —o falta de voluntad política— de atender las necesidades fundamentales de los trabajadores en un país con tensiones económicas y sociales latentes.
Frente a este panorama concreto, la retórica de Orsi sobre la soberanía y la no intervención suena a lo que es: una versión domesticada del discurso diplomático tradicional, que evita abordar estructuralmente las causas profundas de la subordinación económica, la concentración de recursos y las crisis sociales. En lugar de cuestionar las políticas imperiales que afectan a nuestros vecinos, el gobierno uruguayo parece más preocupado por no incomodar a los grandes capitales que hoy buscan expandirse en sectores estratégicos de la economía nacional, desde energías hasta hidrocarburos.
Contrastando con el gobierno venezolano, que ha defendido sus recursos estratégicos en un contexto de agresión internacional continua, promoviendo formas de organización popular, proyectos comunales y participación directa de millones de ciudadanos en comités de defensa integral y soberanía alimentaria, el Ejecutivo uruguayo debería lavarse la boca antes de cuestionar a quienes realmente han enfrentado presiones geopolíticas concretas. Venezuela ha buscado sostener su independencia económica y política en condiciones extremadamente adversas, con un modelo de participación popular que ha movilizado a millones en la defensa de sus proyectos nacionales, mientras que en Uruguay las grandes decisiones siguen dejando el aprovechamiento de recursos y la dirección de la economía en manos de intereses corporativos y capitales foráneos —un contraste que dice mucho sobre dónde realmente reside la soberanía y para quién gobierna cada administración.
El contraste entre estas posiciones y el Frente Amplio fundacional es evidente y difícil de disimular. El Frente Amplio nació, en 1971, como una fuerza política que identificaba con claridad los problemas estructurales del país: la dependencia económica, el poder de la oligarquía nacional y la subordinación al imperialismo. La Carta Fundacional y las 30 Medidas de Gobierno expresaban esa orientación sin ambigüedades: defensa de los recursos nacionales, control público de áreas estratégicas, política exterior independiente y solidaridad activa con los pueblos agredidos. No había allí lugar para equidistancias ni para discursos vacíos en nombre de una falsa moderación.
Esa línea política no era solo programática, sino también ética. Dirigentes como Rodney Arismendi, Alba Roballo o Zelmar Michelini asumieron que la soberanía no se declama, se ejerce, y que frente a la presión imperial no caben posiciones confusas. Arismendi fue claro al señalar la inserción dependiente de Uruguay en el sistema capitalista mundial.
Comparado con ese legado, el discurso actual del gobierno resulta pobre y desdibujado. No por falta de referencias históricas, sino por falta de decisión política. Lo que antes era una fuerza que hablaba de soberanía, antiimperialismo y defensa de los intereses populares, hoy aparece reducida a declaraciones que evitan el conflicto, aun cuando ese conflicto involucra la agresión directa a un pueblo hermano. El problema no es la prudencia, sino el abandono de principios que dieron origen al propio Frente Amplio.
La tarea de la izquierda uruguaya es recomponer el Frente Amplio, volviendo a levantar con claridad las banderas antiimperialistas y antioligárquicas que le dieron origen. No se trata de romper ni de fundar algo nuevo, sino de disputar orientación política y sentido dentro de una herramienta que hoy aparece desdibujada. Sin esa recomposición, el Frente Amplio corre el riesgo de quedar reducido a una gestión prolija del orden existente, sin proyecto propio.
En ese camino, la conformación de una Coordinación Antiimperialista puede ser útil si sirve para ordenar posiciones y acciones concretas. Articular iniciativas en solidaridad con Venezuela y Palestina permitiría intervenir en debates donde hoy domina un relato simplificado y alineado con las potencias occidentales, en particular el antichavismo acrítico. No se trata de consignas vacías, sino de construir argumentos, presencia pública y acción política que disputen sentido común.
Al mismo tiempo, una coordinación de este tipo debería apuntar a incidir sobre el propio gobierno del Frente Amplio, exigiendo coherencia entre el discurso histórico del proyecto nacional y las posiciones que hoy se asumen en política exterior y en la gestión de los recursos estratégicos. Sin presión organizada desde la izquierda, esas definiciones seguirán resolviéndose hacia la comodidad y la adaptación. La recomposición del Frente Amplio no vendrá desde arriba: será el resultado de una disputa política concreta, sostenida y sin ambigüedades.
Cuando caiga la moneda
“La moneda está en el aire”, el título de este artículo alude a una situación histórica abierta. La fase actual del capitalismo imperialista ha roto la ilusión de eternidad que durante décadas se presentó como sentido común: ya no hay una única trayectoria posible ni un orden garantizado. Esa apertura no asegura resultados progresivos por sí misma; habilita escenarios contradictorios, regresivos o emancipatorios. Lo que antes aparecía cerrado —la idea de que el imperialismo era un dato permanente e inmodificable— hoy vuelve a ser objeto de disputa.
En ese marco, el factor decisivo no será la voluntad de las potencias, sino la acción de los pueblos. La historia no se resuelve sola ni premia automáticamente a quienes resisten: exige organización, claridad política y unidad en la diversidad. Si este reordenamiento en curso ha de dejarnos mejor parados, dependerá de nuestra capacidad para leer el momento, construir fuerza colectiva y disputar orientación. La moneda aún no cayó. Cuando lo haga, el resultado no será azaroso: será la expresión concreta de lo que hayamos sido capaces de hacer en este tiempo incierto.